Contratos de alquiler por tres años afecta la oferta de bienes

"Los propietarios tienen derecho a recuperar las viviendas, según sus necesidades", señaló Roberto Orta Poleo, presidente de Apiur.

La Asociación de Propietarios de Bienes Urbanos advirtió una reducción de la oferta de alquileres, si se aprueba en plenaria el artículo del proyecto de Ley de Arrendamientos que fija un plazo mínimo de tres años de duración del contrato de alquiler.

Roberto Orta Poleo, presidente de Apiur, señaló que alquilar un bien por tres años, más las prorrogas que se establezcan, significa que se estaría comprometiendo de entrada un inmueble prácticamente por cinco años.

Aseguró que los propietarios no están dispuestos a alquilar por ese plazo, si no que por lo general es costumbre en Venezuela arrendar por
un año, renovable por 12 meses más.

"Los propietarios tienen derecho a recuperar las viviendas, según sus necesidades", apuntó.

Teresa Borges, especialista en materia inmobiliaria, también coincide en una reducción de la oferta porque a algunos propietarios no están dispuestos a amarrarse a un contrato de tres años mínimos, porque le conviene solo uno o dos años.

Agregó que en todo caso, una medida de este tipo, sería aplicable en aquellos inmuebles destinados al alquiler únicamente.

Manifestó además que debe establecerse algún tipo de sanción para aquellos inquilinos que decidan irse del inmueble, sin haber cumplido el período de tres años de arrendamiento.

Sin garantías

Orta Poleo también expresó su preocupación por la eventual eliminación de los depósitos como garantía de alquiler, aprobado ayer en la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento que discute el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.

El presidente de Apiur manifestó que un propietario en cualquier parte del mundo exige una garantía de su patrimonio.

Señaló que el proyecto de ley no piensa en el inquilino de mañana, porque si bien actualmente van a estar sobreprotegidos, la realidad es que en el futuro no van a existir ofertas en alquiler con estas condiciones.

Orta Poleo expresó sus esperanzas de que se reconsidere varios aspectos del proyecto de ley cuando sea elevado a plenaria. El instrumento jurídico consta de 150 artículos, de los cuales ya han sido aprobados más de 50 en la Comisión de Administración y Servicios, para luego someterlos a debate con todos los diputados.

El Universal

El país se vuelve a endeudar

Hoy comienza oferta del Global 2031. MinFinanzas anunció la emisión de bonos por $ 4.2000 millones. El papel será liquidado el próximo viernes 5 de agosto y pagará un interés anual de 11,95% con abonos semestrales El 40% del monto será para empresas del sector productivo. Ayer el título se cotizó entre 80% y 70% de su valor

Hoy a las 9 de la mañana comienza el período de oferta del Bono Soberano Internacional Amortizable 2031 anunciado ayer por el Ministerio de Planificación y Finanzas.

Este lapso durará hasta el viernes 29 de julio al mediodía, momento en el cual culminará la recepción de las órdenes de compra. La emisión que tanto se había esperado será por 4.200 millones de dólares, vencerá el 5 de agosto de 2031 y pagará un cupón de 11,95% que se cancelará semestralmente.

Dentro de las condiciones divulgadas por el Ministerio se especifica que 40% de la colocación (1.680 millones de dólares) será destinada para el sector productivo nacional.

Por lo cual el restante 60% (2.520 millones de dólares) se repartirá entre personas naturales y empresas que no estén contempladas dentro de la categoría del sector productivo.

El lunes 1º de agosto anunciarán la adjudicación y resultados de la emisión. Mientras que la liquidación de los papeles se hará el viernes 5 de agosto a las 8 de la mañana.

Después de esto los títulos podrán ser negociados en los mercados internacionales y canjeados por divisas, lo cual es uno de los principales objetivos de la colocación: alimentar la demanda de divisas.

Los papeles se venderán a la tasa oficial de 4,30 bolívares por cada dólar. El monto mínimo de cada orden de compra es de 3.000 dólares (12.900 bolívares), con incrementos de 3.000 dólares. A esto se debe sumar la comisión de los bancos de 1%.

LIGERAMENTE SOBRE EL SITME
Uno de los objetivos que persigue el gobierno con los altos cupones que paga por sus colocaciones en los mercados internacionales es que el tipo de cambio implícito al canjearse los bonos se asemeje lo más posible a la tasa del Sistema de Transacciones de Títulos en Moneda Extranjera (Sitme).

