El mercado no refleja éxito de la política de rescate de tierras

El Plan de Ganadería Nacional que ejecutará el MAT prevé financiamiento a pequeños productores para mejorar la infraestructura de las fincas

Las medidas de rescate de tierras que desde hace unos diez años viene aplicando el Gobierno nacional han estado orientadas, según han manifestado los voceros oficiales de turno, a incrementar la producción tanto de carne como de leche, bajo la premisa de garantizar la seguridad alimentaria. 

Ese es el mismo argumento en el que se basa la "nacionalización" de las 290 mil hectáreas de la empresa británica Agropecuaria Flora (Agroflora), que maneja un rebaño de 130.000 animales, según cifras de la empresa en su página Web. A esta firma ya le habían expropiado otros dos hatos con un promedio de 7.000 animales en cada uno. 

El Gobierno nacional ha intervenido 3,5 millones de hectáreas en todo el país desde la promulgación de la Ley de Tierras en 2001, según cifras oficiales, de las cuales la mayoría están concentradas en zonas ganaderas. Este monto no incluye las hectáreas de Agroflora, ni las 32 fincas "rescatadas" en Santa Bárbara del Zulia, ni las 25 fincas (15.800 hectáreas) expropiadas el 12 de octubre en Machiques; ni considera las 12.000 hectáreas de Smurfit Kappa; ni las 580 hectáreas a rescatar en el Valle de Quíbor. 

Los resultados de esta política de "rescate de tierras" no lucen palpables en el mercado nacional. Aunque el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, asegura que tanto el rebaño como la producción de carne se han incrementado significativamente, la realidad es que ambos productos escasean en los anaqueles de los comercios nacionales. 

Actualmente el mercado evidencia un faltante importante en la oferta de carne de res al consumidor, originado fundamentalmente por la insuficiencia de los precios que hace inviable las importaciones que abastecen el 52% del mercado; y por la incapacidad del aparato productivo nacional, que ha perdido impulso a causa de las políticas del Estado. 

Lo mismo ocurre con el abastecimiento de leche. En dos de las zonas de mayor producción: Santa Bárbara y Machiques de Perijá, en Zulia, el ordeño ha caído en promedio entre 50% y 60% por las intervenciones de fincas productivas, más la incidencia del clima, según cifras de los gremios ganaderos. 

En contraste 

Manuel Cipriano Heredia, presidente de Fedenaga, difiere de los balances de producción de leche que ha ofrecido el ministro Loyo, de que el ordeño nacional ha crecido 53%. 

"Desconocemos las cifras oficiales porque desde 2009 el MAT no ofrece estadísticas, pero no es posible que si el consumo per cápita de leche estaba en 70 litros en 2009, hoy esté en 115 litros per cápita porque los ciclos de reproducción no evidencian ese resultado. El ciclo biológico no se puede alterar y esos resultados se ven de cuatro a cinco años, dependiendo de la eficiencia del productor", apuntó Heredia. 

Citó un estudio sobre la producción de leche realizado por la Universidad de los Andes (ULA), el cual destaca que de 1988 la producción bajó de 1.744 millones de litros a 1.470 millones en 2009, "lo que evidencia que la producción ha venido decreciendo". 

En este escenario, el ministro Juan Carlos Loyo anuncia un nuevo plan para impulsar la ganadería en Venezuela: se trata de un plan de financiamiento dirigido a pequeños y medianos productores para que mejoren la infraestructura de las fincas. 

Asimismo, prevé que en un año superarán entre 30% y 40% los 130.000 animales que tiene actualmente Agroflora 

Fedenaga informó que acudirán a la Confederación Interamericana de Ganaderos para denunciar tanto el caso de Agroflora como las expropiaciones al sector.

El Universal

Gobierno admite falta de fondos de inversión en electricidad

Las prioridades son elevar la producción de energía eléctrica, la expansión y adaptación del sistema de transmisión y distribución 

Aun cuando el Gobierno ha afirmado en reiteradas ocasiones que se está superando la crisis eléctrica en el país porque se ha actuado en todos los ámbitos necesarios, al momento de rendir cuentas acerca de su gestión las autoridades muestran un escenario diferente.

