Falta de política industrial acentuó el modelo rentístico

Durante los 12 años de Gobierno de Chávez cayó el peso de la manufactura. El PIB del sector manufacturero cayó el año pasado 3,4%, superior al declive de toda la economía, que fue de 1,4%

Doce años después del ascenso de Hugo Chávez al poder la economía nacional está en la misma encrucijada de 1999. "No podemos seguir dependiendo de esa variable exógena que es el precio del barril de petróleo", dijo el 2 de febrero en la Asamblea Nacional (AN) quien ese día asumía el cargo como Presidente de la República.

Esta semana en ese mismo escenario los ministros del área Económica Productiva descubrieron las fisuras de la estrategia económica. Ricardo Menéndez, ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (Mctii) aseguró que el "nuevo modelo productivo" pretende dejar atrás la dependencia del petróleo, pero Edmeé Betancourt, ministra de Comercio, abogó por el uso de la renta petrolera para importar y frenar la inflación.

"Sí tenemos que importar porque nosotros estamos en la lucha y nosotros combatimos la inflación y para que la inflación siga bajando como la estamos llevando a paso de vencedores nosotros tenemos que importar", dijo Betancourt en la interpelación hecha por los parlamentarios el pasado martes.

Para Ismael Pérez Vigil, presidente ejecutivo de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), la contradicción en el discurso de los funcionarios revela el problema de fondo de los últimos años: la ausencia de una política industrial.

"Es obvio que no tenemos una política industrial, una concepción de dónde debe estar Venezuela en los próximos años en materia productiva". Según Pérez, en el tema industrial el mandato de Chávez se ha caracterizado por tres grandes fases que, en ningún caso, dieron resultados.

Una primera etapa, apuntó el directivo, fue la de inyectar recursos a las empresas del Estado, especialmente a las básicas, pero "eso fue un desaguadero". A esta le siguió el intento por consolidar la cogestión y las cooperativas, "pero eso también fracasó" y, finalmente, la toma de "empresas exitosas" por parte del Estado como la Cantv, la Electricidad de Caracas o algunas cementeras. Esta última fase se extendió con las expropiaciones masivas, especialmente entre 2008 y 2010.

"Todo aquello del desarrollo endógeno se acabó, se agotó.", agregó Pérez. Paradójicamente, la consecuencia de esa conducción en materia productiva ha hecho a la economía nacional más dependiente del petróleo. A pesar de aquella promesa presidencial de 1999 y del hilo conductor del discurso oficial, el denominado socialismo del siglo XXI amplificó el carácter rentista de la economía.

Las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) señalan que en 1999 las exportaciones petroleras representaban casi el 80% de los ingresos nacionales, pero ese mismo indicador se elevó hasta 95% el año pasado. Por su parte, las exportaciones no petroleras de 1998 fueron de 4.228 millones de dólares y en 2010 apenas llegaron a 3.469 millones de dólares, esto es, un 18% menos. "Dependemos como nunca del petróleo, rentismo puro y duro", dijo Pérez.

Entrampado
Para el representante de Conindustria el "ataque" al sector privado ha propiciado esta situación. Sin planes del Ejecutivo para ampliar el tejido industrial o para potenciar la producción de algunos rubros, sólo las importaciones, tal y como reconoció la ministra de Comercio, lucen como la única salida de corto plazo para abastecer el mercado local.

Sin embargo, esa práctica condena la posibilidad de reinvertir los ingresos por concepto de petróleo en la ampliación del aparato productivo, generando así un círculo vicioso. "Este país se ha quedado sin alternativa frente al futuro".

En su libro Venezuela: ¿Hacia dónde va el modelo productivo? (2009) Víctor Álvarez, ex ministro de Industrias Básicas y Minería, subraya que el crecimiento que registró la economía durante 22 trimestres consecutivos fue de "mala calidad", ya que sectores como manufactura y agricultura lejos de expandirse perdieron peso relativo en la conformación del PIB.

"El crecimiento del PIB en los últimos cinco años ha sido realmente motorizado por los sectores de las telecomunicaciones, el comercio importador y los servicios financieros, los cuales no garantizan la soberanía productiva", escribió.

En efecto, las cifras del BCV indican que en 1998 la actividad manufacturera representaba 17,36% del PIB, pero doce años después sólo supone 15,1% del PIB. El propio Álvarez ha insistido en la necesidad de elevar la densidad industrial del país de 0,3 establecimientos industriales por cada 1.000 habitantes a niveles como los de Colombia y México que tienen 1,2 y 1,7, respectivamente.

Sin salidas
En el sector industrial no ven condiciones, ni seguridad para invertir en posibles expansiones o para que vengan al país nuevas industrias. "¿Quién va a invertir? Si eres eficiente el Gobierno te expropia y ni si quiera te indemniza", dijo Pérez. De acuerdo a los cálculos del gremio entre 2002 y 2011 se efectuaron 623 expropiaciones.

Ante este panorama, en Conindustria ven pocas salidas. El PIB del sector manufacturero cayó hace dos años 6,4%, superior a la caída de 3,3% de la economía; el año pasado el retroceso fue de 3,4% también superior al declive de toda la economía de 1,4%.

"Estamos en una recesión técnica desde hace dos años y no hay condiciones objetivas para pensar que este año sea distinto", puntualizó Pérez.

El Universal

Costo de la canasta alimentaria ha aumentado 306% en 6 años

Salario mínimo cubre 89,5% del costo de alimentos. En 2005 alcanzaba para 91,6%

Una economía de precios controlados desde hace años no ha sido razón suficiente para que se detenga la caída del poder adquisitivo. El costo de la canasta de alimentos se ha incrementado 306,3% en seis años.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que el gasto de una familia promedio de cinco personas pasó de 350,49 bolívares en enero de 2005 a 1.423,99 bolívares en igual mes de este año.

Buena parte de los alimentos básicos en la dieta del venezolano tienen sus precios regulados, pero eso no ha evitado que el costo de la canasta se haya incrementado con más fuerza que los precios al consumidor en general. El Banco Central de Venezuela (BCV) indicó que el índice de precios al consumidor para Caracas avanzó 255% en un lapso de seis años.

Los datos que presenta el INE mensualmente incluyen el impacto de los subsidios a los alimentos que se expenden bajo la red de mercados gubernamentales Mercal. Al excluir de la canasta el impacto de este subsidio, el valor de la cesta alimentaria ascendió a 1.469,83 bolívares en enero de este año.

El INE mide los precios de los 50 productos alimentarios más consumidos por los venezolanos, para luego calcular su costo en una familia promedio.

Los productos que representan el mayor costo para los hogares son las frutas y hortalizas, que se llevan 30,8% del presupuesto estimado por el organismo gubernamental para cubrir los gastos en alimentación. Los datos oficiales indican que para enero de este año una familia gastaba 437,99 bolívares al mes en esos alimentos, mientras que el gasto por persona mensual fue de 80,04 bolívares.

44% de la cesta sin controles

El segundo rubro que representa el gasto más intenso para los hogares es el de cereales y productos derivados, que representaban 14,8% del costo en alimentos para enero. De acuerdo a las mediciones del INE, para ese mes los hogares gastaban en promedio 211,78 bolívares, mientras que el costo en arroz, harina de maíz, pan, pastas y avena por persona se calculó en 43,56 bolívares.

Le sigue el rubro de raíces, tubérculos y otros, que acaparó 13,3% del costo de la canasta alimentaria, equivalente a 189,38 bolívares por familia. Entre tanto, el gasto mensual promedio por persona que calculó el INE para el mes pasado fue de 40,21 bolívares para papas, yuca, apio y ocumo.

En resumen, 44% del costo de la cesta básica de alimentos estuvo concentrado en rubros cuyos precios no están regulados: frutas, hortalizas y tubérculos.

Precisamente a inicios de este mes el viceministro de Economía Agrícola, Ricardo Fong, indicó que el Gobierno nacional analiza la definición de una banda de precios para regular las hortalizas, ante la alta incidencia que tienen esos bienes sobre la inflación.

El incremento del costo de los alimentos que componen la canasta alimentaria tuvo su pico en el año 2009, cuando el repunte fue de 40,6%. En enero de 2010 la variación se achicó hasta 20,1%, para luego expandirse a hasta una tasa interanual de 29,3% al cierre de enero de este año, de acuerdo a los datos del INE.

Pero el tema no solo se trata en el repunte de los precios de los alimentos básicos, pues el salario mínimo, además, no ha crecido al mismo ritmo del avance del costo de la canasta alimentaria que mide el INE.