Aunque los papeles anunciados por al República aún no se han adjudicado, en los mercados internacionales ya se están cotizando tomando en cuenta las características de los mismos.

Dentro este escenario los Bonos Globales 2031 se ubican entre 80% y 78% de su valor. Esto arrojaría un tipo de cambio implícito entre 5,40 y 5,54 bolívares por cada dólar, ambos cotizaciones ligeramente por encima de los 5,30 bolívares por dólar de la banda alta del Sitme.

Sin embargo, el valor de los papeles pudiera descender una vez sea liquidado el 5 de agosto. Esto obedecería a que en el mercado habría una sobreoferta del Global 2031 y esto afectaría los precios a la baja.

Bajo este escenario se estima que el valor pudiera descender a 76%, y con ello el tipo de cambio implícito sería de 5,65 bolívares por cada dólar.

En todo caso, estas emisiones continúan siendo una alternativa para acceder a dólares a una tasa preferencial, muy inferior a la que se pueda encontrar en el mercado negro.

Este endeudamiento por 4.200 millones de dólares (18.060 millones de bolívares) está enmarcado en la Ley de Endeudamiento Complementaria por 45 mil millones de bolívares aprobada el mes pasado por la Asamblea Nacional.

El objetivo de la deuda es invertir en las misiones Gran Vivienda Venezuela, AgroVenezuela y para el pago del servicio de la deuda pública.

Tal Cual Digital

Las cifras rojas de Sidor

Desde que el gobierno nacionalizó la empresa Siderurgica del Orinoco, la producción ha caido estrepitosamente. Mafias, corrupción, asuntos laborales y problemas en el sumunistro eléctico han mermado a la empresa, que bajó su actividad en más de 42%

Mientras las denuncias cobran fuerza en torno al “reinado de la cabilla”, juicio que involucra a personeros del Gobierno Nacional, la estatal Sidor registra una duplicación de producción semestral respecto al 2010 pero aún muy lejos de sus altos indicadores en tiempos de empresa privada.

En la primera mitad del año, Sidor produjo 1,4 millones de toneladas de acero líquido, muy cerca de las 1,8 millones de toneladas de todo el 2010, cuando la producción se desplomó un 42 por ciento por una aguda crisis energética que la obligó a poner fuera de línea varios hornos.

“Por la ausencia del recorte energético se ha podido duplicar la producción en todas las instalaciones durante el primer semestre del 2011″, dijo la firma en un comunicado.

El sector siderúrgico no ha escapado del ojo de la prensa. Las descubiertas mafias que manejaban el rubro de las cabillas y la ejecución de contratos ilícitos que presuntamente involucran personalidades adeptas al oficialismo mantiene entredicho el éxito o progreso del sector. Entre tanto, el juicio a involucrados en venta irregular de cabillas está, virtualmente paralizado.

En los libros contables del Consejo Nacional Electoral se logró detectar que Luis Velásquez Rosas, ex-gerente de Sidor, era coordinador de finanzas del Psuv, y ahora se descubre que estaba en “otro ámbito de negocio”.

Desde su renacionalización en el 2008, cuando el Gobierno socialista del presidente Hugo Chávez le compró la mayoría accionaria al consorcio internacional Ternium , la producción de Sidor ha venido en declive año tras año. En el 2010, la producción tocó su menor nivel desde 1996.

Sin embargo, para este año la siderúrgica prevé elevar su producción a unas 4 millones de toneladas de acero, aunque los trabajadores dudan de la meta fijada.

Sidor, ubicada en el suroriental estado de Bolívar, es la mayor siderúrgica de la región andina y el Caribe y una de las mayores de su tipo en el mundo, con una capacidad instalada de 5 millones de toneladas por año.

Tal Cual Digital

Ley de Costos crea estructura que anula función del mercado

La Ley de Costos y Precios Justos será el punto más alto de la intervención estatal en la economía. Ante la persistente presión de la inflación, el Ejecutivo decidió, vía decreto, sustituir al mercado como único fijador de precios.

La amplitud del texto legal quedó establecida en el artículo 3 del instrumento jurídico al afirmar que serán objetos del mismo "las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras que, con ocasión del desempeño de sus actividades dentro del territorio nacional, produzcan, importen o comercialicen bienes, o presten servicios, por lo cual reciban una contraprestación pecuniaria que satisfaga su intercambio".

