Venamcham exhorta a detener expropiaciones de empresas

Cámara señala que solo 10 afectadas han recibido sus indemnizaciones

El presidente de la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (Venamcham), Carlos Henrique Blohm, señaló, ante las medidas de expropiación ejercidas por el Gobierno, que para mejorar el clima de inversión es necesario que cesen las tomas de activos y que se respete el estado de derecho.

"Hay que detener las ocupaciones", expresó ayer durante el foro "Nueva Ley de la Actividad Aseguradora".

Blohm dijo que de 1.080 miembros de la organización, 46 tienen ocupados sus activos de manera parcial y total y solo 10 empresas han recibido compensación por parte del Estado. Agregó que los activos que requieren indemnización ascienden a $ 20 millardos.

"Todos estos procesos (expropiaciones) inciden en las inversiones. Las cifras del Banco Central ya reflejaron una contracción y seguirán cayendo (..) el mayor impacto de esta situación la tienen los trabajadores".

Para Blohm la decisión del Ejecutivo Nacional de ejercer medidas en sectores estratégicos incidirá en el deterioro de la producción. "El sector privado es más eficiente en la distribución de productos, el sector público tiene problemas".

En relación a las leyes que adelanta la Asamblea Nacional, comentó que las leyes comunales afectarán más el clima de inversión y el empleo productivo. El representante empresarial expresó: "espero que se entre en razón, pedimos diálogo".

Medida constitucional
El ministro de Ciencia y Tecnología, Ricardo Menéndez, manifestó que la medida de expropiación de Owens Illinois es constitucional y que forma parte de la lucha del Gobierno a favor de la seguridad alimentaria.

"Esto es una medida constitucional que tiene que ver con la afectación de los monopolios. 64% de los envases producidos en Venezuela provienen de Owens Illinois, y esos son para el consumo de alimentos. Si no tenemos los recipientes, es imposible pensar que pueda existir seguridad alimentaria", indicó el funcionario.

Recordó que la Constitución Nacional prohibe los monopolios "y cualquier posición de dominio".

Menéndez agregó, durante una visita a la planta de Owens Illinois en el estado Trujillo, que ayer se nombrarían las comisiones de trabajo para concretar la expropiación de la fabricante de vidrios.

Agregó que la estabilidad laboral está garantizada, al igual que los beneficios contractuales que ya han sido acordados entre la directiva actual y los trabajadores.

Por su parte, el viceministro de Ciencia y Tecnología, Yuri Pimentel, se reunió ayer con los obreros y empleados de la planta de Owens Illinois en el estado Carabobo.

Además de asegurar que se conservarán los puestos de trabajo, manifestó que la industria seguirá distribuyendo sus envases a los clientes habituales.

El dirigente sindical de esa empresa, Rigoberto Méndez, indicó que durante la asamblea con los trabajadores Pimentel les aseguró que incluso a Empresas Polar, el principal cliente de Owens Illinois, les venderán envases.

"Dios quiera que eso sea verdad", dijo Méndez, quien recordó que eliminar a Polar de la lista de compradores afectará gravemente las finanzas de la fabricante de vidrios y, por lo tanto, a los trabajadores.

Señaló que los representantes de una comisión del Ejecutivo se ha reunido con la directiva de Owens Illinois para definir los inventarios y otros aspectos relacionados con el traspaso de la empresa a manos del Estado, en el marco de la expropiación de la que fue objeto esta semana.

El Universal.

Citgo admite que su deuda limita su competitividad

La venta de activos de Citgo está contemplada si no se cumplen los pagos

La filial petrolera de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo Petroleum, se encuentra en una complicada situación financiera que la tiene arrastrando números rojos desde principios de 2009, y que además, la hace advertir a los inversionistas sobre los riesgos que debe afrontar.

Citgo indica que su deuda, que suma unos 3.500 millones de dólares, "puede tener importantes consecuencias" como la obligación de destinar importantes montos del flujo de caja al pago del servicio de su deuda, y que por lo tanto, reducirían el efectivo disponible para invertir en capital de trabajo, mejoras de capital o adquisiciones.

Asimismo, el volumen de la deuda incide en la capacidad de Citgo de enfrentarse a una caída del sector de hidrocarburos; así como la capacidad para planificar o reaccionar ante cambios en el negocio refinador.

El endeudamiento por 3.500 millones de dólares también provoca que Citgo esté en una desventaja competitiva con respecto a otros actores del mercado de hidrocarburos que tienen una deuda proporcionalmente menor.

La filial venezolana apunta que "de no ser capaces de cumplir con nuestras obligaciones de deuda, podríamos ser forzados a reestructurar o refinanciar nuestro endeudamiento, ampliar nuestro capital o vender activos".

El incumplimiento conllevaría dificultades para acceder al financiamiento.

Recompras
De la relación con Pdvsa, propietaria indirecta de 100% de las acciones de la petrolera en suelo norteamericano, Citgo advierte que un cambio en el control de sus acciones y de las garantías, requeriría que se haga una oferta de recompra de bonos de Citgo.

Y ante esa eventualidad, Citgo explica que no hay seguridad de que puedan tener suficientes fondos disponibles para comprar las notas, lo que obligaría a un refinanciamiento que tampoco es seguro que pueda completarse".

"Pésimo negocio"
Durante la tarde de ayer, el ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, manifestó a AVN que "Citgo es un pésimo negocio, con el que se nos obligó a unos acuerdos con descuentos en el precio de suministro de petróleo, además de adquirir gasolina para distribuir en más de 12.000 estaciones de combustible" en Estados Unidos.

Ramírez agregó que "vamos a revisar poco a poco todos nuestros activos y desmontar la internacionalización de Pdvsa".

El Universal

El Estado avanza en el control de la industria agroalimentaria

88% de envases que Polar utiliza son suministrados por Owens Illinois

Con el anuncio de la expropiación de la fabricante de envases de vidrio Owens Illinois, el Estado conquista otro espacio en la lucha que el Ejecutivo mantiene contra los denominados oligopolios y monopolios.

La industria estadounidense tiene una representación de 60% en el mercado nacional, de acuerdo a los datos aportados por el presidente de la Cámara Venezolana del Envase, Mauricio Caycedo. Pero dentro de ese concierto de participación algunas empresas se ven más afectadas que otras.

Empresas Polar se lleva buena parte del suministro. El presidente del Sindicato de Trabajadores Cerveceros y Refresqueros, Frank Quijada, informó que 88% de los envases de vidrio con que esa industria enfrasca sus productos proviene de Owens Illinois. Maltas, cervezas, ketchup, mermeladas, salsas y Pepsi Cola son algunos de los alimentos que dependen del surtido que envía la estadounidense, según señaló el dirigente sindical.

El 12% restante de los envases requeridos por Empresas Polar proviene de Produvisa, subsidiaria de C.A. Fábrica Nacional de Vidrios.

No es la primera empresa de empaques que expropia el Ejecutivo. Ya durante este año se habían ejecutado acciones similares sobre las industrias Envases Internacionales (cartones para envasar leche y jugos) y Alentuy (latas de aluminio).