La remuneración básica en el país ha aumentado en 281,3% en seis años, en menor proporción que el alza de la cesta.

En enero del año 2005 un salario mínimo -que se situaba en 321 bolívares- alcanzaba para cubrir 91,6% de los gastos básicos en alimentación. Seis años después la remuneración -de 1.223,89 bolívares- sirvió para costear 85,90%.

El Universal

Canasta alimentaria del INE subió 9,5% en Caracas en enero

El organismo reportó que cesta de alimentos ha subido 29,15% en un año

La canasta de alimentos básicos se incrementó en 3,87% al cierre del mes pasado, tras ubicarse en 1.423,99 bolívares, según reportó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si bien el alza de los precios es bastante elevado, en algunas ciudades el repunte fue más profundo. En Caracas el costo de la cesta alimentaria aumentó 9,52% entre diciembre de 2010 y enero de este año. En la región capitalina el monto que debió destinar una familia promedio de cinco personas para adquirir los productos básicos de su dieta fue de 1.469,42 bolívares.

En Mérida el incremento del costo en un mes fue de 4,27% y en Maracaibo de 4,22%. El organismo gubernamental indicó en un comunicado de prensa que el resto de las ciudades estuvieron por debajo del promedio nacional.

Esas fueron las subidas más pronunciadas, pero el costo más alto del país fue en Maracaibo, donde los hogares debieron destinar 1.576,41 bolívares en enero para costear la canasta alimentaria normativa que calcula el INE.

En un comunicado de prensa del organismo reveló que los rubros que presentaron una variación más acentuada fueron las zanahorias 35,96%, los pimentones 18,23%, papas 16,37%, tomates 13,81%, pastas alimenticias 12,03%, cebollas 10,83%, plátanos 9,0% y auyama 8,48%. Entre los productos que disminuyeron sus precios en enero se encuentran las caraotas negras -6,37%, arvejas -3,28%, mango -2,33%, patilla -1,72% y naranjas -1,53%.

El costo de la cesta de alimentos básicos se ha abultado en 29,15% en el último año, de acuerdo al reporte del INE. En enero del año pasado las familias debían destinar un total de 1.102,58 bolívares.

Regulados suben 2,99%

Al menos en el último mes, el instituto de estadística reportó que el incremento de 3,87% estuvo presionado por el avance de 4,44% que registraron los precios de los productos que no están sometidos al control de precios. Sin embargo, los alimentos que tienen regulaciones a sus precios se incrementaron 2,99% en un mes.

El costo que reporta regularmente el INE se basa en las mediciones que hacen en los abastos, mercados populares, supermercados y en la red de mercados gubernamentales Mercal. El organismo destacó a través de un comunicado de prensa al excluir de la canasta el impacto de Mercal (que vende a precios subsidiados), el valor de la cesta alimentaria fue de 1.469,83 bolívares.

La diferencia con una cesta adquirida en locales tradicionales fue de 45,84 bolívares equivale a un ahorro de 3,22% al adquirir algunos productos en los mercados populares, pues esta red no comercializa todos los rubros.

El Universal

Ritmo suicida de la deuda

El endeudamiento quiebra la economía. El país está comprometido con la cifra de $112.425 millones hasta febrero de 2010 Las empresas públicas quebradas o semiquebradas están devorando el presupuesto nacional

El endeudamiento de la Venezuela contemporánea comenzó durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, entre 1974 y 1978.

Fue una verdadera vorágine de deuda la que sufrió Venezuela ese tiempo y buena parte de los problemas que hoy padecemos se incubaron durante esa administración.

Y cuando suponíamos que habíamos aprendido la dolorosa lección, el gobierno de Hugo Chávez la está repitiendo casi al pie de la letra.

Con un alza de los precios petroleros que pasaron de de US$ 3,5 por barril en 1973 a US$ 10,3 por barril, se lanzó CAP a un ambicioso plan de desarrollo llamado la Gran Venezuela que se basó en un aumento de la presencia del Estado en la economía tanto en su rol de regulador como el de empresario.

Comenzó el Estado a crear empresas de todo tipo que se fueron tragando los jugosos ingresos petroleros y al ser estos insuficientes, se recurrió al endeudamiento público.

Saltó la deuda nacional de US$ 1.708 millones en 1973 hasta US$ 11.418 millones en 1978, es decir, de 10% del PIB a 29% del PIB. Con esa deuda se beneficiaron muchos pero perdió el país. Se tuvo, años después, que sacrificar el gasto social para cancelar los intereses de ese endeudamiento y luego vender parte de las empresas fundadas a precios de liquidación ante su inminente bancarrota.

Mientras Venezuela se intoxicaba con una falsa bonanza, donde unos disfrutaban y otros se enriquecían ilícitamente, dos ciudadanos ilustres, Juan Pablo Pérez Alfonzo y Jorge Olavarría advertían el rumbo equivocado que llevaba el país.

Pocos les hicieron caso. Pérez Alfonzo se declaró en rebeldía contra su propio partido y bautizó al plan de CAP, como el PDN, el Plan de Destrucción Nacional.

ALGO PARECIDO
Con Chávez sucede algo similar. Cabalgando sobre el sentimiento de una Venezuela frustrada y decepcionada asume el poder Hugo Chávez en 1999 y se encontró con una Venezuela con un nivel de endeudamiento relativamente bajo porque la administración de Caldera, prácticamente no gobernó sino que se dedicó a dejar en orden las finanzas públicas. Aún con una caída de los precios petroleros en 1998, Caldera hizo importantes amortizaciones de la deuda.

A partir de 2002 se embarca el gobierno de Chávez a un ritmo suicida al incremento de la deuda pública. Pero lo que más daño ha hecho es la política de estatizaciones de empresas, situación que hace insuficiente los ingresos petroleros y obliga al gobierno a tener que endeudarse.

El curso que ha tomado la deuda pública nacional se parece al que adquirió cuando CAP I porque ocurre en un contexto de alza importante de los precios del petróleo.

Cuando hay una situación de frenesí a muchos se les nubla la vista y aparentan no ver los problemas que se comienzan a formar. Actualmente, con el presidente Chávez ha aparecido una modalidad de endeudamiento inédita en Venezuela: la gigantesca deuda que está amasando Pdvsa.

Esta empresa o lo que queda de ella le debe al todo el mundo: a quienes compran sus bonos, al BCV, a los bancos extranjeros, a los contratistas y proveedores, a los expropiados, quienes no han recibido sus pagos y a los trabajadores a los cuales no se les honra su contrato colectivo.

El que no quiera ver que no vea, pero lo cierto es que el nivel de endeudamiento de Venezuela se está tornando un verdadero peligro para el futuro y las nuevas generaciones. El conglomerado de empresas públicas que está quebrado, semiquebrado o en proceso de quiebra, está devorando el presupuesto nacional.

En la fiesta de demagogia que vive Venezuela, los aprovechadores de turno se frotan las manos cada vez que el presidente Chávez anuncia un nuevo programa porque anticipan que algo quedará a los disfrazados de empresarios.

Igual sucede cuando se fija en una empresa a ser expropiada. Los candidatos a dirigirla comienzan a afinar el lápiz y proyectar sus futuros ingresos en sus cuentas particulares.

Por ese camino, la deuda nacional ha trepado a la cifra de US$ 112.425 millones hasta febrero de 2010, en un cálculo aproximado, en vista de la falta de actualización de las estadísticas fiscales en Venezuela.

Todo ello se documenta en el cuadro adjunto. Como siempre, los interesados en que siga el festín de la deuda apelan a los supuestos bajos niveles de endeudamiento respecto el PIB, sin tomar en cuenta la extraordinaria volatilidad de la economía venezolana.

El nuevo gobierno que puede darse Venezuela a partir de 2012 va a tener que ser muy riguroso con el tema de la deuda ya contraída. Pagar lo que se deba y plantearse una política más racional de las nuevas emisiones y no dejarse llevar por los cantos de sirena de interesados en lucrase con el endeudamiento del país.

Tal Cual Digital

El sector público tiene paralizadas 49.581 casas

Costo unitario de las viviendas que harán las comunidades será de Bs 78.116

Desde fines del pasado año, el Presidente Hugo Chávez ha señalado que es necesario impulsar la construcción de viviendas, sin embargo, la gestión del sector público en materia habitacional deja como saldo: lentitud en el avance de las obras.

Un informe del Ministerio de la Vivienda, que maneja la Vicepresidencia de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, señala que los entes oficiales, institutos regionales y organizaciones comunitarias se encargan de 422 desarrollos habitacionales, en los que se realizan 128.076 unidades.