"Si no comprendemos cómo funciona la economía lo que vamos a hacer es entorpecer aún más el funcionamiento de este ya bastante golpeado aparato económico venezolano y golpear el bolsillo de los consumidores", afirmó Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, una vez que el Presidente de la República firmó la ley.

Además de ese extenso paraguas de regulación, con la ley recién promulgada el Gobierno nacional levantará un riguroso sistema de vigilancia y control sobre los actores privados de la economía.

El artículo 10 del texto obliga a todos los sujetos a los que "resulte aplicable" la ley a "inscribirse y mantener sus datos actualizados en el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios". Tanto el Vicepresidente de la República como los Ministerios y los entes administrados por esos despachos podrán solicitar la inscripción en el registro "a los efectos de la realización de determinados trámites administrativos, o la obtención de autorizaciones o beneficios por parte del Ejecutivo nacional".

Ese registro nacional estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Costos y Servicios, que según el artículo 31, tendrá entre sus funciones fijar precios, administrar, supervisar, controlar y sancionar a quienes incumplan la normativa. También podrá "emitir criterios" sobre la utilización de "métodos de gastos, de utilidades" de las empresas y "tendrá las más amplias facultades de inspección y fiscalización".

Adicional al registro y la Superintendencia, el nuevo instrumento jurídico también crea el Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios, que estará conformado por la Superintendencia y los organismos públicos que tienen competencia en materia de precios y por "órganos auxiliares" como la Fuerza Armada y otros entes de seguridad nacionales, estadales o municipales.

Control absoluto

La estructura estatal creada en la Ley de Costos y Precios Justos anulará definitivamente la libertad que tenían algunas empresas y sectores para determinar precios en función de sus estructuras de costos.

Una vez entre en vigencia la ley- 90 días hábiles a partir del 18 de julio- será un regulador estatal el que sustituya la dinámica que se produce en el mercado entre los oferentes y demandantes.

Más allá de las violaciones constitucionales que establece la propia ley, según han advertido varios juristas, los gremios empresariales y algunos actores económicos alertan los riesgos de moverse en una economía estatizada.

Advierten que la imposición de controles "draconianos" en una economía inflacionaria, como la venezolana, sólo reducirá los incentivos para producir y abrirá las puertas de mercados paralelos o "negros" de difícil fiscalización.

El Universal

Déficit habitacional en el país es el más elevado de la región

Estiman que la brecha es de 78 viviendas por cada 1.000 habitantes

La lenta ejecución en la construcción de viviendas ha llevado a que el déficit habitacional en el país sea el más alto de la región latinoamericana.

El profesor del IESA, Carlos Molina, explicó que la menor oferta de unidades ha ampliado las brechas y por ello en Venezuela el déficit habitacional es de 78 viviendas por cada 1.000 habitantes, cuando en otras naciones es más bajo.

Durante un foro de vivienda organizado por el IESA, realizó una presentación sobre la política habitacional y allí comentó que en Chile el déficit es de 35 viviendas por 1.000 habitantes, en Colombia es 42 unidades, en México asciende a 60 viviendas y en Argentina es 65 casas.

Ante ese comportamiento, Carlos Molina expresó que si bien en algunos períodos la inversión en el sector se ha elevado, ello no se ha reflejado en la producción de unidades, mientras que en Chile la inyección de recursos ha sido más baja y ha habido una mayor cantidad de viviendas.

Las autoridades en el primer trimestre anunciaron que a partir de este período se aceleraría la producción de casas y expresaron que en lapso de siete años se contempla la construcción de 2 millones de soluciones habitacionales.

El profesor del IESA indicó que aunque existe la intención de atender el déficit, la política de vivienda requiere de la participación del sector privado. "Hay que involucrar a las empresas, debido a que la construcción masiva por parte del Gobierno resulta costosa".

Agregó que los costos se generan, porque el sector público no compite. "Actualmente se tienen convenios con empresas internacionales y éstas contratan a compañías locales, lo cual tiene incidencia".

Por lo tanto, reiteró que es favorable que en la planificación se sumen a los privados a fin de aumentar la capacidad.

Durante el foro, el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alfredo Cilento, destacó que el Gobierno está presentando un plan de producción de unidades, pero se enfrenta a problemas para poder ejecutar los proyectos.