La lista de Jaua
Bajo la premisa de la seguridad agroalimentaria, el Gobierno marcha desde finales de 2006 hacia el control de ese mercado. El proceso se inició con la toma de tierras, siguió con la compra de Lácteos Los Andes, la expropiación a Cargill de sus plantas procesadoras de arroz, intervenciones a centrales azucareras, estatizaciones de cadenas de supermercados, frigoríficos, galpones y terrenos que funcionan como depósitos de alimentos.

Por el camino estatizador también pasó Monaca, una de las grandes industrias de alimentos, así como Agroisleña, principal distribuidora de productos para el sector agrícola.

Con esas medidas el Gobierno ha pasado a controlar negocios en todos los niveles de la cadena productiva, desde la producción hasta el empaquetado, pasando por el procesamiento de los bienes e, incluso, llegando a la comercialización de los alimentos.

Recientemente el Vicepresidente de la República, Elías Jaua, informó que el Ejecutivo había definido una lista de sectores prioritarios que deben pasar a manos estatales, como parte de un plan estratégico para desmontar los oligopolios, los monopolios y los latifundios. Los anuncios los hará el Presidente Hugo Chávez.

Datos recientes de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos indican que en poder del Estado ya está 75% de la industria del café, 52% del azúcar, 48% de harina precocida de maíz, 40% de la industria arrocera y 25% de la leche.

La reciente expropiación de Agroisleña dejó al Estado con una capacidad de almacenamiento de 51%, según dijo hace poco Jaua.

Aunque voceros del tren ejecutivo han señalado que grandes empresas como Polar y Cargill deben pasar a manos estatales, el Vicepresidente dijo que "por el momento" eso no estaba planteado.

El Universal

Gobierno destinará al servicio de deuda 12% del gasto de 2011

El peso de las obligaciones en el presupuesto se están incrementando

El peso del servicio de la deuda pública en el gasto comienza a incrementarse. El aumento del endeudamiento, el cual se inició en el 2009, ya impacta en las cuentas fiscales.

El proyecto de Ley de Presupuesto de 2011, muestra que el servicio de la deuda pública interna y externa ascenderá a 25 millardos de bolívares, y esas obligaciones representarán 12,2% de la asignación. Este año el Gobierno destinó del gasto a los pagos de deuda 10,5%, lo que refleja el cambio que habrá en el próximo ejercicio.

Aunque el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, argumenta que el tamaño de la deuda pública es manejable, debido a que la participación sobre el PIB no es elevada, de todas maneras se están orientando más recursos a esos compromisos.

En el 2006 las autoridades señalaron que en ese ejercicio se rompía una tendencia, debido a que del gasto ordinario se destinarían menos fondos al servicio de deuda, con lo cual se podían orientar los ingresos a otras inversiones, y los pagos de deuda se materializarían con otros mecanismos.

Efectivamente, en ese período del gasto total se desembolsó 16% al servicio de la deuda pública, cuando en 2005 se había erogado 21%. Luego en 2007 y 2008 se orientó el 11% de la asignación, respectivamente y en 2009 se destinó el 9%.

Pero en ese período de 2009 el Ejecutivo Nacional tuvo que realizar un reajuste del presupuesto por el comportamiento de los precios del crudo, y para compensar la caída de los ingresos petroleros se incrementó la alícuota del Impuesto al Valor Agregado así como los niveles de endeudamiento.

Esa tendencia se mantuvo en el gasto de 2010, de manera que gran parte del soporte fueron fondos tributarios y deuda.

Esa decisión del Gobierno de atender los compromisos con más deuda, seguirá impactando en el futuro, debido a que en cada ejercicio fiscal se tendrán que destinar más recursos a las obligaciones.

En detalle
La propuesta de Ley de Presupuesto, señala que del servicio total de deuda pública, 14,2 millardos de bolívares se cubrirá con ingresos ordinarios y 10,7 millardos de bolívares con operaciones de crédito público.

En los pagos en detalle se observa que para la cancelación de deuda externa, el despacho de las finanzas públicas tiene programados 9,6 millardos de bolívares, y esos recursos serán solamente para la cancelación de los intereses.

A la deuda interna, cuyo saldo ha crecido, se destinarán 15,3 millardos de bolívares, de los cuales 3 millardos de bolívares serán para amortización y 12,2 millardos de bolívares para intereses. Durante la presentación del presupuesto, el titular de las finanzas, Jorge Giordani destacó que "gracias a la estrategia de acudir al mercado interno, en el 2010 las necesidades de financiamiento del Gobierno central se han cubierto en un 80% con deuda emitida en moneda local".

En el proyecto de la Ley de Endeudamiento de 2011, las autoridades notifican que para el refinanciamiento y reestructuración de deuda pública se asignarán 13,6 millardos de bolívares. Según Finanzas, "con esas operaciones se espera extender el vencimiento promedio de la deuda pública y aplanar el perfil con lo cual mejorará el riesgo de refinanciamiento".

En el texto se argumenta que "la política de endeudamiento estará dirigida a minimizar los costos, asumiendo niveles razonables de riesgo, al reordenamiento de los pasivos en pro de disminuir la concentración de los vencimientos a futuro, aprovechando los espacios financieros que pudieran darse para las colocaciones".

El Universal

Faltante de alimentos en anaqueles se ubica en 36,7%

Estudio de Cavidea revela que el consumidor ya no es fiel al punto de venta

Para los consumidores finales el hecho de no conseguir los productos en el lugar y momento en que lo buscan se traduce no sólo en mayor gasto de dinero, sino también de tiempo, debido a que buena parte de ellos acuden a otros puntos de venta para conseguirlo.

La encuesta Producto Faltante en Anaquel (PFA) 2010, realizada por la consultora GS1 Venezuela y difundida por Cavidea, señala que el 35,76% de los productos no están disponibles en el lugar habitual de exhibición dentro del piso de venta. Esto quiere decir que de los 189.237 productos que midió el estudio, 67.662 faltaban en los anaqueles.

El índice muestra una desaceleración de 3,4 puntos porcentuales en 2010, respecto a 2009 cuando 39,1% de los productos estaban ausentes.

En el caso de la cesta de alimentos, la encuesta arrojó que de los 99.513 productos medidos 36.521 no estaban disponibles, lo que significa un faltante de 36,7% de los rubros analizados, 4 puntos menos que el índice registrado en 2009.

El estudio presentado por el organismo, concluye que la disminución del marcador se debe a que "el consumidor compra menos unidades de cada producto, y cada día gasta más bolívares"; lo que se traduce en menor rotación de productos debido al incremento de los precios. También atribuye como causa la racionalización por parte del proveedor del portafolio de productos que ha centrado sus esfuerzos en aquellos que son más rentables.

El detalle de PFA por sectores arrojó que leche fluida y pulverizada (en polvo); mayonesa, embutidos, conservas de pesca, bebidas refrescantes, fórmulas infantiles y café evidencian los mayores índices de ausencia; mientras que otros productos no tan prioritarios como los helados, los cereales en hojuelas, jugos y galletas registran bajas en los anaqueles de entre 26,4% y 36,2%.

El faltante de alimentos en los anaqueles se atribuye en este estudio -que se realizó en una muestra de 26 cadenas de supermercados, 17 tiendas independientes, durante 478 visitas, 189.000 mediciones realizada y 4.514 entrevistas al consumidor- a los puntos de venta, centros de distribución de las cadenas, centrales de compras y gestiones de los proveedores.