"La modernización del sector de energía eléctrica ha sido difícil debido a la insuficiencia en transmisión, la ineficiencia en plantas y equipos y la falta de fondos de inversión", se lee en el memorando de la República, de agosto pasado, que acompañó el cierre de la emisión del bono 2031.

Algo similar se observa en el proyecto de Ley de Especial de Endeudamiento de 2012, donde se destaca que el registro de un repunte excesivo en el consumo de electricidad, en 2011, obligó al Ejecutivo a adoptar estrategias para el uso racional y eficiente de la energía, "pues a pesar de las importantes inversiones realizadas por el Gobierno para incrementar la oferta, no se pudo satisfacer el crecimiento de la demanda".

En las estimaciones oficiales está claro que para poder hacer frente a la situación en el sector eléctrico se requiere de la inyección de 35 mil millones de dólares hasta el año 2015 para atender la demanda de los próximos 10 años.

Para ese lapso se tienen definidos 150 proyectos para mejorar el sistema de transmisión de electricidad.

Las cifras

La demanda de energía eléctrica en Venezuela disminuyó en un 3,4% en 2010, en comparación con 2009. De hecho, se pasó de 17.046 Megavatios (Mw) a 16,755 Mw. Esto se logró con el decreto de emergencia eléctrica que, entre otros efectos, mermó la producción en las empresas básicas de Guayana.

El citado informe indica además que durante 2010 Corpoelec alcanzó una capacidad de producción máxima de 24.801 Mw, lo que muestra un incremento del 5,6%a partir de 2009.

No obstante, la oferta fue superada por la demanda en 2011.

Apunta que el Gobierno se comprometió a elevar la capacidad a 32.000 Mw para 2011 como parte del plan para llegar a 34.055 Mw en el año 2015.

El Ejecutivo sostiene que 92% de ese aumento será por las nuevas centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, y el 8% restante será por la actualización de las redes de transmisión.

En los planes

En 2010 se reporta la inversión de 5,1 millardos de dólares, principalmente en actividades de generación eléctrica, específicamente para las cuales se destinaron 2,2 millardos de dólares el año pasado.

El resto de la inversión se repartió así: 655 millones de dólares, 13% del total, en las líneas de transmisión de energía; 16%, unos 824 millones de dólares, en distribución y el 29% restante, 1,5 millardos de dólares, en otras actividades relacionadas con el sector.

Para 2012 se contemplan 4,2 millardos de bolívares para seguir adelante con las obras del área eléctrica.

"Se continuará avanzando en el incremento de la producción de energía eléctrica, la expansión y adaptación del sistema de transmisión y distribución, promoción del uso racional y eficiente de la energía, continuidad de los programas de inversiones que permitan satisfacer el consumo actual y los incrementos esperados en la demanda a nivel industrial, doméstico, actividades comerciales y nuevos centros de educación", reseña la Exposición de Motivos del Presupuesto de 2012.

Por la vía de la Ley Especial de Endeudamiento se contemplan recursos por 1,8 millardos para la planta Termozulia III, unos 995 millones de bolívares para la hidroeléctrica Tocoma, 812 millones para la rehabilitar las unidades 1 a 6 de la casa de máquina I de Guri, otros 259 millones para la construcción de subestaciones en la zona urbana de Maracaibo y 285 millones para el fortalecimiento y desarrollo de Corpoelec.

El Universal

Las ventas de alimentos cayeron 3,71% durante septiembre

Sólo seis de los 19 rubros que monitorea Cavidea registraron alzas en las ventas. Destaca el azúcar con repunte de 29,25% 

Las ventas de alimentos registran resultados negativos por séptimo mes consecutivo. La encuesta Tendencia de septiembre que realiza la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) revela que en un mes las toneladas vendidas se contrajeron en 3,71%.

El informe reporta que entre septiembre de 2011 versus el mismo mes de 2010 cayeron las ventas en 12 rubros básicos: arroz, pastas, avena, leche pasteurizada, leche en polvo, sardina, embutidos, atún, aceites, margarina, mayonesa y salsa de tomate. 

El estudio mide un total de 19 productos de la cesta básica, de los cuales las empresas de dos categorías no respondieron la encuesta. 

Según los resultados, las ventas de derivados de las grasas fueron las más afectadas. En el caso del aceite las toneladas vendidas disminuyeron 28,87% en septiembre, mientras que la margarina bajó 13%. Atún y pastas disminuyeron 14,52% y 10,22% respectivamente; mientras que las ventas de leche en polvo bajaron 6,60%. 

