La medida de rescate de tierras aplicada el pasado 12 de octubre sobre 25 fincas en el municipio Machiques de Perijá (estado Zulia), para ser entregadas a la comunidad indígena Yukpa, abarca directamente 15.800 hectáreas y pone en riesgo la producción de 26.000 litros de leche diarios así como de unas 20.905 cabezas de ganado.
Pero la medida de rescate que ejerce el Instituto Nacional de Tierras (INTI) en esos 25 predios tiene alcance sobre un total de 40 unidades de producción y 500 pequeños productores que quedaron afectados de forma indirecta con esa acción del Estado.
Tal es el caso de las fincas Maraca, Maraquita, Medellín; Guariompa, Aguas Calientes, El Conuco, La Alcancía y San Francisco, las cuales están rodeadas por otras fincas que ya fueron invadidas y están en posesión de los Yukpas y por los fundos rescatados el 12 de octubre y que serán entregados el próximo 15 de diciembre a la comunidad indígena.
Los propietarios de estas unidades de producción están solicitando al INTI que los incluya en la medida de rescate de tierras, para que posteriormente les cancelen su patrimonio y puedan comprar en otro sector y seguir dedicándose a la actividad pecuaria.
Los productores que se encuentran en esta situación señalan que tanto sus bienes como la seguridad personal de ellos y sus familias queda en riesgo, pues al vivir rodeados por la comunidad indígena se exponen a robos, saqueos e incluso amenazas de muerte, como ha sucedido en los últimos años.
No es la primera vez que los organismos del Estado venezolano afectan tierras destinadas a la producción de carne y leche en esa región para entregárselas a las comunidades indígenas. En 2008, la comisión Nacional de Demarcación definió una poligonal para delimitar el territorio para las comunidades y pueblos indígenas. En ese entonces se demarcó y tituló más de 41.000 hectáreas para las comunidades Shirapta, Aroy y Tinakoa.
Entre 2001 y 2009 miembros de la etnia Yukpa se dedicaron a la invasión de fincas privadas afectando 10 unidades que en ese momento se encontraban en plena producción -Hacienda Maracay que fue parcelada y vendida a terceros; Hacienda Tizina que fue tomada dos oportunidades y las haciendas Ceilán, La Gran China, Paja Chiquita, Medellín, Kusare, Brasil y Playa Bonita-, las cuales fueron desmanteladas y hoy se encuentran improductivas.
Con las invasiones a fincas en la Sierra de Perijá se afectó tanto la producción de carne como de leche. Entre 2003 y 2004, los productores de la región arrimaban un promedio de 200.000 litros de leche diarios a las plantas procesadoras de leche, y actualmente el arrime está en el orden de los 40.000 litros diarios, una reducción de 80% en ocho años.
Miguel Rincón, presidente de la Asociación de Ganaderos de Machiques (Gadema), explicó que la medida sobre 25 fincas productivas en Machiques no es un proceso de demarcación sino un rescate de tierra, que incluso toma una finca que está fuera de la zona de demarcación. Además afirma que la acción de rescate del INTI es ilegal y contradice los procesos establecidos en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci) para la demarcación del territorio.
Asimismo, asegura que no hubo criterio para la selección de las fincas sino que las unidades de producción que resultaron afectadas por la medida fueron solicitadas por el Cacique Jesús Terán, de la comunidad Yukpa, "a dedo y de forma estratégica", quien posteriormente entregó la lista al Ministerio para los Pueblos Indígenas y al INTI.
"Están señaladas estratégicamente para encerrar otras unidades de producción. Por ejemplo, Hacienda Rancho Grande y Hacienda Rancho Alegre están en la medida, y a su alrededor quedan afectadas Hacienda Medellín, Maraquita y otras en esa zona que colinda con las comunidades Yukpas. Los indígenas en su tradicionalidad, que no es ganadera, se comen los animales que están en producción, deforestan la zona y crean un problema de producción y de convivencia".
Entre esas fincas que serán rescatadas, se incluyeron las 10 unidades de producción que fueron invadidas entre 2001 y 2009. Incluso se incorporaron dos que ya fueron parcelas y vendidas por Yukpas a terceros.