Los entes oficiales disponen de 57 millardos de bolívares para el programa habitacional, sin embargo, Cilento expresó que ese plan tiene obstáculos, siendo uno de ellos la caída en la producción de insumos.

"Existe una menor disponibilidad de materiales y ante esa situación se anuncia una importación de productos cuando los puertos tienen dificultades para nacionalizar".

A la falta de productos, destacó, se añaden los problemas con la vialidad y los servicios de energía y agua. Expresó que "por ejemplo las vías no se encuentran en buenas condiciones, lo que encarece el costo del transporte y al final se afectan los precios de los insumos".

En la presentación, comentó que aunado a esos obstáculos el sector se enfrenta a nuevas leyes que afectan la propiedad, reducen el mercado de alquileres y crean un nuevo tipo de propiedad de las viviendas.

"El sector en los últimos años ha sido objeto de medidas improvisadas que han afectado la oferta de unidades, y ahora se añaden esos marcos legales".

En este 2011 el Ejecutivo ha aprobado la Ley de Emergencia de Vivienda que establece procedimientos adicionales para la ocupación y expropiación de bienes; la Ley de Propiedad Familiar, que constituye una nueva forma de propiedad, y la Ley contra los Desalojos Arbitrarios, que condiciona las desocupaciones de inmuebles.

El Universal

Cuando no había controles la inflación bajó hasta 12,3%

Con el control de precios la inflación acumula un salto de 458%

Dispuesto a frenar el ascenso de la inflación el Gobierno se dispone a extender los controles, no obstante, cuando la administración de Hugo Chávez ha alcanzado su mejor resultado en la lucha contra el alza de los precios ha sido en la ausencia de regulaciones.

Las estadísticas del Banco Central registran que cuando aun no existía el control de precios, en 2000 la inflación se ubicó en 13,4% y en 2001 descendió hasta 12,3%, el nivel más bajo de los últimos 25 años.

El economista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Orlando Ochoa, señala que "en este período el Gobierno continuó aplicando la política que heredó de Rafael Caldera, un tipo de cambio flexible y más orden en el campo fiscal y monetario".

Entre 2002 y 2003 la inflación aumenta en medio de la crisis política, el Gobierno recurre al control de precios y posteriormente Hugo Chávez afirma que lo considera una herramienta estratégica que seguirá aplicando indefinidamente.

El resultado es que en ocho años de control de precios, entre febrero de 2003 y junio de 2011, la inflación acumula un salto de 458% que ha impactado con fuerza la capacidad de compra del salario.

El fracaso no debería causar sorpresas. Durante el Gobierno de Jaime Lusinchi la inflación anual pasó de 15,7% en 1984 a 40,3% en 1987, en plena aplicación del control de precios y con un agresivo plan de sanciones, multas y cierres a los empresarios que se consideraban especuladores.

Los economistas Robert Schuettinger y Eamon Butler son los autores de un trabajo donde analizan cien casos, ocurridos desde dos mil años antes de Cristo hasta 1978, en que gobernantes de treinta países intentan, infructuosamente, librarse de la inflación a través de los controles de precios.

La conclusión de este premiado estudio es que si bien algunos controles de precios han tenido efecto positivo por un corto período de tiempo, en el largo plazo siempre han fracasado, porque no combaten la causa real de la inflación: el incremento de la cantidad de dinero por encima de la productividad.

Orlando Ochoa indica que las empresas, que no pueden cubrir los costos por la regulación de precios, han disminuido la producción y el resultado es más inflación.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que a partir de 2006 la administración de Hugo Chávez inicia la práctica de utilizar parte de las reservas internacionales para cubrir gasto.

"El uso de las reservas internacionales aumenta el gasto corriente, la inyección de dinero, al igual que el reparto de utilidades cambiarias por parte del Banco Central", explica Orlando Ochoa.

La inyección de bolívares sin respaldo incrementa la demanda mientras que la oferta no crece en medio de los controles y un clima de negocios hostil, creándose una ecuación perfecta para la inflación.

El año pasado Venezuela sufrió una inflación de 27,4% y para este año la meta oficial es que los precios registren un alza de 25% que superaría abiertamente el promedio de América Latina que se mantiene en 6%.