Al medir el faltante de productos en anaqueles por tipo de establecimiento, la encuesta arrojó que 43,3% de los productos faltan en las farmacias cadenas de autoservicios o perfumerías de autoservicio; 40,5% de la ausencia se registra en supermercados independientes y 33,3% en las cadenas de supermercados.

Venezuela es el país de América Latina que registró el mayor índice de productos faltantes en anaqueles durante 2010 (35,8%); seguido de República Dominicana (17,4%); Argentina (7,6%) y El Salvador (5,6%).

Actitud del consumidor

Cuando los consumidores no consiguen el producto en el anaquel, 52,5% opta por comprar en otra tienda; mientras que 25,4% adquiere el mismo productos, pero de otra marca; 6,7% compra otra presentación de la misma marca y 15,3% prefiere no comprar ese día.

"El grupo de consumidores fieles al comercio (32% aproximadamente) cerca del 80% cambia de marca y algunos pocos buscan otra presentación de su marca", señala el estudio

Esto se traduce en que 64,7% de los consumidores no tiene lealtad con la cadena donde suele comprar sus productos; mientras que 35,5% de los compradores sí se mantienen fieles al punto de venta.

La tendencia que mide la conducta de los consumidores en cuanto a la fidelidad hacia el punto de venta se mantiene en alza desde 2006, puesto que desde hace tres años (2007) prefieren acudir a otros locales para comprar los artículos de su preferencia.

El Universal.

Continúan las inspecciones de los galpones de la Polar en Lara

Fuentes ligadas a los trabajadores informaron que los funcionarios tienen previsto visitar los galpones de Pepsi-Cola a las 9:00 de la mañana.

Caracas.- Por segundo día consecutivo, representantes de la Procuraduría General de la República continuarán hoy con las inspecciones que realizan en la zona industrial I de Barquisimeto, estado Lara, donde se encuentran los galpones de Cervecerías Polar.

Fuentes ligadas a los trabajadores informaron que los funcionarios tienen previsto visitar los galpones de Pepsi-Cola a las 9:00 de la mañana. No se descartan que al proceso de supervisión participen representantes de la Vicepresidencia de la República y de un tribunal local.

El procedimiento comenzó ayer con la visita a Cervecerías Polar. Según relatan los trabajadores, la inspección se prolongó hasta las 8:00 de la noche y los funcionarios quedaron en entregar este jueves el informe con los resultados de su visita. En en lugar, pudieron presenciar las operaciones de la empresa, sino también tuvieron acceso a otras informaciones, como el estatus de la empresa, el ramo comercial al que se dedica.

Durante el proceso, las actividades de Cerverías Polar no resultaron paralizadas. Los trabajadores se vistieron franelas blancas, como señal de paz, porque en definitiva -según aseguran- la lucha continúa, pero en trabajo. "Nuestra arma es el trabajo", dicen.

Los sindicatos laborales de la Polar en Lara convocaron una rueda de prensa mañana para abordar de las inspecciones que se realizan en la zona industrial I de Barquisimeto y fijar posición frente a las amenazas contra la empresa. Anoche precisamente el vicepresidente de la República, Elías Jaua, desmintió una acción inmediata contra ambas empresas. "Ahorita, en este momento, no hay ninguna acción o medida sobre estas empresas", dijo en una entrevista en VTV.

Los trabajadores han expresado que quieren trabajar en paz y que se respeten los derechos laborales. Consideran a Polar como el "mejor sitio" para trabajar, y le piden al Gobierno dedicarse a producir, en lugar de pensar en expropiar las empresas existentes. POr su parte, el ministro de Alimentación, Carlos Osorio, criticó a quienes han señalado al Gobierno como "expropiador" o "destructor de la propiedad privada".

El Universal

El número de empleadores ha disminuido 20% desde 1999

Las estatizaciones se suman a la recesión y afectan al sector privado

Para el sector privado las posibilidades de generar más puestos de trabajo se diluyen poco a poco. De acuerdo a los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 1999 el número de empleadores se ha reducido en 20,3%, caída que comenzó a profundizarse a partir del inicio del proceso de estatizaciones.

La información que maneja el ente oficial indica que en agosto de este año existían 395.795 patronos, mientras que en igual mes de 1999 eran 496.687 empleadores, lo que significa que en los últimos 11 años la reducción ha sido de 100.892 empleadores.

Cuando se observa el dato como proporción de la población ocupada también se percibe una disminución. En agosto de 1999 los patronos representaban 5,7% de los ocupados, pero al cierre de agosto de este año el porcentaje cayó hasta 3,3%.

La variación determina una capacidad restringida del sector privado para generar nuevos puestos de trabajo, pues existen menos empleadores.

Efecto estatizador

Esta situación se ha presentado con mayor fuerza desde que se iniciaron los procesos de estatizaciones de industrias.

Las primeras medidas, en el año 2005, afectaron a un grupo de empresas que, en su mayoría habían detenido sus operaciones durante el paro petrolero que se extendió desde 2002 hasta 2003. Invepal, Hilandería Tinaquillo, Central Azucarero Cumanacoa y la Fábrica Nacional de Válvulas y lotes de tierras estrenaron la ronda estatizadora que aún no se detiene.

En agosto de 2005, año en que se iniciaron esas expropiaciones, la proporción de empleadores era de 5% de la población ocupada, según los datos que maneja el INE.

Para agosto de 2007, cuando el Ejecutivo tomó Cantv, las empresas eléctricas, las cementeras y más tierras, ya la cantidad de empleadores representaba 4,2% de los ocupados. La caída en el número de los patronos no ha cesado.

Los resultados negativos no se han ceñido al sector privado formal, también los empleadores considerados informales han sido afectados en un escenario que, especialmente en el último año, no ha estado empañado solo por las expropiaciones sino también por la crisis que ha acompañado a la economía.

A todo nivel

El INE reporta que en agosto de 2010 se registraron 300.842 patronos del sector informal, lo que implicó una disminución de 15% en el último año, en momentos en que la recesión ha pegado con más fuerza.

El instituto gubernamental considera empleadores informales a aquellos que dirigen empresas con menos de cinco trabajadores.

Desde agosto de 1999 hasta igual mes de este año, la cantidad de microempresarios -o patronos informales- se ha reducido en 23,8%.

Su proporción en el mercado informal ha caído fuertemente en esos 11 años, al pasar de 4,5% a 2,5% en ese periodo.

La situación económica en 1999 no era la mejor. Venezuela estaba sumida en una crisis por una abrupta disminución de los precios petroleros en los mercados internacionales.

En aquel año el desempleo alcanzaba a 15%, de acuerdo a los datos del INE. Al cierre de agosto del año pasado la tasa de desocupación se situaba en 9,6%, el nivel más alto en los últimos cuatro años.

El Universal

Número de microempresas se redujo 15% en un año

Venezuela desciende al último puesto por el peor desempeño en microfinanzas

El panorama para los empleadores ha tomado matices oscuros. El Instituto Nacional de Estadística (INE) reporta que al cierre del mes de agosto se registraban 300.842 patronos del sector informal, lo que implicó una disminución de 15% en el último año.

Las microempresas -que emplean a menos de cinco trabajadores- se han visto afectadas fuertemente por la recesión económica que afecta al país. Cada una ocupa en promedio a 4,1 personas, pero en total las empresas que el INE considera informales emplean a 10,4% de la población

Este mercado se ha transformado en diversas oportunidades, básicamente por los efectos de la crisis económica. Muestra de ello es que 47.396 personas abandonaron sus empleos por cuenta propia y las microempresas los absorbieron prácticamente a todos, aun cuando la cantidad de establecimientos cayó.