De esa totalidad de soluciones, 49.581 viviendas se encuentran paralizadas y 78.495 casas están ejecución.

El vicepresidente de la Comisión de Administración y Servicios, César Rincones, señala que esos proyectos fueron programados en el año 2005 y siguen sin terminarse, en ese marco, destaca que en algunos complejos habitacionales la situación es más crítica.

"Existe un conjunto de viviendas que están paralizadas entre otras razones por la falta de inversión, fallas en el suministro de los insumos y problemas con las contratistas".

Para el parlamentario "esta es una especie de estafa inmobiliaria que se produce desde el Gobierno y que no es objeto de expropiaciones".

Esos proyectos, de acuerdo a las cifras del informe, fueron contratados por la cantidad de 14, 6 millardos de bolívares.

Casas del poder popular

Mientras los entes oficiales están sin culminar las obras pactadas en otros ejercicios, el primer mandatario asegura que para este 2011 se realizarán 150.000 viviendas.

En esa meta se incluyen las casas que efectuarán los consejos comunales, y ayer la Comisión de Finanzas de la Asamblea aprobó un crédito adicional por 3 millardos de bolívares para las transformaciones de ranchos por viviendas que harán las comunidades.

Aunque el jefe de Estado en días pasados, indicó que las comunidades producirían viviendas por la vía de la autoconstrucción, el informe presentado ante el Parlamento, indica que los consejos comunales efectuarán sustituciones de ranchos por viviendas y en total se modificarían 40.000 unidades. El costo unitario de cada solución habitacional será de 78.116 bolívares.

Ese informe agrega que "para llevar a cabo el plan con mayor eficiencia y abaratar los costos de cemento y cabilla se suscribieron convenios de cooperación entre la Corporación Socialista del Cemento, Sidor y el Ministerio de las Comunas. Las corporaciones han venido suministrando a las organizaciones los insumos en las cantidades requeridas para los proyectos en 24 centros de acopio".

Estas unidades están previstas para atender a los damnificados por las lluvias del pasado mes de diciembre.

Para cubrir el crédito se utilizan recursos del Fondo de los Consejos Comunales de 2009 y 2010 y el Fondo Miranda.

Adicional al crédito para vivienda, los diputados aprobaron otra operación extraordinaria por 320 millones de bolívares para el Ministerio de Alimentación. Con esos fondos se adquirirán alimentos para los damnificados que se encuentran en 760 refugios.

Esos recursos garantizan la atención por un período de seis meses. En el informe presentado a la Comisión de Finanzas se indica que el costo diario de cada comida en los refugios es de 15,70 bolívares.

El Universal

Pdvsa deberá afrontar otros tres arbitrajes por expropiaciones

El consorcio Simco reclama $62,2 millones y Bs 163 millones a Pdvsa

La política de nacionalización y estatización de las empresas de servicios del sector petrolero conlleva riesgos jurídicos para Petróleos de Venezuela, que deberá enfrentar tres nuevos procesos y demandas internacionales de arbitraje.

El informe financiero trimestral de Pdvsa revela que en marzo de 2010 el consorcio Simco (Servicios de Ingeniería, Mantenimiento, Construcción y Operaciones), conformado por Wood Engineering Limited, de Estados Unidos, introdujo una solicitud de arbitraje contra Pdvsa ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en Nueva York.

Simco alega que Petróleos de Venezuela rompió un contrato de servicios de tratamiento e inyección de agua en pozos del lago de Maracaibo. La estatal venezolana reporta que los demandantes reclaman daños por 62 millones 243 mil dólares y 163 millones 348 mil bolívares.

El tribunal de arbitraje, generalmente compuesto por tres miembros (uno por cada parte envuelta en el juicio y un tercero designado por el tribunal) fue conformado el 2 de diciembre de 2010. Los términos del litigio están por acordarse y se espera que la primera audiencia tenga lugar este año.

Simco inició operaciones con Pdvsa en 1998 y durante 16 años debía "encargase de las necesidades de inyección de agua en el Lago de Maracaibo en Venezuela, específicamente en las áreas Lagomar, Lagotreco, Lagocinco, Lagomedio, Sur Centro Lago", según indica su página web.

Asimismo, Wood Engineering Limited, una transnacional norteamericana con más de 29.000 empleados en 50 países, proporciona servicios e ingeniería de operación y mantenimiento para perforaciones en hidrocarburos.

Ante el Ciadi
La nacionalización de las empresas de servicios en el estado Zulia también generó otros dos reclamos contra Pdvsa, éstos ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

Fuentes del sector petrolero indicaron que el grupo Universal Compression International Holding, casa matriz de Exterran, registró una solicitud de arbitraje ante el Ciadi en abril de 2010 contra Petróleos de Venezuela.

Si bien Universal Compression International Holding es de capital estadounidense, Exterran está registrada en España, por lo que puede ampararse y protegerse bajo el tratado de promoción y protección de inversiones vigente entre Venezuela y España. Este convenio bilateral es el que se ha invocado en el reclamo ante el Ciadi.

El otro reclamo fue introducido en marzo de 2010 por Tidewater, empresa estadounidense que posee una flota de embarcaciones de apoyo a actividades de exploración, desarrollo y producción de crudo y gas en el mar. La solicitud de arbitraje se realizó ante el Ciadi y se prevé que para este año se hagan las primeras audiencias. Tidewater dispone de una flota global con más naves, operando y proveyendo servicios marinos al sector petrolero y gasífero en más de 60 países.

Decisión en camino
Precisamente en el Ciadi está en fase conclusiva el arbitraje planteado por ExxonMobil contra Pdvsa por Cerro Negro, en el cual la empresa norteamericana reclama más de 7 mil millones de dólares en daños por la decisión del Ejecutivo nacional de eliminar los convenios operativos y proponer la figura de las empresas mixtas. Pdvsa espera que se tome decisión durante los primeros meses de este año.

Empresa uruguaya niega incumplimiento de contrato con Venezuela

La empresa metalúrgica de Uruguay dice que el cambio de ocho ministros en el Ministerio de Vivienda y del Hábitat venezolano no contribuyeron a acelerar la ejecución del contrato firmado con Caracas

Montenvideo.- Una empresa metalúrgica de Uruguay aseguró el viernes que no ha incumplido un contrato con Venezuela para la venta y armado de 8.000 casas por unos 150 millones de dólares y que ese acuerdo de 2006 sigue vigente. En entrevista telefónica con AP, Gastón Tealdi, gerente general de la Unión Metalúrgica Industria del Sur (Umissa), desmintió las declaraciones del ministro de Energía venezolano Rafael Ramírez que el jueves aseguró que ``se exigirá'' a la compañía uruguaya el cumplimiento de los contratos.

Tealdi indicó que ``hubo muchos problemas'' burocráticos en Venezuela y que el cambio de ocho ministros en el Ministerio de Vivienda y del Hábitat venezolano no contribuyeron a acelerar la ejecución del contrato firmado en Caracas con la presencia del ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez y Hugo Chávez. En principio, el contrato establecía la exportación de 12.000 casas desarmadas de Umissa, pero en diciembre de 2009 se redujo a 8.000 viviendas ``de las cuales llevamos ejecutadas el cincuenta por ciento'', dijo Tealdi.

Agregó que ``ya estábamos en conocimiento de esta denuncia venezolana y preferimos no ahondar en más detalles toda vez que involucra a los gobiernos. Pero de parte de Umissa hemos ido cumpliendo con el contrato que sigue vigente y además mantenemos un buen relacionamiento (relación) con Ricardo Molina, ministro de Vivienda y Hábitat de Venezuela''. Tealdi, desmintió a su vez que Venezuela haya pagado la totalidad del contrato de 150 millones de dólares por el armado de esas casas con todos los implementos. ``No pagaron ninguna casa que no hayamos levantado'', dijo, pero no dio detalles de lo que Umissa lleva cobrado. ``No hemos incumplido nada'', aseguró Tealdi y mencionó que el tema se está analizando a nivel oficial. En el gobierno uruguayo no hubo comentario sobre la denuncia venezolana.

Desde el gobierno de Vázquez (2005-2010) Uruguay ha fortalecido sus lazos comerciales con Venezuela y suscrito decenas de acuerdos y convenios. El más importante de esos acuerdos estableció la compra de petróleo venezolano por parte de Ancap, el ente refinador de petróleo uruguayo, que es pagado 75% al contado y 25% a 15 años de plazo con un interés anual del 2%. Ancap ha acumulado una deuda superior a los 700 millones de dólares con el gobierno de Chávez, lo que ha llevado a sus autoridades a intentar concertar una quita con Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Reportaje del año 2010 en La Patilla.
Casas compradas por Venezuela a Uruguay no fueron ensambladas

octubre 17, 2010 9:45 am Publicado en: Destacados, Nacionales

Pagos sin justificativos, irregularidades administrativas y retrasos en los puertos han signado el acuerdo binacional ­firmado en 2006­ para la importación de 12.193 viviendas. Después de 4 años sólo han sido ensambladas 11, aun cuando ya se canceló 45% del monto del convenio. Así lo revela el reportaje especial de Adriana Rivera de El Nacional.