La inflación se ha concentrado en los alimentos, golpeando con mayor fuerza a las familias de menos ingresos.

El Universal

Ley permitirá auditar estructura de costos de las empresas

Prevén controlar a las compañías cuyas ganancias no sean proporcionales

La Ley de Administración de Costos y Precios permitirá al Ejecutivo nacional tener acceso a toda la información concerniente a la producción, distribución y comercialización de los bienes, nacionales e importados, considerados de primera necesidad, con la finalidad de fijar precios y ganancias "justas".

El vicepresidente de la República, Elías Jaua, explicó que el objetivo central de la ley "es la regulación, administración y control necesario para mantener la estabilidad de precios y defender el acceso a bienes y servicios en igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital".

"Esta ley no es para atacar al sector privado, es para confrontar a los sectores especulativos (...) Aquel empresario privado, aquel comerciante privado, que no tenga como práctica la usura, la especulación, el aprovechamiento y el enriquecimiento ilícito no tiene por qué tener ningún temor", expresó

La normativa, que entrará en vigencia a partir de hoy, prevé la creación de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, a través de la cual se revisarán de forma periódica los costos de los sectores alimentos, salud y medicamentos, materiales de construcción y vivienda, educación, textiles, uniformes escolares, calzado, y útiles escolares.

Este organismo será el único autorizado para la fijación de los costos y los precios máximos de venta, así como bandas de precios en los casos que considere necesario.

Jaua informó que la Superintendencia tendrá la potestad de auditar las estructuras de costos para verificar la veracidad de las mismas.

La negación a suministrar la información requerida por dicho organismo derivará en sanciones que van desde amonestaciones escritas hasta 15 salarios mínimos (21 mil 112 bolívares); así como la ocupación de las empresas en caso de faltas graves.

El funcionario anunció que en el marco de esta ley también se creará el Sistema Integrado de Precios, el cual tendrá como funciones "controlar aquellas empresas cuyas ganancias son más que proporcionales a sus estructuras de costos".

Jaua aseveró que el espíritu de dicha normativa no es quebrar ni obligar a las empresas a trabajar sin márgenes de utilidad, no obstante, las ganancias serán fijadas de manera unilateral, a través de un sistema automatizado que analizará las variables que inciden en los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes básicos.

"Esta ley no está orientada ni a quebrarlos, ni a expropiarlos sino a garantizar un análisis transparente de los costos, que el pueblo sepa cuánto le cuesta producir, cuánto le cuesta importar, cuánto es la ganancia y cuánto el precio que deben pagar por esos bienes y servicio sin menoscabo de sus derechos a adquirirlos".

Aseguró que habrá un análisis permanente del margen de utilidad actual y el propuesto, y desestimó que exista un tope para la fijación de las ganancias de las empresas.

"Los sectores tendrán la posibilidad, a través de los ministerios competentes ante la Superintendencia, de solicitar revisiones periódicas de los precios y márgenes de ganancias de acuerdo a variaciones comprobables en las estructuras de costos que manejan".

La Superintendencia Nacional de Costos y Precios entrará en funcionamiento dentro de 90 días hábiles. Durante ese lapso se realizarán mesas de trabajo, que se iniciarán el próximo lunes, con los sectores que serán objeto de la regulación y el ministerio correspondiente para revisar el alcance de la ley.

El método

El mecanismo de revisión que se aplicará a estos sectores es el mismo que el Ejecutivo ha venido aplicando para la fijación de precios de los alimentos, pero se amplían los requisitos para hacer dichas solicitudes.

Las empresas deberán inscribirse en el Registro Nacional de Costos, en el cual las personas jurídicas tendrán que consignar el acta constitutiva y la última modificación de las empresas; la copia de la cédula del representante legal y la planilla de inscripción electrónica.

Una vez completado este proceso es que las empresas podrán consignar las estructuras de costos de los bienes que serán sometidos a revisión de precios, a través del Sistema Integrado de Precios.

"Habrá sectores que requieran revisiones y variación de precios mensuales, y otros anuales y trimestrales de acuerdo al sector y a las circunstancia económica de cada producto", explicó Jaua.

Aunque habrá un análisis conjunto con el sector privado, la última palabra la tendrá el Ejecutivo. "El análisis y la consulta que se hará con los sectores productivos no menoscaban la competencia del Ejecutivo en materia de fijación de precios. De eso no se trata cuando el Gobierno llama a mesas de trabajo. Al final la competencia es del Ejecutivo. No vamos a delegar eso al sector privado".

