Montenvideo.- Una empresa metalúrgica de Uruguay aseguró el viernes que no ha incumplido un contrato con Venezuela para la venta y armado de 8.000 casas por unos 150 millones de dólares y que ese acuerdo de 2006 sigue vigente. En entrevista telefónica con AP, Gastón Tealdi, gerente general de la Unión Metalúrgica Industria del Sur (Umissa), desmintió las declaraciones del ministro de Energía venezolano Rafael Ramírez que el jueves aseguró que ``se exigirá'' a la compañía uruguaya el cumplimiento de los contratos.Tealdi indicó que ``hubo muchos problemas'' burocráticos en Venezuela y que el cambio de ocho ministros en el Ministerio de Vivienda y del Hábitat venezolano no contribuyeron a acelerar la ejecución del contrato firmado en Caracas con la presencia del ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez y Hugo Chávez. En principio, el contrato establecía la exportación de 12.000 casas desarmadas de Umissa, pero en diciembre de 2009 se redujo a 8.000 viviendas ``de las cuales llevamos ejecutadas el cincuenta por ciento'', dijo Tealdi.
Agregó que ``ya estábamos en conocimiento de esta denuncia venezolana y preferimos no ahondar en más detalles toda vez que involucra a los gobiernos. Pero de parte de Umissa hemos ido cumpliendo con el contrato que sigue vigente y además mantenemos un buen relacionamiento (relación) con Ricardo Molina, ministro de Vivienda y Hábitat de Venezuela''. Tealdi, desmintió a su vez que Venezuela haya pagado la totalidad del contrato de 150 millones de dólares por el armado de esas casas con todos los implementos. ``No pagaron ninguna casa que no hayamos levantado'', dijo, pero no dio detalles de lo que Umissa lleva cobrado. ``No hemos incumplido nada'', aseguró Tealdi y mencionó que el tema se está analizando a nivel oficial. En el gobierno uruguayo no hubo comentario sobre la denuncia venezolana.
Desde el gobierno de Vázquez (2005-2010) Uruguay ha fortalecido sus lazos comerciales con Venezuela y suscrito decenas de acuerdos y convenios. El más importante de esos acuerdos estableció la compra de petróleo venezolano por parte de Ancap, el ente refinador de petróleo uruguayo, que es pagado 75% al contado y 25% a 15 años de plazo con un interés anual del 2%. Ancap ha acumulado una deuda superior a los 700 millones de dólares con el gobierno de Chávez, lo que ha llevado a sus autoridades a intentar concertar una quita con Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Reportaje del año 2010 en La Patilla.
Casas compradas por Venezuela a Uruguay no fueron ensambladas
Pagos sin justificativos, irregularidades administrativas y retrasos en los puertos han signado el acuerdo binacional firmado en 2006 para la importación de 12.193 viviendas. Después de 4 años sólo han sido ensambladas 11, aun cuando ya se canceló 45% del monto del convenio. Así lo revela el reportaje especial de Adriana Rivera de El Nacional.
En la zona industrial de San Carlos, donde el asfalto es un lujo y salir con los zapatos llenos del barro recién mojado por la lluvia es casi inevitable, se encuentra el galpón en el que se almacenan las piezas con las que se podrían ensamblar al menos 600 casas importadas de Uruguay. A pocos metros de allí se ve una losa escondida entre la grama.
Eso es lo que queda de la estructura modelo que fue presentada por primera vez durante una visita del presidente Hugo Chávez a Cojedes en 2006. Era una de las 12.193 viviendas prefabricadas (17% para emergencia o refugio y 87% urbanas) que debían construirse en el plazo de un año, en varios estados del país, según el convenio que el Estado firmó con la empresa Unión Metalúrgica Industrial del Sur S. A., Umissa.
La Contraloría General de la República detalló en su informe de gestión de 2009 -presentado en agosto de este año- que sólo hay 11 de esas estructuras en pie, en tres puntos del país. Winston Barón, coordinador del convenio en la entidad llanera, recuerda claramente ese número. De la almacenadora salieron los materiales para esas casas. “Se mandaron a La Guaira, Punto Fijo y Fuerte Tiuna”, evoca después de hacer una pausa.
Pagos hechos sin justificativos, material de las casas guardados en galpones y otros que aún se encuentran en los puertos y aduanas son parte de las irregularidades que han rodeado el desarrollo de este acuerdo. El despacho de Clodosbaldo Russián recomendó al Ministerio de Vivienda tomar una decisión: rescindir el contrato, exigir su cumplimiento de acuerdo con las condiciones establecidas o efectuarle las modificaciones que consideraran necesarias.
