De acuerdo a cálculos económicos que reposan en la Asamblea Nacional, en el marco de las discusiones de la Ley del Deporte, 47,18% de los ingresos brutos de las empresas deben dirigirse a cumplir con esos deberes. El dato no toma en cuenta el impacto de los impuestos municipales, los cuales varían de acuerdo a la región donde se encuentre situada la empresa.Además del tradicional pago por el Impuesto sobre la Renta (ISLR), que se lleva 23,4% del dinero que ingresa, las empresas deben enfrentar otros tributos. Por ejemplo, el Impuesto sobre las Actividades Económicas, cuya tasa se ubica en 2%, absorbe alrededor de 10% de los ingresos brutos.
Aunque la prometida reforma fiscal en Venezuela no se ha hecho realidad, han surgido cargas financieras. En los últimos años se han creado aportes, o han sido ampliados, lo que ha implicado una mayor presión para las finanzas del sector privado.
Entre estos cambios que han surgido en los últimos años se encuentran el aporte patronal para vivienda de los trabajadores. A partir del año 2008 cambió la forma de calcular esa contribución, pues una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Social ordenó que el cálculo del aporte se hiciera sobre el salario integral y no sobre el normal, además de haber eliminado el tope máximo de la cotización, que se situaba en 10 salarios mínimos.
Sobre el aporte de 1% sobre el sueldo que hace cada trabajador, la empresa en la que labora debe hacer uno equivalente a 2% del salario integral.
Aportes parafiscales
Además de esta cantidad, la empresa debe dirigir 2% de los salarios normales de sus empleados y obreros al Inces, mientras que debe aportar entre 9 y 11% del salario normal por concepto de la Seguridad Social de sus trabajadores.
Estos son, a grandes rasgos, los costos tradicionales que han debido asumir las empresas tradicionalmente. Pero a esta estructura se añaden una serie de costos más.
La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti) obliga a las empresas a destinar 0,5% de sus ingresos brutos a proyectos que signifiquen mejoras productivas.
Desde diciembre del año pasado los recursos no pueden invertirse dentro de la empresa, sino que deben ser transferidos a un fondo que es manejado por el Gobierno nacional.
Paralelamente, la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas impone a las empresas una contribución de 1% de su ganancia neta anual para ser destinados a programas de prevención del consumo de drogas.
A este marco se añade la Ley de Deportes que seguirá el debate en segunda discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional esta semana.
El instrumento legal define que las empresas deben concretar un aporte a un fondo estatal, pero todavía no existe acuerdo sobre la base para el cálculo del mismo.
Se habla de 1%, pero no se acuerda aún si es sobre los ingresos brutos de la empresa o si es sobre las ganancias netas. Según los cálculos que fueron presentados a la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento, la aplicación de ese porcentaje sobre los ingresos brutos coloca en 47,18% la carga fiscal total sobre las empresas, mientras que el cálculo sobre las ganancias la reduce a 44,54%.
Inconveniencias
El informe que reposa en la instancia parlamentaria indica que definir como base los ingresos brutos resulta regresivo, pues no toma en cuenta adecuadamente la capacidad contributiva de las empresas. Además, el impacto resulta grande, pues no dependen de las utilidades que registran los empresarios, y resultan peligrosos para en tiempos de menores ganancias.
"No es conveniente seguir alimentando en nuestro sistema tributario contribuciones que recaigan sobre los ingresos brutos, ya que cada vez más se va a ir rompiendo la noción de progresividad hacia la cual debe tender dicho sistema", indica el informe entregado por actores que participan en el debate sobre la Ley del Deporte.
Agrega que, de seguir ese camino, la presión tributaria en Venezuela "va a ser tan alta que puede llegar materializarse un escenario de confiscación por la suma de distintos tributos".
Adicionalmente, en unos meses comenzará a aplicarse la recién aprobada Ley de Costos y Precios Justos, la cual se estima que regulará las ganancias de las empresas a través de la determinación de un esquema de bandas para los precios de los productos básicos.
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