En la zona industrial de San Carlos, donde el asfalto es un lujo y salir con los zapatos llenos del barro recién mojado por la lluvia es casi inevitable, se encuentra el galpón en el que se almacenan las piezas con las que se podrían ensamblar al menos 600 casas importadas de Uruguay. A pocos metros de allí se ve una losa escondida entre la grama.

Eso es lo que queda de la estructura modelo que fue presentada por primera vez durante una visita del presidente Hugo Chávez a Cojedes en 2006. Era una de las 12.193 viviendas prefabricadas (17% para emergencia o refugio y 87% urbanas) que debían construirse en el plazo de un año, en varios estados del país, según el convenio que el Estado firmó con la empresa Unión Metalúrgica Industrial del Sur S. A., Umissa.

La Contraloría General de la República detalló en su informe de gestión de 2009 -presentado en agosto de este año- que sólo hay 11 de esas estructuras en pie, en tres puntos del país. Winston Barón, coordinador del convenio en la entidad llanera, recuerda claramente ese número. De la almacenadora salieron los materiales para esas casas. “Se mandaron a La Guaira, Punto Fijo y Fuerte Tiuna”, evoca después de hacer una pausa.

Pagos hechos sin justificativos, material de las casas guardados en galpones y otros que aún se encuentran en los puertos y aduanas son parte de las irregularidades que han rodeado el desarrollo de este acuerdo. El despacho de Clodosbaldo Russián recomendó al Ministerio de Vivienda tomar una decisión: rescindir el contrato, exigir su cumplimiento de acuerdo con las condiciones establecidas o efectuarle las modificaciones que consideraran necesarias.

En su informe, la Contraloría se queja de la “poca documentación para verificar el cumplimiento de este convenio”. Señala que Petróleos de Venezuela, a través del fondo binacional Bolívar-Artigas, pagó a Umissa 45% (70,69 millones de dólares) de los 155,47 millones de dólares establecidos en el contrato. El déficit nacional de viviendas, cercano a 2 millones de casas, obligó a Chávez a decretar la emergencia hace tres semanas. Desde entonces aprobó recursos, propuso a Fuerte Tiuna como sede para un desarrollo habitacional y prepara una ley para la intervención de tierras urbanizables. El convenio con la empresa uruguaya, sin embargo, no ha representado una solución para los venezolanos sin vivienda después de cuatro años de suscrito.

Negocio misterioso

En Cojedes se supo poco sobre estas casas, pese a que el ex gobernador de la entidad Johnny Yánez Rangel, para entonces presidente de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, encabezó la negociación. En las veredas terrosas del barrio El Retazo de San Carlos, los niños juegan descalzos en los pozos donde se confunden las aguas negras con las blancas. Pocas casas son de bloque; la mayoría se sostiene con palos y planchas de zinc.

Irma Ruiz, vocera del consejo comunal del sector y dirigente de base del PSUV, se enteró por casualidad hace tres meses de la existencia de las casas uruguayas. Junto con unos vecinos recorría galpones para ubicar uno donde pudieran instalar una empresa socialista, hasta que se llevó una sorpresa: “Entramos y vimos materiales de construcción, pocetas, techos. Nos sentimos indignados porque eso lleva años ahí guardado y nosotros no tenemos viviendas dignas. Nadie le informó a la comunidad que esas casas que le compramos a los uruguayos estaban ahí”.

El consejo comunal de El Retazo calcula que se necesitan 700 viviendas para sustituir los ranchos. Las mujeres de ese barrio quisieron tomar el galpón donde se guardan los kits de las casas que llegaron del sur. Una veintena de ellas se fue hasta el local, llamó a los medios y logró que la secretaria del gobernador Teodoro Bolívar las atendiera. “Nos prometieron que nos entregarán esas casas muy pronto”, dice Ruiz, esperanzada. En Cojedes hacen falta 30.000 viviendas, según cálculos del alcalde de San Carlos, José Ramón Moncada. En la capital de la entidad el déficit ronda las 4.000.

En la Asamblea Nacional tampoco asoman detalles del acuerdo binacional. Fuentes parlamentarias aseguran que no se expuso el impacto económico ni la planificación del proyecto. La ley aprobatoria del convenio bilateral, publicada en la Gaceta Oficial número 38455, no brinda los pormenores del acuerdo comercial. Aunque prefiere reservar su nombre, un diputado oficialista señala: “Unos dicen que no se instalaron las casas porque el material era contaminante. Otros porque no estaban completas. Eso es responsabilidad de quienes hicieron la evaluación. No puedes hacer un convenio y después decir que los materiales no son aptos”. El parlamentario hace referencia a las denuncias que circularon, apenas se firmó el contrato, sobre la posibilidad de que las casas contuvieran una sustancia nociva como el asbesto o que fueran de fácil combustión, hechos que Umissa negó en esa oportunidad.

Las autoridades de Cojedes sabían poco más. Julio Hernández, diputado del Consejo Legislativo de esa entidad por el partido Podemos, señala que el ex gobernador Yánez Rangel no presentó el proyecto ante el parlamento local. Asegura que nunca se habló de los terrenos destinados para la construcción de las casas uruguayas o del dinero que tendría que invertir ese estado. “Guido Antonini Wilson, el hombre del maletín, y Yánez Rangel establecieron una triangulación para comercializar esas casas. Se usó el nombre del estado Cojedes para la negociación. Las pusieron en un depósito en la zona industrial de San Carlos y aquí no se construyó nada. Esas casas en realidad iban dirigidas a Carabobo, fueron negociadas con el ex gobernador Luis Felipe Acosta Carlez”, afirma.

La Contraloría encontró un vínculo con Carabobo: allí funcionan tres depósitos de los kits de viviendas, dos en Valencia y uno en Puerto Cabello. Sin embargo, no registró ninguna casa del convenio construida en esa entidad. En Ciudad Ojeda, estado Zulia, está otro de los almacenes.

El Universal

Exportaciones de gasolina de Pdvsa cayeron 64,9% en 8 años

Los retrasos en los nuevos proyectos de refinación y modernización de los existentes, como El Palito, Puerto La Cruz y el complejo de Paraguaná, ha impedido incrementar la capacidad de producción, que actualmente está en 336.000 barriles por día, según cifras de Petróleos de Venezuela

El repunte en el consumo interno de gasolina ha motivado que Petróleos de Venezuela se haya visto obligada a reducir las exportaciones de este combustible. En 2002 vendía 137.000 barriles diarios en el exterior y 8 años más tarde ese volumen bajó a 48.000 barriles, una caída de 64,9% con tendencia a seguir disminuyendo.

Los retrasos en los nuevos proyectos de refinación y modernización de los existentes, como El Palito, Puerto La Cruz y el complejo de Paraguaná, ha impedido incrementar la capacidad de producción, que actualmente está en 336.000 barriles por día, según cifras de Petróleos de Venezuela.

La preocupación se ha planteado porque el consumo de gasolina ­por el orden de 290.000 barriles por día- alcanzó 86% del nivel de producción y se quiere evitar la importación, aunque hay expertos que aseguran que Pdvsa se ha visto precisada en determinados momentos a comprar este producto en el exterior.

Las tres nuevas refinerías ­Cabruta, Batalla de Santa Inés en Barinas y en el estado Zulia- deberían estar próximas a concretarse, toda vez que se previeron hacer en un período de 6 años, desde 2006 a 2012, pero fue hace tres años cuando comenzó el proyecto. "En el año 2009 se materializó el Plan Siembra Petrolera Refinación 2009-2021, que incluye la construcción de nuevas refinerías en suelo venezolano", indicó Pdvsa en su informe de operaciones.

En la estatal se previó que la refinería Batalla de Santa Inés, y todavía se mantiene, será inaugurada en 2012, aunque expertos vinculados con la obra aseguran que en el mejor de los casos estará lista en 2014, la de Cabruta está prevista para 2016 y la del Zulia para 2021.

Los planes de conversión profunda aún se encuentran en la búsqueda de financiamiento y sólo fue la semana pasada cuando Pdvsa informó que había suscrito memorandos de entendimiento con las empresas japonesas Mitsubishi Corporation e Itochu, para llevarlos adelante.