Los propietarios que son objetos de la medida, y que están en posesión de sus fincas, aseguran que no abandonaran sus propiedades hasta tanto el Estado les pague de forma justa y oportuna el valor de las bienhechurías.
Entre tanto, el Instituto Nacional de Tierras estuvo la semana pasada realizando las inspecciones técnicas en los predios "rescatados" para proceder con los avalúos de las 25 fincas en Machiques.
1. Hacienda El Rincón
El Rincón es una de las que resultó afectada con la medida de rescate. La tradición viene desde 1923 y una extensión de 400 hectáreas de las cuales 350 son tierras propias. Es una finca de doble propósito con producción de 1.500 litros de leche diarios, y genera 18 puestos de trabajo directo. Es propiedad de Héctor Trujillo, quien a sus 83 años relata que en agosto los Yukpas trataron de invadir la finca en dos oportunidades. En una de ella, los invasores vendieron la leche y el queso, se afectó el ganado e incluso perdieron animales en ese proceso.
Explicó que cuando recuperó la finca estaba en mal estado, las vacas lecheras estaban "secas" y no había reproducción. Actualmente el ordeño está en 700 litros diarios. Trujillo dijo que se sienten tranquilos porque el vicepresidente, Elías Jaua, aseguró que pagarían, con lo cual aspiran comprar otra finca y seguir trabajando. "Hasta que no me paguen no desocupo". La finca está custodiada por el Ejército, para que no la invadan.
2. Paja Chiquita
Esta hacienda fue invadida por los Yukpas en 2004. Otto Chacín, propietario, señala que las instalaciones que va a inventariar el INTI no son ni la sombra de lo que fue Paja Chiquita antes de la invasión, pues fue "saqueada y deforestada". De 300 árboles que había en distintos tipos de madera no quedó ninguno. Chacín asegura que la propiedad tenía una extensión de 1.024 hectáreas, de las cuales el INTI reconoce 790 hectáreas, con lo cual le están restando parte de su patrimonio. Chacín relata que cuando lo invadieron, los indígenas le dieron 24 horas para desalojar y le tomó cinco días movilizar el ganado y sacar algunos de sus bienes. Le aseguraron que en 60 o 90 días le pagaban y ya han transcurrido siete años. Su hijo Neuro Chacín visitó al menos 10 organismos del Estado, e hizo llegar decenas de comunicaciones a funcionarios del Gobierno buscando solución a su caso. Hoy están en el lote de las 25 fincas rescatadas y espera por el justo pago. "Con lo que me den aspiro comprar así sea una finquita de 500 hectáreas para continuar trabajando".
3. Hacienda El Paraíso
Esta es la única unidad de producción que está fuera de la zona de demarcación. María Jesús Romero, una de las propietarias de la finca, señala que no tienen comunidades indígenas al rededor por lo que no entienden por qué están siendo objetos de la medida de rescate. Apunta que las tierras son propias y tienen certificado de desprendimiento de la Nación en 1916, es el sustento de su familia, y además tienen la certificación de finca productiva que entrega el INTI. Produce unos 1.000 litros de leche diario y tiene rebaño de 1.346 animales. Asegura que tienen derecho a la permanecía y a seguir produciendo como siempre lo han hecho. Reconoce que los funcionarios del INTI han sido receptivos con su caso y presentará los alegatos para que le levanten la medida. Incluso hay productores que están solicitando cambiar con Hacienda Paraíso para que los incluyan en la medida de rescate, porque resultaron afectados de forma indirecta.
4. El Cedral
Ricardo Romero es uno de los propietarios que está solicitado al INTI que incluya su finca dentro de la medida de rescate de tierra, pues quedó rodeado por fincas que están en posesión de las comunidades indígenas. "Convivir con los hermanos Yukpas no es fácil. En el tiempo que tenemos trabajando cerca de ellos hemos tenido varios tropiezos. Hay un foquito que se encarga de robar, llegan encapuchados a robar, a saquear las materas. No es lógico que sólo quede un productor dentro de los Yukpas". Aclara que no la están entregando, pero prefieren que el INTI les pague por su propiedad y reubicarse en otro sector donde puedan seguir produciendo.
El Universal
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