La búsqueda de puestos de trabajo se está convirtiendo en una labor difícil. El INE reportó que la tasa de desempleo se situó en 9,6% al cierre de agosto, su nivel máximo en los últimos cuatro años.

El número de trabajadores en el sector público se incrementó a 2.317.822 personas, mientras que la nómina de empleados y obreros del sector privado creció levemente para situarse en 4.626.065 personas, de acuerdo con los datos del organismo gubernamental.

La demanda de trabajo ya no se enfoca en el trabajo independiente, y los interesados en un empleo prefieren refugiarse en las empresas constituidas, formales o informales, aunque éstas se reducen.

En el último lugar

Pero, al menos para los establecimientos informales, los problemas no provienen solamente de la recesión de la economía, pues también existe un componente que está relacionado con el propio mundo de las microempresas.

Según el estudio "Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2010", realizado por The Economist, Venezuela ocupa por primera vez la última posición, con el peor desempeño. El informe resalta que, tras descender al puesto 54, sustituye a Tailandia. Añade que la desmejora se relaciona con su deterioro en las condiciones de inversión y de funcionamiento para las instituciones no gubernamentales y por una leve mejora de Tailandia.

"Las microfinanzas en Venezuela sufren de una débil estructura regulatoria y un bajo nivel de desarrollo del mercado", señala el reporte que contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

El informe indica que la situación que más afecta el entorno de los negocios para las microfinanzas es la distorsión del entorno competitivo debido a la fijación de las tasas de interés y por la participación de entidades públicas subsidiadas.

The Economist resalta que en Venezuela no existe un concepto claro del negocio ni una supervisión específica. Asimismo, la crisis ha generado un alza en la mora y ha reducido los subsidios estatales. Además resalta la estatización o desaparición de bancos que se dedicaban a las microfinanzas, lo que se une a la creación de una agencia para controlar a la banca. Para The Economist, ese ente representa una amenaza "a la precaria independencia de la superintendencia bancaria".

El Universal

Empleo en el campo cae a partir de intervenciones de tierr

El empleo migró hacia construcción, transporte e hidrocarburos. La actividad agrícola emplea a alrededor de un millón de personas, de acuerdo a los datos oficiales

Cada vez menos personas se dedican a trabajar en el sector agrícola. Los datos oficiales indican que desde que se iniciaron las intervenciones de tierras, en el marco de la reforma agraria, el porcentaje de trabajadores en el campo bajó desde 9,6% en el primer semestre de 2006 hasta 8% de la población ocupada al terminar los primeros seis meses de este año.

Esto significa que en el transcurso de los últimos cuatro años la proporción de personas que laboran en actividades agrícolas, pecuarias y de caza se ha reducido en 1,6 puntos porcentuales, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que fueron publicados por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (Sisov).

La información suministrada por el ente adscrito al Ministerio de Planificación y Finanzas no precisa el número total de agricultores en el país, pero informaciones del INE correspondientes a semestres anteriores indican que la cantidad de trabajadores del campo oscila alrededor de un millón de personas.

Las intervenciones a las tierras se iniciaron en el segundo semestre del año 2006, periodo a partir del cual se ha profundizado la caída de la población ocupada dedicada a labores agrícolas.

Migración laboral
Por su parte, la cantidad de personas con empleos en el sector manufacturero -también afectado por intervenciones gubernamentales y estatizaciones- ha descendido desde entonces, aunque con menor intensidad que el campo.

Los datos oficiales indican que en el primer semestre del año 2006 el porcentaje de población ocupada en las industrias era de 12%. Al cierre de igual periodo de este año se redujo a 11,3% de la población ocupada.

Los trabajadores se han mudado hacia el sector de hidrocarburos (de participación casi totalmente estatal), el cual pasó de 0,7% en 2006 hasta 1% de la población ocupada, según los números oficiales.

Con una mayor fuerza a migrado la mano de obra hacia el sector construcción. La actividad empleaba a 8,3% de la población ocupada al culminar la primera mitad del año 2006, mientras que en igual periodo de 2010 alcanzó a 9,9% de la población ocupada del país.

La información publicada a través del Sisov indica que el sector transportista ahora emplea también a más personas que hace cuatro años. En el primer semestre del año 2006 8% de la población ocupada, y el porcentaje pasó a 9% en la primera mitad de este año.

El resto de los sectores económicos (electricidad, comercio, banca y servicios comunales) se ha mantenido en igual proporciones o con muy leves variaciones en su peso como empleadores.

Datos generales
La tasa de desempleo reportada por el INE para el primer semestre de este año fue de 8,8%, lo que implica un salto de 1,2 puntos porcentuales en el último año. Para la primera mitad del año pasado el indicador de desocupación había alcanzado a 7,6%.

La caída de los precios petroleros en los mercados internacionales, producto de la crisis mundial, ha generado una recesión en el país.

Tal situación ha impactado directamente los niveles de empleo, aun cuando en Venezuela existen restricciones para despedir trabajadores, como la inamovilidad laboral que está vigente desde el año 2002.

Pero la problemática del empleo no se concentra en la primera mitad del año. Ya para julio y agosto el INE reportó tasas de descoupación de 8,7% y 9,6%, respectivamente.

Al cierre del octavo mes del año se contaban en 1.264.310 personas el número total de desempleados en el país.

El Ejecutivo nacional confía en que la economía, que en el primer semestre del año registró una caída de 3,5%, detenga su retroceso y comience a crecer en 2011.

El Universal

Temen intervenciones en sistema de riego de Guárico

En el estado Guárico se producen 450.000 toneladas de arroz al año, que equivalen al 45% del consumo nacional del rubro

Los productores temen que entre las 750.000 hectáreas de tierras que ordenó rescatar el Presidente Chávez en lo que resta de año se encuentren varias parcelas que están situadas en el sistema de riego de Guárico.

En los últimos días, funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (INTI) han estado inventariando y midiendo las parcelas ubicadas en esa localidad, lo cual ha despertado el temor entre los productores de la entidad de que se puedan originar nuevas intervenciones de tierras en esa zona.

Los productores señalaron que al menos 10 parcelas ubicadas en el sistema de riego de Guárico fueron inspeccionadas, al igual que algunas unidades de producción y otras fincas en la entidad.

Consideran que cualquier intervención de tierras en esa localidad afectará los planes de siembra en los próximos ciclos de producción, donde los productores apuestan a recuperar la superficie de siembra de arroz con miras a sustituir las importaciones por producción nacional.

En el estado Guárico se siembran 45.000 hectáreas en el ciclo de norte verano y otras 70.000 hectáreas en el ciclo invierno, con rendimientos de 450.000 toneladas de arroz al año, producción equivale al 45% del consumo nacional.

De estas 450.000 toneladas, 90% se producen en las parcelas situadas en el sistema de riego de Guárico.

Tulio Burgos, productor de arroz y miembro de Aprosigua señaló que para el próximo ciclo tienen capacidad de riego y estiman que pueden incrementar la superficie de siembra, pero si se intervienen tierras en esa localidad esos planes para levantar la producción se verán truncados.