Toda una brecha. El tema del precio de venta pesa en las cuentas de Pdvsa si se toma en cuenta que en Venezuela se expende a un equivalente de 3,58 dólares por barril, mientras que en las estaciones de servicio de Citgo ­la filial que tiene en Estados Unidos- ese mismo volumen aporta casi 132 dólares, lo que implica una brecha superior a 3.500% con respecto a la tarifa actual del país en dólares, asumiendo la tasa de cambio de 4,30 bolívares.

A principios del gobierno del presidente Hugo Chávez, en 1999, todavía existía una diferencia pero en ese momento el precio de un barril de gasolina estaba en 30 dólares aproximadamente y ese indicador ha venido disminuyendo, debido al congelamiento del precio y a la devaluación sucesiva que ha tenido la moneda nacional.

Por lo pronto, en Pdvsa se descarta todo aumento en el precio del combustible, existe reticencia a la aplicación de un plan de racionamiento, pero en cambio se espera que gracias a la campaña publicitaria que se lanzará con la imagen del corredor de Fórmula 1 Pastor Maldonado, se logre sensibilizar a los conductores de vehículos particulares y revertir el aumento en el consumo, y más bien se reduzca en 20%.

El Nacional

Gastos básicos de una familia suman cuatro salarios mínimos

La Canasta Básica de Alimentos, Bienes y Servicios de enero tuvo un costo de 5.051,36 bolívares, presentando una variación de 72,86 bolívares, lo que representa un aumento de 1,5% con respecto a diciembre de 2010, cuando subió 45,31 bolívares.

De acuerdo con el informe mensual del Centro de Documentación y Análisis para los trabajadores (Cenda), que reseña El Nacional, se registraron mayores incrementos en artículos indispensables para la higiene personal y del hogar, salud y alimentos. En cuanto a los artículos de aseo personal, en varios de los establecimientos visitados no había toallas sanitarias y papel toilette.

De enero de 2010 a enero de 2011 la canasta básica presentó una variación anualizada de 25,1%, lo que representa 1.012,03 bolívares.

El ingreso familiar hipotético (2 salarios mínimos / Bs. 2.447,78) tiene un poder adquisitivo de 48,5% presentando un déficit de Bs. 2.603,58 (51,5%). Es decir que una familia requiere de cuatro salarios mínimos para poder cubrir sus necesidades básicas.

Según el informe, la Canasta Básica de los Trabajadores, está conformada por el costo mensual de los alimentos, más el de los artículos de aseo personal y limpieza del hogar, servicios públicos básicos (gas, aseo, agua, luz eléctrica, teléfono y transporte); vivienda, salud, educación, vestido y calzado, siendo éstos los gastos más significativos que tiene una familia trabajadora venezolana, integrada por cinco miembros, de los que dos trabajan.

Los artículos de aseo personal y limpieza del hogar mostraron una variación de 2,2%, salud 2,1%, canasta alimentaria 1,7%, educación 1,3%, vestido y calzado 0,9%, vivienda 0,8% y servicios públicos básicos 0,4%.

Variaciones por grupos

El sector Salud subió Bs. 0,83 (2,1%). Según Cenda, se observaron alzas en antipiréticos y analgésicos, aunque hay variedad de marcas y costos. El valor total de este grupo fue de Bs. 39,73.

La Canasta Alimentaria subió Bs. 43,28 (1,7%). Raíces, tubérculos y otros 6,5%, bebidas no alcohólicas 5,2%, frutas y hortalizas 3,2%, carnes y sus preparados 1,6%, grasas y aceites 0,7%, cereales y productos derivados 0,1%, azúcar y similares 0,1%, leche, quesos y huevos 0,1%, pescados 0,0%. Bajaron: semillas, oleaginosas y leguminosas -9,0%, productos alimenticios -2,8%. El costo total de este grupo fue de Bs. 2.535,46.

El Carabobeño

Chávez afirma que con Misión Vivienda hará 2 millones de unidades en 7 años.

En 12 años y con dos misiones el Gobierno hizo 284 mil viviendas

El Presidente Hugo Chávez Frías en su programa de este domingo relanzó una misión vinculada con el área de vivienda, porque en un plazo de siete años realizará 2 millones de unidades habitacionales. Sin embargo, en 12 años ya tuvo dos misiones y el saldo de construcción fue de 284.000 viviendas.

En noviembre de 2010, y previo a la emergencia generada por las lluvias, el primer mandatario anunció que era el momento de impulsar la producción de viviendas, debido a que la construcción ya reflejaba un resultado negativo. Con los daños registrados por los aguaceros del pasado mes de diciembre, Hugo Chávez, manifestó que la fabricación de unidades la asumía como un reto personal y que debía agilizarse.

Para afianzar sus objetivos, aprobó por la vía de la Habilitante, la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda, que declara de utilidad pública los terrenos e inmuebles no residenciales ociosos y crea áreas vitales para construir, y junto a la autorización del marco legal, expresó que para este año se efectuarán 150.000 casas (dicha meta abarca unidades de empresas privadas, entes regionales y organismos públicos).

Este domingo, Hugo Chávez fue más allá y decidió que esas acciones formarán parte de un plan que denominó la gran Misión Vivienda Venezuela, y que incluirá a las dos misiones pasadas (Hábitat y Villanueva) así como nuevas estrategias.

"Viene una etapa nueva ya no son las misiones, lo que viene ahora son las grandes misiones que articulan (...) una gran misión, mucho más allá de lo que hasta ahora hemos conocido como misiones quizás coyunturales y focalizadas en un problema, no, esto es una dimensión mucho mayor, mucho mayor".

Primera misión

El mandatario, a lo largo de la alocución, insistió en que el plan abarcará cinco aristas, pero hasta los momentos los anuncios no distan de los efectuados en otros ejercicios. Ya en otros períodos se previeron metas de construcción de 120.000 casas, se lanzaron misiones y hasta se invitó al sector privado a participar en los planes.

El Gobierno, cuando inició su gestión en 1999, contempló objetivos anuales de construcción de 60.000 casas, los cuales se mantuvieron hasta el año 2003 y es en 2004 cuando se dio un giro con la creación del Ministerio de Vivienda y Hábitat.

Una vez conformado el despacho, en 2005 fue lanzada la Misión Hábitat, en ese momento Hugo Chávez Frías instó a sus ministros a construir 120.000 unidades por año y amplió las fuentes de recursos para financiar los proyectos.

Esa misión abarcó el programa cierre de ciclo (terminación de las viviendas contempladas en los programas de 2001 y 2002), la firma de convenios internacionales con Brasil, Irán, Cuba y Uruguay, la rehabilitación de ranchos por viviendas, y el plan Caracas (que implicó la realización de edificios en diferentes zonas de la ciudad y el cual sigue en ejecución).

Esos programas se acompañaron de reformas legales. El Parlamento aprobó la Ley del Deudor Hipotecario y la Ley del Régimen de Vivienda y en ambos instrumentos se incluyeron tasas de interés sociales para los créditos, subsidios directos y además la gaveta hipotecaria.

En ese período, además se desarrolló un plan con los privados, en el cual el Estado aportaba 30% de los recursos y las empresas el resto. El programa era para la clase media.

Segunda misión

En 2007 el Gobierno nuevamente aseguró que se aceleraba la marcha en la construcción de viviendas y lanzó la Misión Villanueva. Este plan dio inicio a las ciudades socialistas.

Esa misión absorbió la rehabilitación de barrios y el plan Caracas, y adicionalmente incorporó una meta de construcción de 110.000 casas en dos años, así como la conformación de ciudades satélites, ciudades gemelas y micro ciudades a fin de desarrollar el modelo productivo socialista. Adicionalmente, el Estado asumió el control en la producción de los insumos (cemento y cabillas).

Pese a los planes y el mayor volumen de recursos, los años en los que se llegaron a realizar más soluciones fueron 2006 y 2007, cuando se hicieron 54.000 y 58.000 unidades, respectivamente (esos montos abarcan las transformaciones de ranchos por casas).

Aunque entre 2009 y 2010 fueron pocas las referencias a la misión Villanueva, en los presupuestos anuales tuvo prioridad y los recursos programados fueron para ciudades socialistas y seguir con la transformación de ranchos por vivienda.

Para este 2011 se relanza la misión, que tendrá cinco áreas que serán detalladas en los próximas semanas. En siete años el Gobierno se prepara para producir 2 millones de viviendas, aunque en 12 años realizó 14% de ese objetivo.

