La Ley de Administración de Costos y Precios permitirá al Ejecutivo nacional tener acceso a toda la información concerniente a la producción, distribución y comercialización de los bienes, nacionales e importados, considerados de primera necesidad, con la finalidad de fijar precios y ganancias "justas".El vicepresidente de la República, Elías Jaua, explicó que el objetivo central de la ley "es la regulación, administración y control necesario para mantener la estabilidad de precios y defender el acceso a bienes y servicios en igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital".
"Esta ley no es para atacar al sector privado, es para confrontar a los sectores especulativos (...) Aquel empresario privado, aquel comerciante privado, que no tenga como práctica la usura, la especulación, el aprovechamiento y el enriquecimiento ilícito no tiene por qué tener ningún temor", expresó
La normativa, que entrará en vigencia a partir de hoy, prevé la creación de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, a través de la cual se revisarán de forma periódica los costos de los sectores alimentos, salud y medicamentos, materiales de construcción y vivienda, educación, textiles, uniformes escolares, calzado, y útiles escolares.
Este organismo será el único autorizado para la fijación de los costos y los precios máximos de venta, así como bandas de precios en los casos que considere necesario.
Jaua informó que la Superintendencia tendrá la potestad de auditar las estructuras de costos para verificar la veracidad de las mismas.
La negación a suministrar la información requerida por dicho organismo derivará en sanciones que van desde amonestaciones escritas hasta 15 salarios mínimos (21 mil 112 bolívares); así como la ocupación de las empresas en caso de faltas graves.
El funcionario anunció que en el marco de esta ley también se creará el Sistema Integrado de Precios, el cual tendrá como funciones "controlar aquellas empresas cuyas ganancias son más que proporcionales a sus estructuras de costos".
Jaua aseveró que el espíritu de dicha normativa no es quebrar ni obligar a las empresas a trabajar sin márgenes de utilidad, no obstante, las ganancias serán fijadas de manera unilateral, a través de un sistema automatizado que analizará las variables que inciden en los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes básicos.
"Esta ley no está orientada ni a quebrarlos, ni a expropiarlos sino a garantizar un análisis transparente de los costos, que el pueblo sepa cuánto le cuesta producir, cuánto le cuesta importar, cuánto es la ganancia y cuánto el precio que deben pagar por esos bienes y servicio sin menoscabo de sus derechos a adquirirlos".
Aseguró que habrá un análisis permanente del margen de utilidad actual y el propuesto, y desestimó que exista un tope para la fijación de las ganancias de las empresas.
"Los sectores tendrán la posibilidad, a través de los ministerios competentes ante la Superintendencia, de solicitar revisiones periódicas de los precios y márgenes de ganancias de acuerdo a variaciones comprobables en las estructuras de costos que manejan".
La Superintendencia Nacional de Costos y Precios entrará en funcionamiento dentro de 90 días hábiles. Durante ese lapso se realizarán mesas de trabajo, que se iniciarán el próximo lunes, con los sectores que serán objeto de la regulación y el ministerio correspondiente para revisar el alcance de la ley.
El método
El mecanismo de revisión que se aplicará a estos sectores es el mismo que el Ejecutivo ha venido aplicando para la fijación de precios de los alimentos, pero se amplían los requisitos para hacer dichas solicitudes.
Las empresas deberán inscribirse en el Registro Nacional de Costos, en el cual las personas jurídicas tendrán que consignar el acta constitutiva y la última modificación de las empresas; la copia de la cédula del representante legal y la planilla de inscripción electrónica.
Una vez completado este proceso es que las empresas podrán consignar las estructuras de costos de los bienes que serán sometidos a revisión de precios, a través del Sistema Integrado de Precios.
"Habrá sectores que requieran revisiones y variación de precios mensuales, y otros anuales y trimestrales de acuerdo al sector y a las circunstancia económica de cada producto", explicó Jaua.
Aunque habrá un análisis conjunto con el sector privado, la última palabra la tendrá el Ejecutivo. "El análisis y la consulta que se hará con los sectores productivos no menoscaban la competencia del Ejecutivo en materia de fijación de precios. De eso no se trata cuando el Gobierno llama a mesas de trabajo. Al final la competencia es del Ejecutivo. No vamos a delegar eso al sector privado".
El Universal
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