El Gobierno el pasado 31 de octubre anunció la expropiación, ocupación y fiscalización de 35 desarrollos habitacionales a escala nacional, y aunque no ha publicado las medidas, mediante oficios ejecuta las acciones.Este miércoles los registros subalternos recibieron la notificación de prohibir a un grupo de constructoras de los complejos habitacionales cualquier enajenación (venta).
En la notificación se le indica a los registros que es necesario remitir las copias certificadas de los bienes muebles e inmuebles, acciones, derechos, créditos y obligaciones de las empresas.
La medida de prohibición de enajenación por ahora pesa sobre 15 constructoras.
Esa acción, según representantes del sector construcción, genera más incertidumbre, debido a que no se detalla el alcance, no se especifican los bienes que no podrán ser vendidos o gravados. Expresan que se desconoce si la medida afecta solo los desarrollos sobre los cuales se están ejecutando las acciones o si abarca otras obras.
Por capítulos
El Presidente Hugo Chávez Frías hace dos semanas indicó que se procedería a la expropiación de seis desarrollos habitacionales, a la ocupación temporal de ocho complejos y la fiscalización de 19 de obras.
Las autoridades posteriormente expresaron que las acciones estaban dirigidas a las constructoras y no a las viviendas, sin embargo, las resoluciones no se han publicado en la Gaceta Oficial.
Hasta los momentos se han aplicado dos acciones. El lunes 1 de noviembre, el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (Banavih) exhortó que a las instituciones financieras a suspender las protocolizaciones (firmas antes los registros), de manera que las familias con viviendas en esos desarrollos todavía no pueden recibir los documentos, y ayer se establecieron las prohibiciones de venta a un grupo de constructoras.
Estas acciones también están afectando al sector bancario. Fuentes financieras, señalan que pese a la suspensión de la protocolización, los préstamos para las compras de las unidades se han seguido aprobando, pero apuntan que existen interrogantes vinculadas con los tratamientos que tendrán los financiamientos otorgados a las constructoras y la situación de las hipotecas de los terrenos.
Las autoridades financieras en materia de vivienda no han dado mayor información. De hecho en la notificación enviada a las bancos indican que la firma de documentos se detiene hasta la espera de nuevas acciones.
Las familias que tienen sus viviendas en los desarrollos habitacionales que se encuentran ocupados temporalmente, ya han señalado que en manos del Indepabis está la redacción de los documentos para proceder a la protocolización. Los financiamientos serían otorgados por las instituciones financieras estatales.
El pasado domingo el Vicepresidente Elías Jaua, expresó que el Ejecutivo Nacional se encuentra diseñando un plan para atender a los compradores de las unidades habitacionales afectadas, y comentó que las viviendas terminadas serán entregadas de manera inmediata y agregó que con las familias que ya habitan los complejos se efectuará una renegociación.
A juicio del funcionario se requieren revisar los enredos jurídicos que existen en los contratos, y entre los puntos a evaluar están los precios.
El Universal
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