El Universal

Tras ocho años de controles la economía está en un laberinto

Sólo con estímulo a la oferta se lograría crecer con baja inflación

Ocho años atrás en febrero de 2003, Hugo Chávez controló el precio de más de la mitad de los productos que componen la canasta básica y, al mismo tiempo, instauró el control de cambio a fin de frenar la salida de divisas y garantizar la estabilidad del dólar. El resultado no ha sido el esperado. La inflación acumula un salto de 405% que en los últimos doce trimestres ha mermado la capacidad de compra del salario, mientras que la moneda sufre una feroz devaluación y el precio del dólar en el mercado oficial aumenta 168%, desde 1,6 bolívares hasta 4,30.

Al igual que durante el control de precios aplicado por los gobiernos de Jaime Lusinchi y Rafael Caldera, la producción se desestimuló, la variedad de productos cayó en picada y para evitar escasez el Gobierno, periódicamente, se ha visto forzado a permitir ajustes muy importantes en bienes básicos.

Analistas añaden que la producción nacional también cayó por la falta de inversión en un ambiente signado por las expropiaciones, mientras que la política fiscal, verdadera causa de la inflación, impulsó la demanda inyectando de manera desordenada petrodólares a la economía.

En el terreno cambiario, el Gobierno mantuvo fijo el precio del dólar por cinco años, una decisión que en medio de la elevada inflación sobrevaluó la moneda, una enfermedad donde los productos importados resultan más baratos que los elaborados en el país.

Así, las importaciones se disparan desde un promedio de 14% del PIB en 2003 hasta 21% en los últimos cuatro años, de acuerdo con un reporte elaborado por Barclays Capital.

El incremento de las importaciones a niveles insostenibles y el desajuste que en todo control de cambio crea la aparición de un dólar paralelo no han dejado más alternativa que devaluar el bolívar.

El desequilibrio ha puesto al Gobierno frente a opciones nada fáciles para lo que resta de este año.

Inflación o escasez

La última devaluación catapultó el tipo de cambio para las importaciones de bienes básicos, todos bajo control de precios, desde 2,6 bolívares por dólar hasta 4,30 pero aún el Ejecutivo no ha permitido que las empresas sinceren los costos. El economista Orlando Ochoa no duda en señalar que "se trata del mismo dilema que en su momento enfrentó el gobierno de Jaime Lusinchi. O permites el aumento de los precios o tienes escasez que al final es peor".

La decisión no es fácil. El año pasado la capacidad de compra del salario retrocedió 5,3% y el precio de los alimentos, variable que golpea con fuerza a las familias de menos recursos, ya acumula un alza de 37% en los últimos doce meses.

Criollos e importados

Para contener el alza de los precios el Gobierno ha anunciado que contempla importar masivamente para abastecer al mercado y fijar precios más bajos a través de subsidios.

Este es el segundo dilema. A pesar de la última devaluación Barclays precisa que el bolívar continúa sobrevaluado en 32%, por tanto, la importación masiva frenará la producción nacional y la creación de empleo. Este efecto sería aun más marcado si el Ejecutivo, como ha anunciado, vende a precios subsidiados los productos importados en un intento por contener a toda costa la inflación.

Crecer o no crecer

El salto de los precios del petróleo inyecta recursos a la caja del Gobierno y es posible estimular el crecimiento a través del gasto, pero el incremento de la demanda encontraría a una oferta limitada y, por tanto, el resultado sería inflacionario.

Efraín Velásquez, presidente del Consejo de Economía Nacional, indica que "el objetivo tendría que ser crecimiento con baja inflación pero esto sólo es posible con una política que estimule la oferta". Desde su punto de vista las trabas están en "un sistema cambiario que restringe el acceso a las divisas, las expropiaciones, las paradas eléctricas que afectan la actividad industrial y, como hemos visto últimamente, el impacto de eventos climáticos".

"Si se recurre a las importaciones tendría que ser en el corto plazo para evitar el desabastecimiento mientras que al mismo tiempo se cambia la política para estimular la oferta", dice Efraín Velásquez.

El Universal

Despega inflación en bienes importados al por mayor

Compras al exterior ayudan a abastecer al mercado pero frenan la producción local

La devaluación de la moneda comienza a sentirse en el precio al por mayor de los productos importados que en enero registra un salto de 4,1%, la magnitud más elevada para el primer mes del año desde 2003.

Progresivamente los comerciantes trasladarán este ajuste a los consumidores, que en los últimos nueve trimestres han sufrido pérdidas en la capacidad de compra del salario.

La fuerza que acrecienta el precio de los productos importados proviene, principalmente, de la devaluación anunciada a principios de este año que elevó el tipo de cambio para la compra de bienes básicos desde 2,6 bolívares por dólar hasta 4,30 bolívares. Si bien el ajuste cambiario impulsará el precio de los productos comprados en el exterior, Venezuela mantiene una política económica donde las importaciones resultan más baratas que los bienes nacionales.

La diferencia entre la inflación venezolana y la del resto de los países determina que lo que se puede comprar con 4,30 bolívares dentro del país es mucho menos de lo que se adquiere en el exterior.

En un informe fechado el 8 de febrero Barclays Capital señala que el bolívar, aun después de la última devaluación, mantiene una sobrevaluación de 32%, es decir, el tipo de cambio de equilibrio es de 6,3 bolívares por dólar.

El Gobierno ha anunciado que se dispone a importar masivamente como una manera de enfrentar la inflación más elevada de América Latina, que en los últimos doce meses acumula un avance de 28,5%.

José Guerra, ex gerente de investigación económica del Banco Central, señala que no hay salida fácil. "Si el Gobierno recurre a las importaciones con una moneda sobrevaluada va a frenar la producción nacional y sacrificará reservas internacionales, pero si no lo hace también hay un efecto negativo". Agrega que "si no recurre a las importaciones entonces habrá más inflación y desabastecimiento".

En los últimos siete años el Estado ha incrementado a paso firme sus importaciones y las compras al exterior del sector público se disparan desde 17,6% del total en 2006 hasta 33,8% al cierre de 2010. "Es importante destacar los cambios graduales en la estructura de las importaciones venezolanas a favor del sector público, dado que por quinto año consecutivo éstas muestran participaciones porcentuales cada vez mayores", dice Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela, en su mensaje anual.

El dólar barato estimula las compras al exterior y la economía se ha hecho más dependiente de las importaciones en los últimos cuatro años.

El Universal

Venezolanos esperan respuestas sobre empleo y vivienda

Un total de 15 ministros del aéra social tiene previsto asistir hoy a la Asamblea Nacional para ser interpelados, entre ellos, los titulares de Trabajo, Vivienda, Alimentación, Agricultura y Tierras.

Las expectativas ciudadanas están enmarcadas en mejoras salariales y mayores beneficios laborales. Este es el caso de Luis Vargas, quien solicita a la ministra de Trabajo, María Cristina Iglesias, velar más por los trabajadores. "Ese salario no nos alcanza. Por lo menos el sueldo mínimo no sirve, fíjate 1.000 no alcanza ni para hacer un mercado en la semana", dijo a El Universal.

Vargas solicitaría además al ministro de Vivienda, Ricardo Molina, ser vigilante de las viviendas que se entregan a las familias damnificadas. Como ciudadano afectado de la vaguada de 1999 en Vargas, denunció que hay personas que suelen vender los inmuebles y luego vuelven a aspirar por otra infraestructura, restando oportunidades a quienes verdaderamente necesitan.

En el mismo contexto, Marlon Gradiel le gustaría preguntarle al ministro Molina los planes para garantizar viviendas a todos los venezolanos. Además si estuviera en la interpelación de la ministra Iglesias le consultaría si considera que los salarios actuales se ajustan a las necesidades de los venezolanos.

Por su parte, José Tomás Durand, otro de los encuestados, abogó por mayores oportunidades laborales y fiscalización de los proyectos de vivienda, construcción de carreteras y otras obras. "Porque si a mi me dan un dinero, yo tengo que dar cuentas".

Otra de las inquietudes ciudadanas tienen que ver con el retraso la nueva Ley Orgánica de Trabajo. Rafael Osorio se pregunta dónde quedó la propuesta de la reducción de la jornada laboral.

La preocupación de las consejes tampoco se hizo esperar. Hay personas como Elizabeth Serra que solicitan mejores condiciones de trabajo. "Yo tengo una señora que es conserje y está mal. Es mayor y no le han dado sus prestaciones". En igual condición está Laura Monterola, quien se desempeña como conserje y le inquieta la poca claridad que existe en cuanto a los derechos laborales que le asiste. Pide que se le reconozca como a cualquier otro trabajador.