Los productores consideran también que las inspecciones a las unidades de producción son subjetivas y quedan a discrecionalidad de los funcionarios del INTI.

"No es solo si están productivas u ociosas sino que también depende de si lo que está sembrado ahí es lo que ellos quieren que se siembre, aunque eso no está establecida en ninguna ley. Eso preocupa mucho a los productores", expresó Burgos.

Sobre ruedas
En el estado Guárico ya comenzó a salir la cosecha de arroz correspondiente al ciclo de invierno. En ese sentido, Burgos señaló que los rendimientos en términos de volumen han cumplido con las expectativas que tenían los productores, y se han obtenido casi 5.000 kilogramos de arroz por hectárea.

Señaló que la mayoría de las empresas están recibiendo arroz, aunque los plazos de los pagos a productores se han alargado.

En el caso de los productores de arroz que fueron financiados por Agroisleña en esa región, que representan 40% de la siembra, se conoció que han podido arrimar a los silos.

El Universal

Fedecámaras rechaza proyecto estatista del Gobierno nacional

Al cierre de su Asamblea Anual, el gremio cuestionó el modelo oficial

El "despotismo económico" del Gobierno de Hugo Chávez ha colocado a la nación en un "estado de conmoción" y sólo conllevará a la "destrucción del país". Con esas expresiones, Noel Álvarez, presidente de Fedecámaras, resumió la percepción de los empresarios locales ante la actuación del Ejecutivo.

"Abatimiento económico y excusas son los únicos resultados de un proyecto económico insensato e inviable que pretende colocarnos en el trance de un solo patrono que con la tiranía del monopolio quiere decidir cada una de las dimensiones de nuestra vida pública y privada", afirmó el directivo en el acto de cierre de la 66 Asamblea Anual de Fedecámaras, celebrada en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Para la cúpula empresarial, los retos y desafíos que impone la realidad económica no se alcanzarán en el marco del denominado "socialismo del siglo XXI", sino a través de un cambio de dirección que incluya la participación de la empresa privada y fomente las inversiones y el "emprendimiento productivo".

"La presión social que significa crear cada año trescientos mil nuevos empleos pone en entredicho todo el sectarismo económico propio del socialismo del siglo XXI a la vez que pone de relieve la necesidad social de contar con la empresa privada, con los empresarios emprendedores, con sus trabajadores, con todos los activos sociales de más de 500 mil empresas", sostuvo Álvarez.

Para el gremio, la acentuación de la política de expropiaciones, confiscaciones y estatizaciones también constituye una forma de desconocer los resultados electorales del pasado 26 de septiembre, a favor de la instauración de un "socialismo arbitrario y excluyente".

"No podemos aceptar que el objetivo central de la política económica del gobierno sea la destrucción del país. Cada vez que se confisca una empresa privada Venezuela pierde calidad de vida y oportunidades para construir un futuro esperanzador".

Categóricamente el gremio empresarial expresó su rechazo al proyecto estatista del Gobierno nacional y a su plan "de apropiarse del aparato productivo interno y de las principales instituciones privadas del país, a través de la trampa retórica de una ideología política socialista que no está alineada con la Constitución Bolivariana de Venezuela"

Igualmente, el presidente de Fedecámaras condenó que a través de las acciones y el discurso oficial se pretenda perseguir y amenazar a la clase empresarial.

"Rechazamos que la vocería oficial esté llena de amenazas proferidas contra la estabilidad de las empresas (... ) Rechazamos que los empresarios sean los presos políticos del socialismo del siglo XXI y que los canales del Estado sean los vehículos para dañar su reputación sin que se les reconozca el derecho a la legítima defensa y a la preservación de su integridad y dignidad personal".

En la declaración final de la Asamblea, el gremio empresarial dijo dirigirse al país "para ratificar el compromiso que tenemos para construir una Venezuela productiva y eficiente que sea capaz de contribuir a la solución de los problemas de la gente".

Agotar los recursos
Fedecámaras también resolvió acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que emita un pronunciamiento sobre las actuaciones del Ejecutivo en contra de la propiedad y la iniciativa privada.

Según explicó Álvarez, acudirán al máximo tribunal para solicitar una "acción de protección de los derechos económicos". El pasado lunes, durante la inauguración del evento, el directivo señaló que desean saber "si de verdad la iniciativa privada está derogada en Venezuela", a la luz de las últimas acciones protagonizadas por el Gobierno sobre diversas empresas privadas.

El Universal

Gobierno consolida control de sectores agrícola e industrial

Agropatria sustituye a Agroisleña y anuncia reducción de precios de insumos

El andamiaje estatal para controlar los medios de producción dio una vuelta de tuerca más tras el decreto presidencial de expropiación de Agroisleña, casa comercial que hasta su ocupación por el Gobierno proveía de suministros a 70% de los productores agrícolas del país.

Pero con la toma de Agroisleña, que pasará a denominarse Agropatria, según informó el presidente Hugo Chávez en su columna Las líneas de Chávez, el Gobierno nacional aspira a construir y consolidar su hegemonía productiva en el área de alimentos.

Los primeros pasos en intervenciones de tierras, que ya suman unos 2,9 millones de hectáreas, se dieron a finales de 2004 con los decretos que afectaron fincas en Cojedes.

Posteriormente, desde el año 2006 se iniciaron las expropiaciones de otro eslabón en la cadena de control de los medios de producción, con la estatización de plantas e industrias como Fribarsa, Fricapeca, Lácteos Los Andes; Fama de América, Industrias Diana, Central Venezuela, Central Cumanacoa y La Gaviota.

Ahora, con el control de Agroisleña, el Gobierno se asegura el manejo de la mayor red nacional de distribución de productos agroquímicos, de puntos de venta y distribución y, además, de una importante cartera de créditos contratados con asociaciones de productotes y agricultores individuales, de carácter privado.

Precisamente, la confrontación entre el modelo colectivo socialista que impone el Gobierno frente al manejo de productores privados, genera no pocas dudas entre el gremio agrícola.

El presidente de Fedeagro, Pedro Rivas, dijo la pasada semana que "hubo una manifestación de que solo se venderían (insumos) a los productores más pequeños, lo que después fue desmentido". Sin embargo, el propio dirigente recordó que está el precedente con los productores de caña de azúcar con más de 100 hectáreas, a quienes el Ministerio de Agricultura y Tierras no les ha cancelado el subsidio de 37% de la caña del país, por unos 95 millones de bolívares.

El presidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, también considera que la expropiación de Agroisleña es un paso más dentro del cerco al sector productivo. "Es un golpe tremendo contra la agricultura", dijo el directivo en el programa Diálogo con, que transmite Televen. "Disminuirá la producción, así como ha disminuido el circuito económico donde el Gobierno ha confiscado", expresó Álvarez.

Reducción de precios

Ayer en su programa dominical el presidente Hugo Chávez anunció la nueva directiva de la otrora Agroisleña -que se denominará Agropatria- así como una reducción de precios de fertilizantes y agroquímicos distribuidos por Agroisleña.

La reducción promedio de precios será de 49,3% de 12 fertilizantes, de 43% para 260 agroquímicos y de 41,7% en las semillas de caraota, maíz y arroz.

