La inminente aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos y las recientes declaraciones de las autoridades sobre la instrumentación del texto legal dispararon los temores de los empresarios.
Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, manifestó que como sospechaban desde que se promulgó el instrumento jurídico, en julio pasado, el mismo abarcará a todos los actores de la economía nacional.
"Como nos esperábamos la amenaza es para todos los sectores, la amenaza crece y esto es muy grave", dijo el dirigente de la cúpula empresarial.
Esta situación, aunada a que el reglamento de la ley no detallará sectores a los que aplicará, tal y como ha asegurado Karlin Granadillo, superintendente Nacional de Costos y Precios, pueden provocar una "congelación general de precios".
"Se teme una congelación general de precios a partir del 22 de noviembre (...) Estamos al borde de la insensatez en el manejo de la economía y nuestro deber es advertir que la norma es lo suficientemente discrecional", señaló el directivo.
La Ley de Costos y Precios Justos comenzará a implementarse el 22 de noviembre y, salvo las instituciones financieras, todos los sectores (productores, importadores y comercializadores) quedaron enmarcados por el texto legal.
De acuerdo al numeral 6 del artículo 31 de la ley, a partir del 22 de noviembre la Superintendencia fijará los Precios Máximos de Venta al Público (PMVP) "de acuerdo a su importancia económica y su carácter estratégico" y desde ese día se considerará un "aumento arbitrario de precios" a quien "aumente el precio de un bien o un servicio sin la autorización de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, en los casos que así se requiere".
"Hacemos un llamado a discutir con urgencia el tema del reglamento, es imposible controlar todos los rubros", insistió el empresario.
El abogado Antonio Canova confirmó la tesis de Botti y aseveró que a partir del 22 de noviembre cualquier modificación de precios dependerá de la autorización del nuevo organismo estatal. "Eso es lo que está previsto en la ley (...) Es un congelamiento de precios hasta que la Superintendencia autorice", acotó el jurista.
Por su parte, José Ignacio Hernández, abogado de la firma Grau, García, Hernández & Mónaco considera que "habrá un margen de maniobra pero si no se dictan los reglamentos antes de que la ley entre en vigencia habrá una gran incertidumbre jurídica en el país".
Durante su exposición en el foro organizado por Venamcham para evaluar las perspectivas del año entrante, Hernández expresó que el reglamento debe indicar cuáles son los bienes y servicios que estarán bajo el ámbito de la norma, de lo contrario, serán todos.
Escasez y mercado negro
Contrario al discurso oficial, Botti considera que la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos provocará consecuencias negativas en la economía nacional.
"Anticipo muchísimos problemas, es muy grave, es ponerle el candado a la poca economía de mercado que queda".
Además de una generalización de la escasez en diversos ámbitos, el dirigente empresarial alertó el posible surgimiento de un mercado negro mientras más amplia y extensa sea la aplicación de la ley.
"Mientras más se pretenda controlar, más mercado negro va a existir ", dijo al tiempo que citó el caso de productos como la cabilla, el cemento o la carne como ejemplos de mercados paralelos surgidos por la intervención del Estado.
Botti también cuestionó las palabras de la ministra de Comercio, Edmée Betancourt, en las que señaló como margen de utilidad razonable para cualquier empresa un 10%. "Refleja un desconocimiento sobre cómo funciona la economía".
El Universal
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