El Universal

Precio de productos agrícolas aumenta 68% en doce meses

La inflación aún no refleja del todo el impacto de la devaluación

Las estadísticas del Banco Central de Venezuela desnudan que no se detiene el alza en el costo de los alimentos, la variable que impacta con mayor fuerza la calidad de vida de las familias más humildes.

Solo en enero, el costo de los productos agrícolas aumenta 9,1% y en los últimos doce meses el incremento acumulado alcanza 68%.

El BCV indica que el rubro de las hortalizas, con un aumento de 11,1% es el que mayor aporta al encarecimiento de los alimentos en el país.

En términos generales, los alimentos, registran un avance de 4% en enero y de 37,3% en doce meses, el salto más elevado en las economías de América Latina.

Así, las familias de menos recursos, que destinan el grueso del salario a la compra de alimentos sufren el mayor impacto, de hecho, el Banco Central precisa que para este sector la inflación es de 30,1% en doce meses versus 27,7% en el estrato más pudiente.

Al evaluar el comportamiento de los precios en su conjunto es evidente que la inflación, lejos de perder intensidad, cobra fuerza.

El resultado de enero es un avance de 2,7% que se traduce en el incremento más fuerte de los últimos nueve meses.

Entre enero de 2010 y enero de este año la inflación acumula un rebote de 28,5% versus 24,3% en el período anterior, otra señal muy clara de que el desbalance está vivo.

José Manuel Puente, economista y profesor del IESA, considera que la fuerza que impulsa los precios proviene de la devaluación de la moneda y el desajuste entre la oferta y la demanda tras el declive de la producción nacional.

El Gobierno incrementó el tipo de cambio para alimentos y medicinas desde 2,6 bolívares por dólar hasta 4,30 encareciendo el costo de las importaciones que resultan vitales para abastecer al mercado.

"Un elemento importante es que el efecto del ajuste cambiario aun no ha finalizado, faltan incrementos de precios en alimentos y medicinas que van a presionar la inflación durante los próximos meses", adelanta José Manuel Puente.

Las cifras avalan esta apreciación. Los productos controlados solo aumentan 1,8% en enero, mientras que los no controlados se encarecen 3,4% reflejando en mayor medida el efecto de la devaluación.

José Manuel Puente subraya que "si el Gobierno no permite el aumento en el precio de los productos controlados habrá desabastecimiento".

Complementa el diagnóstico e indica que en un entorno signado por las expropiaciones y las regulaciones era de esperar "una caída sistemática de la producción nacional".

En su opinión todo apunta a que los venezolanos soportarán este año una inflación en torno a 30%, magnitud que superaría holgadamente la meta del Gobierno de lograr un resultado en torno a 23%.

Si el gabinete económico fracasa será muy difícil que las empresas aumenten los salarios en una proporción que permita compensar la inflación y, por tanto, la capacidad de compra de las familias seguirá deteriorándose.

Por ahora la escasez no se sale de control. Los encuestadores encargados de constatar los precios detectaron que de cada 100 productos que solicitaron en abastos, supermercados y toda la red de establecimientos que cubre al país, 12,6 no estaban disponibles en enero, una proporción inferior a 13,3 de diciembre.

Pero se reduce fuertemente la capacidad del consumidor de elegir el producto de su preferencia. El índice oficial que mide la diversidad de marcas en los anaqueles de abastos y supermercados disminuye desde 149,5 en diciembre hasta 146,5.

El Universal

La inflación de enero fue de 2,7 % según reporta el BCV

En doce meses los precios acumulan salto de 28,5%. La aceleración se siente en áreas clave. Alimentos y bebidas no alcohólicas registran un alza de 4%.

El reporte elaborado por el Banco Central de Venezuela refleja que la velocidad con la que aumentan los precios se incrementa. En enero de este año la inflación registra un avance de 2,7% versus 1,8% en diciembre y 1,7% en enero de 2009.

Con este resultado los precios acumulan un salto de 28,5% en los últimos doce meses, una variación que supera con creces a la sufrida por el resto de los países de América Latina.

El aumento de los precios se siente en áreas clave para la calidad de visa: alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecen 4% y Salud, 4,5%.

El Banco Central señala que el alza del costo de los alimentos "estuvo fuertemente impactado por el aumento de los precios de los rubros no elaborados (8,4%), particularmente el de las hortalizas (11,1%)".

La inflación en las principales ciudades del país se comportó de la siguiente manera: Maracaibo, 1,6%; Ciudad Guayana, 1,9%; Maracay, 2,1%; Barcelona- Puerto La Cruz, 2,1%; Barquisimeto, 2,2%; San Cristóbal, 2,2%; Valencia, 2,4% Maturín, 2,6%; y Resto Nacional, 2,7%. Los mayores registros del mes corresponden a Mérida, con 2,8%, y Caracas, con 3,6%, ambos superiores al resultado nacional.

El Universal

Industria cautelosa por precios de materias primas

BCV evalúa reintegro para liquidaciones hechas a Bs 4,30 al sector de alimentos

La industria de alimentos está cautelosa a la espera de que se materialice el convenio cambiario número 15, el cual señala que todas las importaciones de alimentos que hayan sido realizadas hasta el 31 de diciembre serán liquidadas al cambio de Bs 2,60 por dólar, para dar curso a las compras de materias primas que están pendientes.

Fuentes de sector de alimentos informaron que luego de la aprobación del convenio cambiario han sido liquidadas divisas a Bs 4,30, situación que generó incertidumbre en la industria, pues además del impacto de la devaluación, los precios de los commodities en los mercados foráneos han escalado vertiginosamente en los últimos meses.

Esta situación ha incidido en los niveles de inventario que maneja la industria. Tal es el caso del trigo, la leche en polvo y las grasas cuyos embarques han sido pospuestos en espera de que se aclare el panorama cambiario.

Esta semana, las autoridades del Banco Central de Venezuela manifestaron a la industria de alimentos que serán enviadas "las ráfagas" con los datos de las divisas que deben liquidarse al cambio de Bs 2,60, y que en el caso de aquellas liquidaciones que se hicieron a la tasa de Bs 4,30 habrá un reintegro por la diferencia.

Asimismo, estudian la posibilidad de que el reembolso se aplique también a los derechos arancelarios que fueron liquidados al cambio de Bs 4,30.

Los industriales señalan que las empresas no están en capacidad de asumir los costos generados a raíz de la devaluación si no se revisan los precios regulados, donde incluso hay productos como el pan y la pasta cuyos valores no han sido modificados desde hace 18 meses.

Los precios de las materias primas en el mercado internacional tampoco dan tregua, y siguen en constante alza. Incluso, el propio Presidente Hugo Chávez ha reconocido que los precios de los alimentos en el mundo se han encarecido.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha manifestado que por séptimo mes consecutivo, en enero los precios de los alimentos alcanzaron record histórico.

El índice de la FAO señala que los precios subieron 3,4% promedio en enero, respecto a diciembre de 2010. En detalle, las grasas subieron 5,6%; lácteos 6,2%, azúcar 5,4%, y cereales 3%, reseñó la agencia EFE.

Sin embargo, el Ejecutivo nacional se ha negado a revisar las estructuras de costos de la industria, y a corregir las disparidades del control de precios, con el argumento de que se entregarían divisas a Bs 2,60 al sector de alimentos.

En espera
La modificación en el tipo de cambio oficial de Bs 2,60 a Bs 4,30 también ha afectado la reposición de inventarios de empaques para el sector alimentos, situación que está afectando la disponibilidad de productos en los anaqueles.

La producción de empaques en el país es insuficiente para atender la demanda de la industria, sobre todo en los rubros de alta rotación como leche en polvo, jugos, leche pasteurizada, harina precocida, margarina y cereales.

En el caso de los envases de resina, fuentes del sector informaron que la industria transformadora de envases puede atender solamente al 50% de la demanda de empaques de resina, entre los sectores de alimentos, medicinas, cosméticos y otros.

El Universal

Juan Crespo: "Los trabajadores han descubierto que el Estado es peor patrón"

El presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina afirma que es urgente importar trigo para evitar la escasez de pan y pasta, porque los inventarios en las plantas llegan hasta marzo

Los inventarios de trigo en las plantas procesadoras de harina llegan a marzo y puede haber escasez de pan y pastas si no se importa pronto la materia prima, informó Juan Crespo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Harina.

Crespo explicó que el precio del trigo importado es de 4,30 bolívares por dólar y el Gobierno debe tomar en cuenta esta situación, que afecta el precio final de los productos, y tomar las medidas pertinentes.