El azúcar evidenció un notable repunte de 29,25% en las ventas, mientras que las de harina de maíz y de trigo, pollo y huevos también repuntaron notablemente el mes pasado. 

En cuanto al comportamiento de las ventas de alimentos entre enero y septiembre de 2011 con respecto a igual período de 2010, en la citada encuesta se evidencia el mismo escenario: disminuyeron las de 11 productos básicos, y repuntaron otros seis. 

A la baja 

El índice de Cavidea que mide el comportamiento de los alimentos controlados revela que desde marzo de este año las ventas han bajado progresivamente hasta septiembre. 

En enero y febrero las ventas registraron leve alza de 0,84% y 0,12%. En marzo la disminución fue de 0,11%; en junio la caída fue de 2,36%, en agosto de 2,55% hasta caer 3,71% en septiembre. 

Diversos factores han afectado la colocación de productos en el mercado, pero el control de precios es el que más ha dificultado la producción de alimentos. 

Los precios regulados no cubren los costos de producción y en el caso de las materias primas importadas ni siquiera permiten cubrir los gastos de importación de esos insumos. 

Justamente los productos que reportan disminución en sus ventas son los que se encuentran afectados por esta situación. Tal es el caso de las grasas, los lácteos y la harina de maíz precocidad. 

El Universal

Invasiones y rescate de tierras cercan producción en Machiques.

La producción pecuaria en Machiques de Perijá ha estado amenazada por las invasiones de tierras por parte de miembros de la etnia Yukpa, quienes se apoderan de las fincas en producción, acaban con el ganado, talan los árboles, parcelan las tierras y, en algunos casos hasta las venden a terceros. En la vía Machiques-Tokuko se observan los ranchos levantados por los indígenas en tierras que eran privadas. Recientemente se "rescataron" otras 25 fincas productivas para entregarlas a Yukpas.

La medida de rescate de tierras aplicada el pasado 12 de octubre sobre 25 fincas en el municipio Machiques de Perijá (estado Zulia), para ser entregadas a la comunidad indígena Yukpa, abarca directamente 15.800 hectáreas y pone en riesgo la producción de 26.000 litros de leche diarios así como de unas 20.905 cabezas de ganado. 

Pero la medida de rescate que ejerce el Instituto Nacional de Tierras (INTI) en esos 25 predios tiene alcance sobre un total de 40 unidades de producción y 500 pequeños productores que quedaron afectados de forma indirecta con esa acción del Estado. 

Tal es el caso de las fincas Maraca, Maraquita, Medellín; Guariompa, Aguas Calientes, El Conuco, La Alcancía y San Francisco, las cuales están rodeadas por otras fincas que ya fueron invadidas y están en posesión de los Yukpas y por los fundos rescatados el 12 de octubre y que serán entregados el próximo 15 de diciembre a la comunidad indígena. 

Los propietarios de estas unidades de producción están solicitando al INTI que los incluya en la medida de rescate de tierras, para que posteriormente les cancelen su patrimonio y puedan comprar en otro sector y seguir dedicándose a la actividad pecuaria. 

Los productores que se encuentran en esta situación señalan que tanto sus bienes como la seguridad personal de ellos y sus familias queda en riesgo, pues al vivir rodeados por la comunidad indígena se exponen a robos, saqueos e incluso amenazas de muerte, como ha sucedido en los últimos años. 

No es la primera vez que los organismos del Estado venezolano afectan tierras destinadas a la producción de carne y leche en esa región para entregárselas a las comunidades indígenas. En 2008, la comisión Nacional de Demarcación definió una poligonal para delimitar el territorio para las comunidades y pueblos indígenas. En ese entonces se demarcó y tituló más de 41.000 hectáreas para las comunidades Shirapta, Aroy y Tinakoa. 

Entre 2001 y 2009 miembros de la etnia Yukpa se dedicaron a la invasión de fincas privadas afectando 10 unidades que en ese momento se encontraban en plena producción -Hacienda Maracay que fue parcelada y vendida a terceros; Hacienda Tizina que fue tomada dos oportunidades y las haciendas Ceilán, La Gran China, Paja Chiquita, Medellín, Kusare, Brasil y Playa Bonita-, las cuales fueron desmanteladas y hoy se encuentran improductivas. 