El Universal

Estiman que Ley de Costos corregirá márgenes de especulación

Para el ministro Ricardo Menéndez, la norma potenciará la industrialización del país. Menéndez afirma que industria automotriz se potenciará.

Maracay.- La Ley Especial para la Regulación de Costos y Precios, promulgada este jueves por el Ejecutivo nacional, potenciará la industrialización del país, además de evitar la especulación que se ha dado en el mercado, en procura del buen vivir de los venezolanos, según estima el ministro de Ciencia Tecnología e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez.

"Esta nueva legislación es fundamental porque va a afectar la especulación que hemos tenido en distintos componentes de la economía venezolana y brinda la posibilidad de unos precios que permitan que los productos lleguen a los usuarios, sin los márgenes de especulación que se han tenido", refirió.

Dijo que otro de los componentes de esta Ley es que procura la necesidad de atender la industrialización de Venezuela y el sector automotriz es uno de los que se impulsará con la instalación plantas ensambladoras.

En ese sentido, anunció a AVN que para el mes de agosto entrará en funcionamiento el primer consorcio automotriz público y privado, empresa que se encargará de la producción de los vehículos Chevy y tendrá su sede en Las Tejerías, municipio Santos Michelena, del estaod Aragua.

Esta planta estima una producción anual de 10 mil vehículos, que se sumarán a la generación de tractores, transporte de carga y motos que se fabricarán a través de los convenios automotriz firmados con las empresas mixtas.

"Se trata de cubrir las necesidades de la población y la demanda del campo venezolano para el transporte de los productos alimenticios y de cada uno de los pasajeros", agregó.

El ministro Menéndez dijo que estos logros demuestran la política de industrialización del Gobierno nacional, en función de garantizar producción dentro de Venezuela para satisfacer las necesidades de la población.

El titular de Ciencia y Tecnología precisó que el tercer elemento central de la nueva ley es la política para el buen vivir. "Con el gobierno del presidente Hugo Chávez se trata de garantizar que los venezolanos tengan los productos para generar una vida más digna en función de la construcción del socialismo".

El Universal

Pdvsa recibió asistencia financiera del BCV durante 2011

De 2008 a 2010 la petrolera recibió más de $10 millardos en ayudas financieras Según fuentes vinculadas a Pdvsa, los montos prestados durante este año son bajos

Petróleos de Venezuela en los últimos tres años ha optado por buscar asistencia financiera en los entes oficiales, y durante el año 2011 el Banco Central de Venezuela ha sido la institución que le ha dado soporte a la petrolera.

El BCV el pasado año adquirió los papeles que la petrolera le había emitido a la Tesorería Nacional por 4,4 millardos de dólares, pero las obligaciones con el ente emisor no se limitaron a esos papeles. En el transcurso del primer semestre el Banco Central volvió a prestar asistencia a corto plazo, según indicaron fuentes vinculadas a Pdvsa. Éstas agregaron que las notas por 4,4 millardos de dólares ya se pagaron en su totalidad, con la reapertura del bono Pdvsa 2013, y apuntaron que faltan por atender las otras obligaciones con el Banco Central, cuyos montos -aseguraron- son bajos.

La ayuda

La petrolera ha recibido ayuda tanto en períodos de altos precios del barril de petróleo, como en otros de derrumbe de las cotizaciones de los hidrocarburos.

De acuerdo a los estados financieros de la estatal correspondientes al período de 2008 a 2010, la corporación en dos años entregó certificados y notas a la Tesorería, Banco del Tesoro, Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) por más 10 millardos de dólares.

En diciembre 2008, la estatal emitió a favor de la Tesorería pagarés por 4,4 millardos de dólares, y luego entregó certificados al Banco del Tesoro y el Bandes por 1,1 millardos de dólares. En el transcurso de 2009, la corporación canceló sus obligaciones con la Tesorería, pero los instrumentos otorgados al Bandes y al Banco del Tesoro fueron renovados cada 90 días hasta que en abril de 2010 se cancelaron en su totalidad.

