En el sector empresarial las alarmas están encendidas. Solo en lo que va de año el Gobierno nacional ha expropiado 234 empresas, según los datos de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria)."El sector privado está sumamente deteriorado, las políticas públicas que se vienen aplicando en los últimos años han ido destruyendo progresivamente el empleo", manifestó Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria.
La estadística no incluye las intervenciones estatales en el sector agrícola, pero confirman la acentuación de la política de expropiaciones en los últimos dos años. Y es que los cálculos del gremio muestran que entre 2002 y 2008 el Estado tomó 56 empresas, pero en 2009 fueron 131 compañías, cifra que se ha duplicado en 2010.
En este sentido, el directivo aseguró que una radicalización de las políticas económicas, tal y como ha anunciado Hugo Chávez, agravará el panorama económico. "Ir a la radicalización del proceso, como se ha amenazado, lo que va a hacer es poner más complejo el clima de inversión y al final del día seguiremos pagando todos los venezolanos las consecuencias".
Fernando Morgado, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), coincidió con Larrazábal y aseveró que no ven señales de recuperación en el corto plazo.
"Nada hace pensar que las cosas mejorarán, tenemos el crudo convencimiento de que el grado de incertidumbre seguirá limitando la inversión", afirmó Morgado en el marco del "Día del comercio y los servicios", organizado por Consecomercio.
Morgado calificó como "década perdida" lo que ha ocurrido en materia económica desde 1999 hasta la fecha. Millones de hectáreas "despojadas indebidamente", el sector manufacturero "venido a menos" y la "paralización" de las industrias básicas son algunos de los aspectos que han configurado un panorama "desesperanzador".
Asimismo, instó a las autoridades a tomar medidas que permitan revertir la recesión económica, tales como la disminución de los controles, el fomento de la producción, el desmontaje del control de cambio y el respeto a la empresa privada.
"El reto es mantenernos en la defensa de las libertades económicas (...) debemos estar activados y preparados para lo peor que pueda pasar".
Acudirán al TSJ
Por su parte Noel Álvarez, presidente de Fedecámaras, confirmó que la cúpula empresarial introducirá ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de la protección de los derechos económicos el próximo 7 de diciembre. "Vamos a solicitarle al TSJ que declare si la Constitución nacional está vigente o no".
Álvarez destacó que el Gobierno nacional está "persiguiendo" al empresariado y subrayó que se viola la Carta Magna cada que vez que se utilizan las expropiaciones como sanciones a distintas compañías. "Que el TSJ se pronuncie sobre esto porque hay una serie de disposiciones que vienen siendo violadas por el Gobierno nacional".
El Universal
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