Con las invasiones a fincas en la Sierra de Perijá se afectó tanto la producción de carne como de leche. Entre 2003 y 2004, los productores de la región arrimaban un promedio de 200.000 litros de leche diarios a las plantas procesadoras de leche, y actualmente el arrime está en el orden de los 40.000 litros diarios, una reducción de 80% en ocho años. 

Miguel Rincón, presidente de la Asociación de Ganaderos de Machiques (Gadema), explicó que la medida sobre 25 fincas productivas en Machiques no es un proceso de demarcación sino un rescate de tierra, que incluso toma una finca que está fuera de la zona de demarcación. Además afirma que la acción de rescate del INTI es ilegal y contradice los procesos establecidos en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci) para la demarcación del territorio. 

Asimismo, asegura que no hubo criterio para la selección de las fincas sino que las unidades de producción que resultaron afectadas por la medida fueron solicitadas por el Cacique Jesús Terán, de la comunidad Yukpa, "a dedo y de forma estratégica", quien posteriormente entregó la lista al Ministerio para los Pueblos Indígenas y al INTI. 

"Están señaladas estratégicamente para encerrar otras unidades de producción. Por ejemplo, Hacienda Rancho Grande y Hacienda Rancho Alegre están en la medida, y a su alrededor quedan afectadas Hacienda Medellín, Maraquita y otras en esa zona que colinda con las comunidades Yukpas. Los indígenas en su tradicionalidad, que no es ganadera, se comen los animales que están en producción, deforestan la zona y crean un problema de producción y de convivencia". 

Entre esas fincas que serán rescatadas, se incluyeron las 10 unidades de producción que fueron invadidas entre 2001 y 2009. Incluso se incorporaron dos que ya fueron parcelas y vendidas por Yukpas a terceros. 

Los propietarios que son objetos de la medida, y que están en posesión de sus fincas, aseguran que no abandonaran sus propiedades hasta tanto el Estado les pague de forma justa y oportuna el valor de las bienhechurías. 

Entre tanto, el Instituto Nacional de Tierras estuvo la semana pasada realizando las inspecciones técnicas en los predios "rescatados" para proceder con los avalúos de las 25 fincas en Machiques. 

1. Hacienda El Rincón 

El Rincón es una de las que resultó afectada con la medida de rescate. La tradición viene desde 1923 y una extensión de 400 hectáreas de las cuales 350 son tierras propias. Es una finca de doble propósito con producción de 1.500 litros de leche diarios, y genera 18 puestos de trabajo directo. Es propiedad de Héctor Trujillo, quien a sus 83 años relata que en agosto los Yukpas trataron de invadir la finca en dos oportunidades. En una de ella, los invasores vendieron la leche y el queso, se afectó el ganado e incluso perdieron animales en ese proceso. 

Explicó que cuando recuperó la finca estaba en mal estado, las vacas lecheras estaban "secas" y no había reproducción. Actualmente el ordeño está en 700 litros diarios. Trujillo dijo que se sienten tranquilos porque el vicepresidente, Elías Jaua, aseguró que pagarían, con lo cual aspiran comprar otra finca y seguir trabajando. "Hasta que no me paguen no desocupo". La finca está custodiada por el Ejército, para que no la invadan. 

2. Paja Chiquita 

Esta hacienda fue invadida por los Yukpas en 2004. Otto Chacín, propietario, señala que las instalaciones que va a inventariar el INTI no son ni la sombra de lo que fue Paja Chiquita antes de la invasión, pues fue "saqueada y deforestada". De 300 árboles que había en distintos tipos de madera no quedó ninguno. Chacín asegura que la propiedad tenía una extensión de 1.024 hectáreas, de las cuales el INTI reconoce 790 hectáreas, con lo cual le están restando parte de su patrimonio. Chacín relata que cuando lo invadieron, los indígenas le dieron 24 horas para desalojar y le tomó cinco días movilizar el ganado y sacar algunos de sus bienes. Le aseguraron que en 60 o 90 días le pagaban y ya han transcurrido siete años. Su hijo Neuro Chacín visitó al menos 10 organismos del Estado, e hizo llegar decenas de comunicaciones a funcionarios del Gobierno buscando solución a su caso. Hoy están en el lote de las 25 fincas rescatadas y espera por el justo pago. "Con lo que me den aspiro comprar así sea una finquita de 500 hectáreas para continuar trabajando". 