Algunos trabajadores del grupo Agroisleña manifestaron su incertidumbre ante la situación, a lo que el Presidente dijo que no tenía respuesta hasta que el ministro de Agricultura, Juan Carlos Loyo, hiciera las recomendaciones sobre la situación de las empresas.

Chávez asignó Bs 565 millones para que el Banco Agrícola financie a los productores de Agroisleña. También insistió en que se darán créditos a "la tase de ley, de 8%", aunque el BCV indica que es 13%.

La junta directiva de Agropatria la dirigirá Riblia Rodríguez, quien presidió la CVA y estuvo encargada de las Agrotiendas Socialistas y de la junta directiva ad hoc que ocupó Agroisleña. El resto de la directiva la conformarán Josman Rafael Chirinos (vicepresidente), Ricardo Sánchez (primer vocal), Ángela Bolívar (ex directora del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria, SASA, como segundo vocal) y el viceministro Yván Gil (tercer vocal).

El Universal

Maiquetía es la quinta terminal más costosa del hemisferio

El aeropuerto de La Habana es operado parcialmente por una agencia española

El presidente Hugo Chávez ordenó intervenir el aeropuerto internacional de Maiquetía porque "no da ganancias y hay que cuidar la economía".

Pero la realidad operativa de la terminal aérea, administrado por el Ejecutivo nacional a través del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, es que tiene una estructura de costos poco eficiente, que lo hace uno de los aeródromos más costosos de América Latina y el Caribe (e incluyendo a Miami, Washington D.C. y San Francisco) y en función de los beneficios y servicios que ofrece.

De acuerdo con un estudio de elaborado por más de 30 líneas aéreas internacionales que vuelan en 90% de las rutas del continente americano, en promedio, cada "toque" (aterrizaje y despegue, radioayudas, uso de hangares, limpieza, etc) hecho en un aeropuerto por un vuelo internacional diurno, en un avión tipo Airbus A320, cuesta unos 450 dólares en Latinoamérica y el Caribe.

Caracas-Maiquetía es el quinto aeropuerto más costoso entre 32 terminales de la región, con una media de 650 dólares. Los primeros cuatro por su alto nivel de costos para las aerolíneas son Quito con 910 dólares, seguido por San Francisco (California) con 800 dólares, Montevideo con 730 dólares y Lima con 700 dólares.

Un empleado de la Dirección de Comercialización del aeropuerto, desde el anonimato, confirma que "las tarifas de Maiquetía varían según el servicio: radioayudas, aterrizaje y despegue y el parking. Y en comparación con otros terminales en Suramérica, Maiquetía tiene costos altos" .

Para la Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI, organismo rector de la Aviación civil a escala global), los estados y las administraciones aeroportuarias deben evaluar la eficiencia económica en función de ventajas como "el crecimiento del turismo, el transporte y el comercio", así como el "eficiente uso de los recursos financieros".

Sin embargo, fuentes del sector aeronáutico señalan que en Maiquetía hay unos servicios entregados a concesiones que pueden revisarse, tales como la disposición de los desechos líquidos de las aeronaves, la limpieza del aeropuerto, el cobro de las tasas aeroportuarias, los servicios de seguridad o las pasarelas de abordaje.

Ingresos y eficiencia

El presidente Chávez se preguntaba por qué si "Maiquetía es un aeropuerto grande ¿cómo es que no da ganancias?, por ejemplo en Cuba el aeropuerto José Martí le da al Gobierno cubano cada año 100 millones de dólares de ganancias". Efectivamente, en términos comparativos, el aeropuerto José Martí de La Habana tiene un costo aproximado a los 400 dólares, por debajo del promedio hemisférico. Pero a diferencia de Maiquetía, el aeródromo José Martí no es operado exclusivamente por el Estado, sino que allí participa la empresa española pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), responsable de todos los terminales aéreos en España.

En el caso del aeropuerto de Maiquetía, los ingresos por concesionarios, líneas aéreas, impuestos de salida y tasas aeroportuarias, entre otros, son controlados directamente por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y otras instancias como el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, la Fundación del Niño y la Gobernación de Vargas.

Pero no todos los ingresos del aeropuerto pertenecen a la administración aeroportuaria. Los pasajeros pagan las "tasas" aeroportuarias. En vuelos nacionales se paga una tasa de Bs 32,50 y en internacionales Bs 162,50. Este ingreso se destina íntegro al INAC. "En un año promedio se puede hablar de una entrada de más de Bs 390 millones anuales", indica la fuente anónima.

Asimismo los ingresos referidos por el impuesto de salida del país, actualmente de Bs 195, desde 2003 son para exclusivo beneficio de la Gobernación del estado Vargas, siendo uno de los ingresos tributarios más importantes de su presupuesto.

Sobre los ingresos por concesiones en los terminales, la administración de Maiquetía percibe un porcentaje sobre las ganancias brutas de las ventas de locales comerciales de la terminal internacional, del nacional y del auxiliar; y también se opera en concesión los estacionamientos. "Sin embargo los locales más caros y que pagan mayor arancel son los del Duty Free. Estos pagos no se destinan al aeropuerto sino que representan más de 70% del presupuesto de la Fundación del Niño", dicen desde Maiquetía.

Además el MTC ordena financiar obras como el Plan Bicentenario de embellecimiento de áreas capitalinas, mejoras de escuelas en el estado Miranda (ejecutadas hace tres años), de quebradas de municipios como Libertador y Sucre, y el mantenimiento permanente de la autopista Caracas - litoral.

Cambio en Conviasa

En la Gaceta Oficial N° 39.525 se decretó la destitución de Noris Negrón como presidenta de Conviasa. Le sustituye Víctor Eloy Delgado Monsalve "con el propósito de desarrollar el servicio público aéreo con criterios de calidad y eficiencia revolucionaria".

El Universal

Venezuela es el petroestado con peor tendencia para FMI

Las proyecciones del organismo indican que la economía caerá 1,3% este año

El estudio de perspectivas del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que los países productores de petróleo, apoyados en la sólida recuperación del barril, han dejado atrás la crisis global y obtendrán crecimiento económico este año.

Para los petroestados ubicados en el Medio Oriente y el norte de África (como Irán y Kuwait), el FMI proyecta un avance promedio de 3,8%; en el caso de los que se encuentran en el Subsahara africano (como Nigeria y Angola) se espera un avance promedio de 6,7%. La economía rusa registrará un ascenso de 4%.

En 2011 el Fondo Monetario contempla que los petroestados continúen con el viento a favor y, en promedio, obtengan un crecimiento sobre 4%. Además el crecimiento vendrá acompañado de baja inflación. Este año el avance de los precios en los petroestados del Medio Oriente se ubicará en 6,4% y en 2011 en 5,9%.

La nota discordante es Venezuela, país que acumula cinco trimestres consecutivos de retroceso y al que las proyecciones le asignan un descenso de 1,3% este año y un mínimo avance de 0,5% en 2011. Al mismo tiempo, Venezuela estará en la lista de países con mayor inflación, con un impacto de 29,2% este año y de 32,2% en 2011. El estudio indica que este resultado tan pobre obedece a los cuellos de botella en la oferta, fuga de capitales y un débil marco de políticas.

No obstante, el FMI mejoró sus perspectivas de comienzos de año, cuando esperaba que Venezuela registrase una caída de 2,6% en 2010. Entre 2004-2008 la economía venezolana tuvo un patrón donde altos precios del petróleo garantizaban elevado crecimiento gracias a la inyección de gasto público, pero ya no es así, el brillo del crudo se ha convertido en una condición necesaria mas no suficiente.