En el primer cuatrimestre de 2009 ocurrió la caída de los precios del crudo y los problemas financieros de la industria petrolera se agudizaron, por lo cual buscó más ayuda. A Fogade se le emitieron tres certificados por la cantidad de 1 millardo de dólares por un plazo de 18 meses, los cuales se están cancelando y el Bandes recibió papeles por 500 millones de dólares, que ya se pagaron.

En diciembre de 2009 nuevamente se emitieron notas a favor de la Oficina Nacional del Tesoro por 4,4 millardos de dólares, que se cancelarían entre junio de 2010 y junio de 2011 y las cuales fueron adquiridas por el BCV. Aunque los precios del crudo se recuperaron y superaron los 70 dólares, en diciembre de 2010 Pdvsa buscó asistencia en otros entes estatales y volvió a recurrir al Banco del Tesoro, entidad financiera que recibió por parte de Pdvsa certificados por 465 millones de dólares.



Financiamientos

La ayuda a la estatal petrolera durante este año no solo ha provenido de los entes oficiales del Estado venezolano.

Si bien varios de los préstamos se anunciaron para el desarrollo de la actividad medular, otros de los ingresos extraordinarios de la industria han sido asignados para gastos y obligacione impuestas por el Ejecutivo.

Pdvsa suscribió un acuerdo con el banco de desarrollo japonés JBIC, que junto con un grupo de 8 instituciones financieras y dos casas comerciales niponas, prestarán 1.500 millones de dólares a Pdvsa para modernizar las refinerías El Palito y Puerto La Cruz.

También está pendiente la concreción de dos acuerdos de préstamos por 5,5 millardos de dólares de parte de bancos chinos e italianos, para financiar proyectos de empresas mixtas en la Faja del Orinoco entre Pdvsa, China National Petroleum y ENI.

Cabe acotar que la industria también recibió unos 2.400 millones de dólares por la venta de su porción en el circuito de refinerías Rühr-Oel en Alemania a la rusa Rosneft.

El Universal

Nueva deuda ¿para qué?

Si no se resuelve lo de la producción de electricidad, cabillas y cemento, y sobre todo de quién va a construir (y a qué costo) las viviendas, el dinero desembolsado tiene un futuro incierto, por decir lo menos

Se anuncia que la Asamblea se dispone a aprobar un aumento de la deuda de 45.000 millones para financiar variadas misiones que parecen necesitar liquidez para poder funcionar de acuerdo con las expectativas del gobierno.

En particular la misión vivienda que se plantea un reto de magnitudes colosales en un plazo relativamente breve.

Lo que cabe preguntarse, más allá de si es conveniente seguir aumentando la deuda interna del país, es si ese dinero es lo (único) que hace falta para que las misiones funcionen verdaderamente ­cosa que todos deseamos-­ o si se trata de algo que se va a convertir en un gasto, como tantos más (educación, salud, defensa), del que luego sólo podrá hacerse referencia como "desembolso" pero sin logros específicos asociados.

En efecto, cuando los economistas evalúan un gasto o una deuda, lo hacen sobre la base monetaria, vale decir de si han ocurrido y en qué magnitud, pero no sobre la base de montos y rendimientos como se hace en el ámbito empresarial.

Por eso uno escucha comentarios bastante doctos sobre los desembolsos del gobierno tal en materia de salud o de educación, y si tales gastos (o inversiones) son importantes o aun peligrosos tomando en cuenta su magnitud, comparada al producto del país.

Pero nunca se hace un análisis sobre la efectividad de esos gastos ya que la macroeconomía no fue creada para tales fines y, por lo tanto, carece de los instrumentos de medición apropiados.

Lo único que puede afirmarse es si hubo el desembolso y cómo se financió: con deuda como en este caso, o con impuestos o ingresos regulares (que no es el caso).

De hecho cuando hay un desbalance sostenido y creciente (que es el caso) entre gastos e ingresos, los economistas alertan sobre la inflación que se puede generar.

Este último tema de la inflación es interesante, sin embargo, porque como sugería en un artículo anterior, da una idea indirecta de si ese gasto se transforma en producto (y por lo tanto empleo e ingreso para la gente) o simplemente aumenta los precios de lo que hay para comprar o vender en el país.

En este sentido, si no se resuelve lo de la producción de electricidad, cabillas y cemento, y sobre todo de quién va a construir (y a qué costo) las viviendas, el dinero desembolsado tiene un futuro incierto, por decir lo menos. O sea que, en nuestro caso, pareciera que el problema está en lo que los economistas llaman la economía real, y no en la monetaria.