En su informe, la Contraloría se queja de la “poca documentación para verificar el cumplimiento de este convenio”. Señala que Petróleos de Venezuela, a través del fondo binacional Bolívar-Artigas, pagó a Umissa 45% (70,69 millones de dólares) de los 155,47 millones de dólares establecidos en el contrato. El déficit nacional de viviendas, cercano a 2 millones de casas, obligó a Chávez a decretar la emergencia hace tres semanas. Desde entonces aprobó recursos, propuso a Fuerte Tiuna como sede para un desarrollo habitacional y prepara una ley para la intervención de tierras urbanizables. El convenio con la empresa uruguaya, sin embargo, no ha representado una solución para los venezolanos sin vivienda después de cuatro años de suscrito.
Negocio misterioso
En Cojedes se supo poco sobre estas casas, pese a que el ex gobernador de la entidad Johnny Yánez Rangel, para entonces presidente de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, encabezó la negociación. En las veredas terrosas del barrio El Retazo de San Carlos, los niños juegan descalzos en los pozos donde se confunden las aguas negras con las blancas. Pocas casas son de bloque; la mayoría se sostiene con palos y planchas de zinc.
Irma Ruiz, vocera del consejo comunal del sector y dirigente de base del PSUV, se enteró por casualidad hace tres meses de la existencia de las casas uruguayas. Junto con unos vecinos recorría galpones para ubicar uno donde pudieran instalar una empresa socialista, hasta que se llevó una sorpresa: “Entramos y vimos materiales de construcción, pocetas, techos. Nos sentimos indignados porque eso lleva años ahí guardado y nosotros no tenemos viviendas dignas. Nadie le informó a la comunidad que esas casas que le compramos a los uruguayos estaban ahí”.
El consejo comunal de El Retazo calcula que se necesitan 700 viviendas para sustituir los ranchos. Las mujeres de ese barrio quisieron tomar el galpón donde se guardan los kits de las casas que llegaron del sur. Una veintena de ellas se fue hasta el local, llamó a los medios y logró que la secretaria del gobernador Teodoro Bolívar las atendiera. “Nos prometieron que nos entregarán esas casas muy pronto”, dice Ruiz, esperanzada. En Cojedes hacen falta 30.000 viviendas, según cálculos del alcalde de San Carlos, José Ramón Moncada. En la capital de la entidad el déficit ronda las 4.000.
En la Asamblea Nacional tampoco asoman detalles del acuerdo binacional. Fuentes parlamentarias aseguran que no se expuso el impacto económico ni la planificación del proyecto. La ley aprobatoria del convenio bilateral, publicada en la Gaceta Oficial número 38455, no brinda los pormenores del acuerdo comercial. Aunque prefiere reservar su nombre, un diputado oficialista señala: “Unos dicen que no se instalaron las casas porque el material era contaminante. Otros porque no estaban completas. Eso es responsabilidad de quienes hicieron la evaluación. No puedes hacer un convenio y después decir que los materiales no son aptos”. El parlamentario hace referencia a las denuncias que circularon, apenas se firmó el contrato, sobre la posibilidad de que las casas contuvieran una sustancia nociva como el asbesto o que fueran de fácil combustión, hechos que Umissa negó en esa oportunidad.
Las autoridades de Cojedes sabían poco más. Julio Hernández, diputado del Consejo Legislativo de esa entidad por el partido Podemos, señala que el ex gobernador Yánez Rangel no presentó el proyecto ante el parlamento local. Asegura que nunca se habló de los terrenos destinados para la construcción de las casas uruguayas o del dinero que tendría que invertir ese estado. “Guido Antonini Wilson, el hombre del maletín, y Yánez Rangel establecieron una triangulación para comercializar esas casas. Se usó el nombre del estado Cojedes para la negociación. Las pusieron en un depósito en la zona industrial de San Carlos y aquí no se construyó nada. Esas casas en realidad iban dirigidas a Carabobo, fueron negociadas con el ex gobernador Luis Felipe Acosta Carlez”, afirma.
La Contraloría encontró un vínculo con Carabobo: allí funcionan tres depósitos de los kits de viviendas, dos en Valencia y uno en Puerto Cabello. Sin embargo, no registró ninguna casa del convenio construida en esa entidad. En Ciudad Ojeda, estado Zulia, está otro de los almacenes.
El Universal
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