Un artículo del diario New York Post, afirmando que Venezuela tendrá que cancelar 8 mil millones de dólares por los bonos que, supuestamente Bandagro emitió en 1981, creó incertidumbre en el mercado y los títulos de la República descendieron hasta el nivel más bajo en tres semanas.El precio del Global 27, el bono que en mejor medida refleja la percepción de riesgo de los inversionistas descendió desde 74,87% hasta 73,75% y el Global 22 desde 88,25% hasta 86,5%.
Corredores consideran que la reacción del mercado es exagerada, puesto que la decisión del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Cincinatti, en Estados Unidos, solo indica que los tribunales federales de este país tienen competencia para resolver si Venezuela debe pagar los bonos.
Este fallo, que ahora se ha hecho público, es apelable ante la Corte Suprema de Estados Unidos y sería después de este paso cuando podría haber un dictamen sobre si el país debe cancelar o no los bonos Bandagro.
En declaraciones a New York Post David Richards, abogado de Skye Ventures, institución que reclama el pago de los bonos de Bandagro, aseguró que la Corte Suprema de Estados Unidos no será favorable a Venezuela.
Venezuela considera que los bonos son falsos y si no logra que la Corte Suprema decida que los tribunales de Estados Unidos no tienen competencia en este caso, el fallo definitivo, afirman abogados, probablemente será adverso para la República.
El autogol
El 8 de agosto de 2003, Tobías Nóbrega, para ese entonces ministro de Finanzas, envió a la procuradora general de la República, Marisol Plaza, un dictamen de la Consultoría Jurídica del despacho en donde se pronuncia a favor de cancelarle al Grupo Triad, de Panamá, un cúmulo de "notas promisorias" supuestamente emitidas por el extinto Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro) en 1981, que representan 600 millones de dólares sin contar los intereses.
Marisol Plaza fija posición el tres de octubre de 2003, cuando decide que "acepta la valoración y el criterio sostenido por la Consultoría Jurídica del Ministerio de Finanzas (...) y en tal sentido la Procuraduría General de la República se pronuncia por la procedencia de la citada reclamación".
Pero rápidamente cambian las cosas para el Grupo Triad. Tobías Nóbrega, quien había enviado a la Procuraduría el informe de su consultor jurídico, Oscar Guzmán Cova, sorpresivamente destituye a este funcionario y solicita un nuevo pronunciamiento legal, a la vez que afirma que no está dispuesto a cancelar las "notas promisorias".
En 2004 Skye Ventures compra dos notas al Grupo Triad por 100 millones de dólares y demanda a la República en Estados Unidos. En enero de 2005 la Procuraduría afirmó ante la Corte de Columbus que el dictamen del 3 de octubre de 2003 no es vinculante, catalogándolo de interadministrativo. Skye Ventures sostiene que adquirió los bonos por considerar vinculante el primer dictamen de la Procuraduría.
Al incluir intereses de mora el reclamo de Skye Ventures se ubica en 900 millones de dólares pero una sentencia a su favor abriría las puertas para que todos aquellos que tienen bonos de Bandagro exijan el pago.
El Universal
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