Analistas explican que una vez agotada esta etapa de fácil crecimiento, se llega a un nivel donde ya no solo es necesario gasto público, también se requiere inversión para ampliar el número de máquinas y más tecnología.

Globo frágil

Las estimaciones del FMI consideran que Latinoamérica crecerá 5,7% este año, gracias a sus sólidas políticas económicas y los fuertes ingresos por materias primas. El Fondo anticipa que Brazil crecerá 7,5%, Perú 8,3%, Paraguay 9%, Argentina 7,5% y Colombia 4,7%. Al analizar la economía global el Fondo Monetario espera que en 2010 se registre un crecimiento de 4,8% y en 2011 de 4,2%, bajo la advertencia de que la recuperación de Estados Unidos y Europa es frágil.

El impulso de la recuperación mundial "parece ir debilitándose", indica el análisis. El economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, señala que la recuperación tiene fallos graves: no permitió reabsorber el gran déficit comercial de Estados Unidos ni los excedentes de los países asiáticos. La primera economía del mundo, Estados Unidos crecerá 2,6% este año, la zona euro 1,7% y Japón 2,8%. China, la potencia emergente en el globo, se expandirá 10,5% e India 9,7%.
El Universal

Estado tendrá hegemonía en el suministro de insumos agrícolas

Expertos consideran que la expropiación de Agroisleña carece de consistencia legal

El decreto 7.700 publicado en Gaceta Oficial declara que la adquisición forzosa de los bienes "presuntamente propiedad del Grupo Agroisleña C.A. Sucesora de Enrique Fraga Alfonso", se debe es a "un oligopolio en el que el mercado de insumos agrícolas ejerce posición de dominio y competencia desleal en la producción (...) desplazando a las pequeñas y medianas empresas".

Al respecto, el vicepresidente de la República, Elías Jaua, señaló a El Universal que "la nacionalización" de los activos de la empresa tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución de desmantelar los monopolios y oligopolios que existen en la economía "y avanzar hacia diversas formas de propiedad social administradas por el Estado".

Explicó que tras evaluar los elementos que han estado presionando las estructuras de costos del sector agrícola, se determinó que Agroisleña estaba cartelizando los precios e imponiendo estructuras de costos a los productores.

"La medida busca democratizar la economía, ofrecer precios justos y lograr mayores ingresos para nuestros productores. El tema recurrente en las reuniones era el aumento de los insumos", expresó Jaua.

Al pasar los activos del Grupo Agroisleña a manos del Estado, éste concentraría la mayoría del mercado de insumos agrícolas, pues a las 32 agrotiendas socialistas que ya existen se sumarían las 60 sucursales de la empresa espa- ñola, además de silos y otras instalaciones agroproductivas.

A pesar de esto, Jaua dijo que "el Estado no puede ser acusado de monopolio (u oligopolio) porque representa el interés general de la población".

Informó que los establecimientos comerciales de Agroisleña pasarán a formar parte de las Agrotiendas Socialistas.

Así, aseguró que no habrá rectificación de la medida de expropiación, puesto que considera que "no hubo ningún error".

Exhortó a los productores a no tener temor, pues el Estado garantiza el acceso oportuno a los mismos insumos que ofrecía Agroisleña.

El vicepresidente de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Braulio Álvarez, dijo a AVN que la medida está apegada a la ley y que la empresa fue notificada meses atrás de sus delitos ambientales e irregularidad en precios.

La teoría y la práctica

A juicio de los especialistas consultados, las causas por las cuales se decretó la adquisición forzosa de los activos del Grupo Agroisleña carece de consistencia legal, pues en primer lugar el ordenamiento jurídico venezolano no permite que se expropien empresas para que pasen a ser administradas por el propio Estado.

El especialista en Derecho Administrativo y profesor universitario, Luis Herrera Orellana, señala que no se puede acusar a Agroisleña de incurrir en prácticas desleales, de oligopolio, porque actualmente existen organismos encargados de velar porque no se ejecute este tipo de irregularidades, como Procompetencia e Indepabis.

Incurrir en prácticas de oligopolios o de posición de dominio no son causas de expropiación porque ninguno de los dos están tipificados como ilícitos económicos, por lo que no pueden ser causal de expropiación.

Por su parte, Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria dijo que al sector le preocupa que el Gobierno expropie empresas privadas sin cumplir con los procedimientos de Ley, como es la declaración de utilidad pública vía decreto, la sentencia de un juez y posteriormente la indemnización.

Considera que existe una Ley antimonopolio así como organismos como Procompetencia que se encargan de vigilar este tipo de prácticas, a los que el Estado pudo acudir antes del decreto de expropiación.

"Se están buscando argumentos para seguir tomando el control de empresas privadas, aumentando el control del Estado, y los venezolanos somos los que vamos a padecer las consecuencias", dijo Larrazábal.

Los antecedentes

El Estado ha aplicado anteriormente procesos de expropiación en condiciones similares a las del decreto de Agroisleña. Tales son los casos de la planta de arroz de Cargil de Venezuela; las torrefactoras Fama de América y Café Madrid acusadas de posición de dominio; los hipermercados Éxito por presunto remarcaje de precios.

A partir de la ejecución de estas medidas, el Estado se ha adjudicado buena parte de los espacios que ocupaban estas empresas en el mercado.

En el caso del café domina el mercado con 70% de la producción; en harina de maíz 48%, en azúcar 40%; y ahora con la confiscación de Agroisleña tendrá más de 70% de la distribución de insumos agrícolas.

El Universal

Chávez cierra el cerco al sector productivo nacional

El socialismo agrario apunta al "control total de toda actividad productiva"

Tras el estratégico receso político y social previo a las elecciones legislativas, el presidente Hugo Chávez y el resto del Ejecutivo nacional reanudaron la progresiva toma de todos los eslabones del sector productivo agrícola nacional, en el marco del "socialismo agrario".

La orden presidencial de expropiación de la empresa Agro-isleña, que suministra insumos productivos a aproximadamente 60% del sector agrícola nacional, es el segundo paso de una nueva ofensiva gubernamental para controlar el sector agrícola productivo, después de la aprobación de la segunda reforma a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en mayo.

El Plan de la Nación 2007-2013, llamado Primer Proyecto Nacional Socialista Simón Bolívar, establece claramente que "el Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país".

De concretar la toma de Agroisleña, el Gobierno se aseguraría un eslabón fundamental en la actividad del campo, que maneja unas 2.500 hectáreas de tierras, tiene 60 agencias y puntos de venta en 20 estados del país y reporta créditos para unos 18.000 productores del país.

Se sumaría esta pieza al rompecabezas del socialismo productivo que ya maneja 2,9 millones de hectáreas (con fundos ejemplares como La Marqueseña, El Frío, El Charcote, San Pablo Paeño, etc, aunque muchos en situación improductiva), y empresas de transformación agroindustrial que fueron privadas como Industrias Diana, Lácteos Los Andes, Sardinas La Gaviota, Monaca, mataderos como Fribarsa o Fricapeca, las torrefactoras Café Madrid y Fama de América, centrales azucareros como Cariaco; o las empresas de cereales Venarroz, Proarepa y Nutrico.

