El decreto 7.700 publicado en Gaceta Oficial declara que la adquisición forzosa de los bienes "presuntamente propiedad del Grupo Agroisleña C.A. Sucesora de Enrique Fraga Alfonso", se debe es a "un oligopolio en el que el mercado de insumos agrícolas ejerce posición de dominio y competencia desleal en la producción (...) desplazando a las pequeñas y medianas empresas".Al respecto, el vicepresidente de la República, Elías Jaua, señaló a El Universal que "la nacionalización" de los activos de la empresa tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución de desmantelar los monopolios y oligopolios que existen en la economía "y avanzar hacia diversas formas de propiedad social administradas por el Estado".
Explicó que tras evaluar los elementos que han estado presionando las estructuras de costos del sector agrícola, se determinó que Agroisleña estaba cartelizando los precios e imponiendo estructuras de costos a los productores.
"La medida busca democratizar la economía, ofrecer precios justos y lograr mayores ingresos para nuestros productores. El tema recurrente en las reuniones era el aumento de los insumos", expresó Jaua.
Al pasar los activos del Grupo Agroisleña a manos del Estado, éste concentraría la mayoría del mercado de insumos agrícolas, pues a las 32 agrotiendas socialistas que ya existen se sumarían las 60 sucursales de la empresa espa- ñola, además de silos y otras instalaciones agroproductivas.
A pesar de esto, Jaua dijo que "el Estado no puede ser acusado de monopolio (u oligopolio) porque representa el interés general de la población".
Informó que los establecimientos comerciales de Agroisleña pasarán a formar parte de las Agrotiendas Socialistas.
Así, aseguró que no habrá rectificación de la medida de expropiación, puesto que considera que "no hubo ningún error".
Exhortó a los productores a no tener temor, pues el Estado garantiza el acceso oportuno a los mismos insumos que ofrecía Agroisleña.
El vicepresidente de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Braulio Álvarez, dijo a AVN que la medida está apegada a la ley y que la empresa fue notificada meses atrás de sus delitos ambientales e irregularidad en precios.
La teoría y la práctica
A juicio de los especialistas consultados, las causas por las cuales se decretó la adquisición forzosa de los activos del Grupo Agroisleña carece de consistencia legal, pues en primer lugar el ordenamiento jurídico venezolano no permite que se expropien empresas para que pasen a ser administradas por el propio Estado.
El especialista en Derecho Administrativo y profesor universitario, Luis Herrera Orellana, señala que no se puede acusar a Agroisleña de incurrir en prácticas desleales, de oligopolio, porque actualmente existen organismos encargados de velar porque no se ejecute este tipo de irregularidades, como Procompetencia e Indepabis.
Incurrir en prácticas de oligopolios o de posición de dominio no son causas de expropiación porque ninguno de los dos están tipificados como ilícitos económicos, por lo que no pueden ser causal de expropiación.
Por su parte, Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria dijo que al sector le preocupa que el Gobierno expropie empresas privadas sin cumplir con los procedimientos de Ley, como es la declaración de utilidad pública vía decreto, la sentencia de un juez y posteriormente la indemnización.
Considera que existe una Ley antimonopolio así como organismos como Procompetencia que se encargan de vigilar este tipo de prácticas, a los que el Estado pudo acudir antes del decreto de expropiación.
"Se están buscando argumentos para seguir tomando el control de empresas privadas, aumentando el control del Estado, y los venezolanos somos los que vamos a padecer las consecuencias", dijo Larrazábal.
Los antecedentes
El Estado ha aplicado anteriormente procesos de expropiación en condiciones similares a las del decreto de Agroisleña. Tales son los casos de la planta de arroz de Cargil de Venezuela; las torrefactoras Fama de América y Café Madrid acusadas de posición de dominio; los hipermercados Éxito por presunto remarcaje de precios.
A partir de la ejecución de estas medidas, el Estado se ha adjudicado buena parte de los espacios que ocupaban estas empresas en el mercado.
En el caso del café domina el mercado con 70% de la producción; en harina de maíz 48%, en azúcar 40%; y ahora con la confiscación de Agroisleña tendrá más de 70% de la distribución de insumos agrícolas.
El Universal
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