3. Hacienda El Paraíso 

Esta es la única unidad de producción que está fuera de la zona de demarcación. María Jesús Romero, una de las propietarias de la finca, señala que no tienen comunidades indígenas al rededor por lo que no entienden por qué están siendo objetos de la medida de rescate. Apunta que las tierras son propias y tienen certificado de desprendimiento de la Nación en 1916, es el sustento de su familia, y además tienen la certificación de finca productiva que entrega el INTI. Produce unos 1.000 litros de leche diario y tiene rebaño de 1.346 animales. Asegura que tienen derecho a la permanecía y a seguir produciendo como siempre lo han hecho. Reconoce que los funcionarios del INTI han sido receptivos con su caso y presentará los alegatos para que le levanten la medida. Incluso hay productores que están solicitando cambiar con Hacienda Paraíso para que los incluyan en la medida de rescate, porque resultaron afectados de forma indirecta. 

4. El Cedral 

Ricardo Romero es uno de los propietarios que está solicitado al INTI que incluya su finca dentro de la medida de rescate de tierra, pues quedó rodeado por fincas que están en posesión de las comunidades indígenas. "Convivir con los hermanos Yukpas no es fácil. En el tiempo que tenemos trabajando cerca de ellos hemos tenido varios tropiezos. Hay un foquito que se encarga de robar, llegan encapuchados a robar, a saquear las materas. No es lógico que sólo quede un productor dentro de los Yukpas". Aclara que no la están entregando, pero prefieren que el INTI les pague por su propiedad y reubicarse en otro sector donde puedan seguir produciendo.

El Universal

Pdvsa adeuda $121 millones a navieras por atrasos de Pdval

La demora en la devolución de los contenedores originó el compromiso

El crecimiento del Estado como importador de mercancías alteró la dinámica portuaria. A la crisis vivida por el deterioro de toneladas de alimentos compradas en el exterior, ahora se suman las deudas que acumula Pdvsa con las líneas navieras. 

Un documento elaborado por la Comisión Especial de Revisión y Registro de la deuda originada en Pdval confirma que la estatal adeuda casi 121 millones de dólares a diez navieras. Aunque la deuda inicial reclamada por las transportistas era de 303,3 millones de dólares, en el texto fechado el 1 de febrero, Pdvsa acordó cancelar 120,9 millones de dólares. 

El compromiso se originó por la demora de Pdvsa en la devolución de los contenedores a las empresas marítimas. De acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas un importador cuenta con 90 días para regresar el contenedor, pero si incumple ese lapso la naviera cobra entre 100 y 200 dólares diarios de multa por equipo. 

"Piensan que importar es comprar y traer solamente", aseguró una fuente ligada a una naviera, que prefirió reservar su identidad por temor a represalias. Incluso, aseguró que aún hoy desconocen dónde están algunos de esos equipos usados en las importaciones que Pdvsa, a través de Pdval, realizó entre 2008 y 2010. 

El propio documento de la Comisión Especial de Revisión y Registro de la deuda originada en Pdval da pistas sobre esto. En las notas sobre el pago a las transportistas hay precisiones que aluden a la presencia de contenedores en el complejo de Jose, Anzoátegui. 

"De efectuarse el primer pago a Logimar C.A antes del 28-02-2011 se generaría un descuento adicional de 6.913.796 dólares y la donación de la propiedad de 358 contenedores que se encuentran en Jose", dice una de las notas. Otra observación, ligada a la deuda con la naviera Zim Venezuela C.A indica que "al efectuarse el pago total antes del 30-03-2011 se entregarán, bajo la figura de donación, 190 contenedores que se encuentran en Jose". 

Esperando el pago 

Aunque han transcurrido más de ocho meses desde que Pdvsa se comprometió a pagar a las diez navieras, ninguna ha cobrado. "Estamos extremadamente preocupados por el ruido que ha generado esto a nivel mundial", dijo la fuente consultada. Agregó que desde las casas matrices no encuentran respuestas para el incumplimiento de Pdvsa, razón por la cual estudian diversas decisiones si persiste el impago. 