Y en la concepción de la economía socialista, el consumo justo o necesario es la premisa fundamental. Por ello también es primordial el control de estructuras de distribución y comercialización, y ahí juegan su papel los esquemas de logística y venta como Friosa, Cada, Éxito, Cealco o la empresa de transporte ATC, todas asimiladas o integradas con los abastos Bicentenarios, y de la mano con Pdval y Mercal.

Empezando por las tierras

El Gobierno ha centrado el desarrollo rural integral en la "lucha contra el latifundio", fenómeno al que responsabiliza de la incapacidad de Venezuela de cubrir su consumo en rubros básicos como café, maíz, leche, azúcar o carne, así como de la pobreza de los campesinos.

Desde enero de 2005, cuando se iniciaron las intervenciones de tierras y fincas, el Gobierno ha tomado cerca de 2,9 millones de hectáreas calificadas como "ociosas o improductivas". Y este domingo, el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, detallaba al presidente Chávez que en octubre se tomarán 250.000 hectáreas y en noviembre otras 500.000 hectáreas de tierras, que sumarían 750.000 hectáreas o casi 26% de los predios que el Gobierno ha intervenido en el lapso 2005-2010.

Como resultado, en el período 2004-2008, de amplio "rescate de tierras", el PIB agrícola privado creció apenas 3,7%, según el BCV.

El Universal

Han sido insuficientes planes de emergencia de vivienda

En varias ocasiones el Gobierno ha anunciado medidas excepcionales

Para dar respuesta a las personas que han resultado damnificadas por las lluvias que se registran en todo el país, el presidente Chávez anunció un "plan de emergencia de construcción de viviendas" al que le destinará recursos por el orden de 1.500 millones de dólares. Pero esta no es la primera vez que el primer mandatario nacional decreta una emergencia para solucionar el problema habitacional del país.

Varias veces el presidente Chávez ha reconocido la necesidad de impulsar la construcción de viviendas en el país, y se ha planteado diferentes métodos para alcanzar su objetivo; sin embargo, hasta ahora ninguno de los planes ha dado los resultados esperados.

Las cifras oficiales demuestran que la construcción de viviendas por parte del sector público ha venido cayendo en los últimos años. En el primer semestre de 2007 el Gobierno elaboró 13.452 soluciones habitacionales, mientras que este año la cifra llega a 4.760 viviendas en el mismo período.

Recordando viejos tiempos
La declaración de emergencia hecha por el Presidente el pasado sábado constituiría el quinto anuncio gubernamental en el que se toman medidas especiales para construir soluciones habitacionales.

En el año 2000 el Ejecutivo decretó una emergencia por la situación que se registró en el estado Vargas. Para ese período se programó la construcción de más de 99.000 viviendas, pero de esa cantidad solamente se terminó el 64% en un plazo de año y medio.

Luego, en el 2001, el Gobierno decidió realizar adjudicaciones directas para la realización de soluciones habitacionales; el procedimiento se justificaba, porque 70% de los recursos para el sector estaban por la vía de la Ley de Endeudamiento. De las 48.000 unidades que se programaron, solamente se terminaron 25.000.

En noviembre de 2005 el Ministerio de la Vivienda hizo un decreto de emergencia con el objetivo de realizar 8.411 unidades, pero se terminaron 1.826 soluciones (22% del total). Para efectuar esas viviendas se programaron recursos por Bs 247 millones. Cinco meses más tarde, ante la lentitud en la ejecución de las casas, el Gobierno decretó otra emergencia. El objetivo era permitir las importaciones de insumos y realizar expropiaciones de terrenos para la construcción.

De todos los modelos
Desde el aumento de recursos financieros, hasta la firma de acuerdos internacionales y la expropiación de empresas relacionadas con el sector construcción, el Gobierno ha buscado distintas alternativas para aumentar el número de viviendas; sin embargo, aún no ha alcanzado las metas previstas.

En materia de acuerdos internacionales, Venezuela ha firmado convenios con Irán, Belarús, Brasil, China y Uruguay. Con este último el pacto era desarrollar el proyecto de Petrocasas para atender casos de emergencia, pero las expectativas no se han completado.

El Gobierno también se ha propuesto cambiar el modelo de convivencia y crear ciudades socialistas que incluyen, además de la vivienda, centros educativos, de salud y productivos, pero los proyectos se han quedado a medias.

En el presupuesto de este año destinado a este tema, el Gobierno priorizó la construcción de las ciudades socialistas y el plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor que se concentra en la reparación de las viviendas.

El Universal

Después de años de contratación irresponsable de deuda pública, se dispara el monto de su servicio

Eventualmente, no podremos pagarla.

El aumento que ha registrado el endeudamiento en los últimos años para cubrir el gasto ordinario tendrá impacto en los pagos a futuro de la República y se tendrán que comprometer más recursos de los presupuestos en el servicio de deuda. Según las cifras que se manejan en el despacho de las finanzas públicas, entre la segunda mitad de 2010 y el 2011 el servicio de la deuda pública total (capital e intereses) ascenderá a 18 millardos de dólares, y el mayor peso lo representará la deuda interna.

Entre este ejercicio y el próximo se tendrán que atender en deuda externa 7,9 millardos de dólares y en deuda interna se deberán cubrir más de 10 millardos de dólares. Los datos de Finanzas señalan que en esta segunda mitad de 2010, el servicio total está previsto en 7,9 millardos de bolívares, de ese monto corresponden a deuda externa 3,2 millardos de dólares y a deuda interna 4,6 millardos de dólares, según reportó el diario El Universal.

Para el próximo año, el servicio total se ubicará en 10 millardos de dólares, siendo la deuda externa 4,6 millardos de dólares y la deuda interna 5,4 millardos de dólares. Los mayores pagos de deuda interna en gran medida se deben a que las emisiones que se realizaron el pasado año tenían vencimientos entre 2011 y 2012.

Cuando se registró la caída de los ingresos petroleros en el primer trimestre del año, el Gobierno tomó la decisión de compensar la merma de fondos con endeudamiento. Se realizó un reajuste de la Ley Paraguas y se incrementó el endeudamiento de 12 millardos de bolívares a 35 millardos de bolívares. En ese momento, la mayor parte de las colocaciones se efectuaron en el mercado interno y fueron de corto plazo. Esa tendencia se mantuvo este año, debido a que ante la menor participación de los ingresos petroleros en el gasto se decidió compensar con el incremento del endeudamiento.

La deuda total del Gobierno central, de acuerdo a las cifras que maneja el despacho de las finanzas públicas, hasta el 30 de junio estaba en 64,1 millardos de dólares, cuando al cierre de 2009 se encontraba en 59,1 millardos de dólares.

La deuda interna se ubicó en 29,2 millardos de dólares. Los datos señalan que en moneda nacional la deuda interna terminó en 76 millardos de bolívares, pero por el ajuste cambiario realizado el pasado mes de enero el peso de las obligaciones internas se redujeron.

Al término de la primera mitad del año, el saldo de la deuda externa fue 34,6 millardos de dólares, mientras que al cierre de 2009 se encontraba en 35 millardos de dólares. El pasado mes de agosto, el Ejecutivo nacional realizó el pago de vencimientos de deuda externa por 1,5 millardos de dólares.

La Patilla.com