El directivo de Fetraharina y del Frente Autónomo en defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato es uno de los organizadores de la marcha que mañana, a las 10:00 de la mañana, partirá del Parque del Este hasta la zona industrial de Los Cortijos para rechazar las políticas del Gobierno que deterioran la calidad de vida de los trabajadores.

--Usted alertó sobre la posible falta de pan y pastas, alimentos de alto consumo.

--Nos preocupa que los inventarios de trigo lleguen hasta marzo, por lo que urge importar. Pero esa materia prima deberá comprarse a dólar de 4,60 bolívares en lugar de 2,60 bolívares, lo que afectará el precio final de los productos. Por ello, el Ejecutivo debe el subsidiar o permitir el ajuste de precios para evitar la escasez.

--La marcha del sábado rechazará las expropiaciones.

--En las empresas expropiadas, los trabajadores han descubierto que el Estado es peor patrón porque se niega a firmar los contratos colectivos y disminuye los beneficios laborales. Eso pasa en Sidor, Owens Illinois, mercados Bicentenario y Cemex.

--Pero en esos casos hubo un respaldo de los trabajadores.

--En su estrategia de estatizar, el Gobierno logró el apoyo de los trabajadores aprovechando los ánimos caldeados y creando expectativas en la discusión de los contratos colectivos. Pero una vez logrado el objetivo, la relación laboral es la misma que en el resto del sector público donde no discute los contratos y se eliminan los beneficios. En lugar de expropiar, el Ejecutivo debería incentivar el aparato productivo. El empleo formal crecería si bajara los impuestos a los industriales a cambio de que incrementen las nóminas.

--¿Qué opina del salario social?

--La socialización del salario es engañosa porque iguala hacia abajo el ingreso de los trabajadores. Por ello, la marcha de mañana exige un aumento general de salarios de 40% para recuperar el poder adquisitivo, golpeado por la inflación. Lo único que puede equilibrar el salario son los contratos colectivos, pero si la discusión se atrasa o se congela ese incremento lo absorbe el alto costo de la vida.

--¿Por qué exigen estabilidad laboral?

--El decreto de inamovilidad laboral está de adorno. Los empleadores de los sectores público y privado despiden a los trabajadores, por ejemplo en julio, pero les pagan hasta diciembre. Otra forma es sacar a la gente un día antes del período de prueba de tres meses. Peor aún, el decreto no impidió que en diciembre botaran y jubilaran a la fuerza a 1.000 trabajadores del Ministerio de Finanzas.

--¿Y la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo?

--El Gobierno es el primer interesado en que la Asamblea Nacional no la apruebe pese a que debió hacerlo hace diez años. Si se aprueba la retroactividad de las prestaciones sociales te imaginas cuánto deberá pagar por este concepto a sus trabajadores, al ajustar los salarios de contratos colectivos vencidos hasta 15 años

El Nacional

Fedecámaras presentará un plan de vivienda en los próximos días

El presidente de la cúpula empresarial, Noel Álvarez, indicó que la comisión de Desarrollo Urbano del gremio está afinando los detalles de la propuesta.

La Comisión de Desarrollo Urbano de Fedecámaras presentará en los próximos días una propuesta de vivienda, para buscar una solución al déficit habitacional que enfrenta el país.

El presidente de la cúpula empresarial, Noél Álvarez, indicó que el plan será presentado ante el país y que no tienen ningún inconveniente en hacerlo llegar al Gobierno para su consideración. Aseguró que el sector privado no ha dejado de trabajar por los problemas del país, pero lamentablemente no han sido tomados en cuenta por el Ejecutivo.

"No hemos tenido un diálogo ni una invitación abierta del alto Gobierno, salvo la comisión de dirigentes sindicales que ayer acudieron a Fedecámaras (...)Nosotros seguimos trabajando y si somos llamados presentaremos nuestras propuestas", dijo en declraciones a Unión Radio.

Álvarez destacó que el empresario se mantendrá aferrado a los principios y valores que los caracteriza para recuperar la confianza e inversión que necesita el país, "y eso pasa por el cese de la expropiaciones y persecución a los empresarios".

Destacó que Fedecámaras defiende como principios la propiedad privada, la libre iniciativa y libre empresa.

El Universal

El Mundo: Gobierno estudia fijar topes a salarios en el sector privado

El caos que desató la entrada en vigencia de la Ley de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los altos funcionarios del Gobierno aún no se ha detenido y ya algunos funcionarios asoman la posibilidad de extender esta normativa al sector privado, publica el diario El Mundo en su sitio en Internet.

Fuentes del Ministerio de Planificación y Finanzas aseguraron a este diario que en los últimos días miembros del Gabinete ejecutivo han centrado en establecer topes en los sueldos y salarios de los trabajadores del sector privado para “homologar” una propuesta que ha causado revuelo en la administración pública.

Así titulará El Mundo Economía & Negocios la edición impresa de este miércoles. Entérese de todos los detalles en la sección Políticas Públicas.

Ley de Emergencia facilita vías para expropiar tierras y galpones

Gobierno ordena a la banca crear otra cartera para financiar nuevos proyectos. En la Ley de Emergencia se le permite al Ejecutivo fijar los precios de los metros cuadrados para la construcción de viviendas

En la Gaceta Extraordinaria del 29 de enero el Gobierno publicó la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, que facilita las vías para declarar de utilidad pública y expropiar terrenos urbanos ociosos, inmuebles no residenciales y bienes que se califiquen de esenciales para la construcción de soluciones habitacionales.

El marco legal se redactó con motivo de la emergencia que generaron las lluvias el pasado mes de diciembre, pero ese texto más allá de atender esa situación, regula la producción de unidades y los precios de venta de las viviendas.

La Ley faculta al Ejecutivo a decretar zonas de emergencia así como áreas vitales de vivienda y de residencia, en las cuales el Estado podrá realizar un reordenamiento urbano y desarrollar los proyectos.

Facultades

Para la ejecución de los planes se le permitirá al Estado declarar de utilidad pública, interés social e importancia estratégica los inmuebles no residenciales así como los terrenos urbanos ociosos, subutilizados o sobre los que exista un uso inadecuado "a los fines del poblamiento en las áreas vitales de vivienda".

Los inmuebles no residenciales son galpones, instalaciones, infraestructura y depósitos que se encuentran en estado de abandono, inactividad, ociosos, subutilizados o de los que se haga uso inadecuado.

Las facultades del Ejecutivo se extienden a los bienes. La Ley de Emergencia en su artículo 5 señala que "se declaran de utilidad pública aquellos bienes esenciales que el Gobierno califique como necesarios para la ejecución de los proyectos habitacionales".

El primer mandatario en días pasados indicó que para atender a los damnificados agilizará la producción de viviendas y anunció que para este año se construirán 150.000 viviendas. Con el fin avanzar en su meta, el pasado 20 de enero exhortó a las comunidades a buscar galpones. "Hay 1.000, 2.000 galpones abandonados en Caracas, vamos por ellos que Chávez los expropiará".

Express

La Ley de Emergencia prevé vías que le garantizan al Estado acelerar las expropiaciones, y antes de llegar a ese paso se podrán hacer ocupaciones de urgencia y temporales.

Las ocupaciones de urgencia, aplicarán cuando las autoridades califiquen de urgente la ejecución de las obras, en ese momento se procederán a ocupar los terrenos ociosos y los inmuebles no residenciales.

Las ocupaciones temporales serán instrumentadas cuando las autoridades decidan ocupar aquellos bienes que requieren de forma no permanente para la realización de una determinada obra o actividad.

El texto incorpora las negociaciones amistosas, que surgirán cuando el Estado, después de la ocupación, determine que necesita esos bienes y pacta la compra con el propietario, si no hay acuerdo se procederá a la expropiación.

La Ley señala que una vez declarada la utilidad pública se concretarán las expropiaciones de los terrenos o inmuebles. Luego se estimará el justiprecio de esos bienes.

Precios y gaveta

La Ley permite a los entes fijar los precios de los metros cuadrados de construcción.

El Ejecutivo establecerá los parámetros y bandas de precios del metro cuadrado de terrenos para realizar viviendas para "acabar con la especulación y la usura". Ello se complementa con la prohibición de ajustar los montos finales de las casas construidas, no se podrá aplicar ningún indicador.

La Ley también ordena a los bancos, que adicional a la gaveta hipotecaria, deberán crear otra cartera obligatoria para atender los nuevos proyectos.

Hugo Chávez ya le solicitó a los bancos Bs 15 millardos para hacer las 150.000 viviendas.

El Universal