Una de las primeras reacciones que podrían tomar las empresas transportistas es la de incrementar el costo de los fletes a Venezuela, que ya son elevados por los distintos "riesgos" que las navieras ven en el sistema portuario local. "Podemos llegar de fletes de 5 mil dólares, como estamos, a fletes de 20 mil dólares". 

Según explicó, hay navieras que advierten un alto riesgo en las operaciones en Venezuela, similar al de países en guerra o al de naciones como Angola, una de las de peor desempeño portuario. 

Otra de las medidas que estudian las navieras son más extremas y pueden ir desde dejar de servir a Venezuela o acudir a tribunales internacionales para reclamar el pago de la deuda. "Cuando las curvas del beneficio y el riesgo se acercan tanto, se prenden todas las alarmas". 

Las resoluciones de las navieras podrían afectar al Gobierno nacional, que sigue impulsando las importaciones estatales, especialmente en el sector de los alimentos. 

Además de Pdvsa, el alto Gobierno está al tanto de esta situación. En cartas dirigidas al Presidente de la República, al Vicepresidente de la República y al ministro de Alimentación las empresas marítimas han alertado los riesgos y el "ruido" que se está generando internacionalmente. 

El Universal

Obama promulga hoy TLC con Colombia, Panamá y Corea del Sur

Según ha apuntado previamente la Casa Blanca, estos pactos permitirán aumentar las exportaciones de Estados Unidos en unos 13.000 millones de dólares y sustentarán cerca de 250.000 puestos de trabajo en este país.

Washington.- El presidente de Estados Unidos Barack Obama, promulga este viernes los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Colombia, Panamá y Corea del Sur que el Congreso ratificó la semana pasada. 

El mandatario estadounidense firmará hoy los tres tratados en un acto en el Despacho Oval y participará en una recepción en la Rosaleda en la Casa Blanca a la que también asistirán líderes empresariales y sindicales y trabajadores que se vayan a beneficiar de los pactos, informó Efe. 

El Congreso de Estados Unidos ratificó el pasado miércoles los tres acuerdos comerciales, pendientes desde hacía casi cinco años. 

Según ha apuntado previamente la Casa Blanca, estos pactos permitirán aumentar las exportaciones de Estados Unidos en unos 13.000 millones de dólares y sustentarán cerca de 250.000 puestos de trabajo en este país. 

El TLC con Corea del Sur es el de mayor tamaño que suscribe la nación norteamericana desde 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). 

La Casa Blanca calcula que el acuerdo con el país asiático representará un impulso de 11.000 millones de dólares a sus exportaciones y 70.000 puestos de trabajo. 

Para Colombia, el TLC, suscrito en noviembre de 2006, garantiza una desgravación total y permanente de todas sus exportaciones e incluye una extensión hasta 2013 de las preferencias arancelarias andinas. 

En el caso panameño, ese mercado representa para Estados Unidos el acceso a 3,5 millones de consumidores. En 2010, las exportaciones estadounidenses totalizaron 6.000 millones de dólares, mientras que las importaciones desde Panamá sumaron 381 millones de dólares.

El Universal

Minería venezolana agoniza por falta de inversión

A principios de 1960, un grupo de planificadores estadounidenses llegó al sureste de Venezuela para diseñar una ciudad industrial imaginándola como la “Pittsburgh del trópico”, en la confluencia de dos ríos y con vastos recursos minerales.

Sin embargo, 50 años después, Ciudad Guayana, la única urbe planificada del país, enclavada entre los ríos Orinoco y Caroní y con importantes depósitos de oro, hierro y bauxita, está muy lejos del sueño de sus diseñadores.

Sus empresas básicas, en manos del Estado y sostén de 1,6 millones de venezolanos, yacen en el olvido.

Y los críticos acusan al Gobierno del presidente socialista Hugo Chávez -que encabezó una ola de estatizaciones de vastos sectores, desde las telecomunicaciones a la electricidad- de no invertir por años, de incrementar los costos de las empresas y de convertir a compañías rentables en deficitarias.

“Todas las empresas de (metales de la región venezolana de) Guayana están en completo debacle por falta de inversión”, dijo Rubén González, secretario general del sindicato de trabajadores de Ferrominera, que extrae, procesa y exporta mineral de hierro.

Un lustro atrás, Sidor, la mayor siderúrgica de Venezuela y el Caribe, producía 4,3 millones de toneladas de acero líquido y exportaba un 35 por ciento de su producción. Tras su renacionalización en el 2008, la producción cayó en picada y en el 2010 fue de apenas 1,8 millones de toneladas, su menor nivel en 14 años.

“Este Gobierno fundió el motor de las empresas básicas. No ha sabido administrarlas, no las conocen, han dejado quebrarlas”, dijo Pablo Pérez, gobernador opositor del estado más poblado del país, Zulia, y precandidato presidencial al 2012, en una reciente visita a la zona.

El Gobierno ha culpado del bajón productivo a una severa crisis energética que lo obligó a racionar electricidad en las industrias de metales.

Pero con las lluvias de vuelta y con el agua al tope de la Represa del Guri -la tercera más grande del mundo-, que surte de energía a la mayoría del país, el Gobierno asegura que este año las empresas básicas retomarán la senda del crecimiento y pronto volverán a sus mejores niveles.

PLAN SOCIALISTA CON DINERO CHINO

Para revertir la crisis del sector, que amenaza con llevar a la quiebra a varias empresas, el Gobierno de Chávez quiere unificar los procesos productivos de las 15 empresas de metales estatales nucleadas bajo la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en un intento por ser más eficientes, y reducir los envíos al exterior, para privilegiar al mercado interno.

“La única forma para que esta empresa sea sustentable es que se integre con las transformadoras (de aluminio)”, explicó Rada Gamluch, presidente de Venalum, la mayor reductora de aluminio primario del país.

Pero, mientras llega esa transformación, que se prevé esté lista en el 2019, las empresas siguen produciendo por debajo de su capacidad instalada y el Gobierno ha optado por inyectarles unos 1.000 millones de dólares de urgencia provenientes de un crédito con China para evitar su colapso.

Aunque para muchos analistas esta inyección de recursos es sólo un “manotazo de ahogado” para salvar a un sector en decadencia, para el Gobierno es la solución definitiva.

“Estos acuerdos demuestran el compromiso que tiene el Gobierno de recuperar las empresas básicas de Guayana y de consolidar Venezuela como potencia industrial con el apoyo de los trabajadores”, dijo el ministro de Minería, José Khan.

En un nuevo avance del Estado sobre el sector minero, Chávez anunció el mes pasado la nacionalización de la industria aurífera en su intento por explotar a gran escala los grandes recursos de la zona y depender cada vez menos de su principal producto de exportación, el petróleo.

MUERTE Y DROGA

Sin embargo, para la mayoría de trabajadores, el intento de la administración de Chávez por copar los sindicatos está arrastrando consigo violencia y varios dirigentes han sufrido cárcel y atentados contra su vida en los últimos años.

Según la organización Provea, Ciudad Guayana es el lugar más peligroso del país para un obrero afiliado a un sindicato, con un promedio de 30 asesinatos por año y una tasa de desempleo de un 12 por ciento, muy por encima de la media nacional.

De acuerdo con los obreros sindicalizados, para salvaguardar su puesto de trabajo deben pagar “cupos” a los sindicatos dominados por partidarios de Chávez para poder lograr puestos de trabajo en la industria.

Aunado al deterioro de las industrias, otro problema está floreciendo en la zona, una de las de mayor biodiversidad en el mundo: la poca presencia policial atrae cada vez a más narcotraficantes que aprovechan el espacio disponible en los cargueros para enviar droga al exterior.

Y, aunque las autoridades declinaron comentar sobre el tema, los medios locales siguen informando de un aumento en los decomisos de droga.

La semana pasada, media tonelada de cocaína de alta pureza lista para ser enviada a Europa fue decomisada por la policía en la sala de máquinas de un buque anclado en el puerto de Ferrominera.

Cuatro meses antes, en el mismo terminal, se produjo uno de los mayores decomisos de droga de la historia, cuando la policía se hizo de 6,5 toneladas de cocaína que iban a ser enviadas a Europa por el río Orinoco.

“Hoy, en vez de minerales, estamos exportando droga”, dijo un trabajador que prefirió mantenerse en el anonimato.

La Patilla.com