Tal Cual Digital

Inflación de Junio tan resistente como la enfermedad

Alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte fueron los rubros que apuntalaron la inflación del mes de junio, que se ubicó en 2,5%, según el reporte del Banco Central de Venezuela.

La primera de las categorías pasó de 2,6% en mayo a 3,3% el mes pasado, impulsada por el repunte en los precios del azúcar y de la carne de res. El segundo rubro se ubicó en 3,5% debido al incremento en las tarifas del Metro de Caracas. Acompañaron el alza esparcimiento y cultura (1,5%) y salud con 2,1%. Servicios de vivienda registró deflación (caída en el precio) de 0,2%.

El BCV y el Instituto Nacional de Estadísticas informaron que en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas la variación, superior al promedio, se debió a la autorización de aumentos no sólo en los precios en junio, sino también en los meses anteriores como ocurrió con la harina de maíz, el pan, la leche y el aceite.

Con la variación intermensual de 2,5%, la inflación acumulada al primer semestre se colocó en 13%, lo que equivale a 3,3 puntos porcentuales menos que la registrada en igual período del año pasado, mientras que la anualizada alcanza 23,6%, inferior a 31,3% observado en junio de 2010. Tan renuente a bajar como la enfermedad que lo aqueja.

El índice de escasez subió de 11,7% en mayo a 12,1% en junio, no obstante el nivel está por debajo de lo registrado a comienzos de 2011. El índice de diversidad de productos en el mercado pasó de 167,9 a 165,4 puntos.

Por ciudades, Maracaibo resultó la más cara con 2,8%, seguida por Barquisimeto con 2,6% y Barcelona-Puerto La Cruz con 2,5% (igual al promedio nacional). Caracas estuvo esta vez por debajo con 2,2%, pero se coloca como la más costosa en el acumulado del año con 14,6%, por arriba del 13% del promedio nacional, según reportó el diario El Nacional.

Venepirámides

Inflación suma 13%

Índice de Precios al Consumidor registró una variación en junio de 2,5% mientras la variación anualizada se ubicó en 23,6% El ajuste de precios de los alimentos y del transporte superficial y subterráneo mantiene en alza el indicador. La categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas subió 3,3%

El Índice Nacional de Precios al Consumidor sigue registrando una carrera alcista al cierre del primer semestre de 2011.

Según el informe mensual divulgado por el Banco Central de Venezuela en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística, el índice inflacionario de junio cerró con una variación intermensual de 2,5%, igual al del mes previo y mayor al de junio de 2010 que se ubicó en 1,8%.

Con este resultado, la variación acumulada del INPC durante el primer semestre del año se ubica en 13% mientras la variación anualizada es de 23,6%.

El informe publicado ayer detalló que cuatro categorías arrojaron tasas superiores en junio en comparación con mayo: Bebidas alcohólicas y tabaco (de 2,2 a 2,3%); Esparcimiento y cultura (de 1,3 a 1,5%); Salud (de 1,9 a 2,1%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (de 2,6 a 3,3%).

Aunque el rubro Transporte desaceleró su tendencia en comparación con el mes anterior (de 4,8 a 3,5%) sobrepasó, al igual que Alimentos y bebidas no alcohólicas, el promedio global de 2,5%.

Las otras categorías que también disminuyeron sus comportamientos fueron Alquiler de viviendas (de 0,7 a 0,6%); Bienes y servicios diversos (de 2,7 a 2,5%); Comunicaciones (de 0,6 a 0,3%).

Vestido y calzado (de 1,7 a 1,3%); Restaurantes y hoteles (de 2,7 a 2,2%); Servicios de la vivienda (de 0,7% a 0,2%); Equipamiento del hogar (de 3,2 a 2,0%) y Servicios de educación (de 2,3% a 1,0 %).

MERCADOS COSTOSOS
El encarecimiento de los alimentos aunado al alza de las tarifas del transporte público son dos factores que ha golpeado en los últimos meses el bolsillo de los venezolanos.

El ente emisor señaló que estas dos categorías se incrementaron notablemente debido a que "se autorizaron ajustes oficiales de precios tanto en junio como en los dos meses previos, en rubros tales como: trasporte terrestre incluyendo metro y metrobús, carne de res, harina de maíz, pan, leche, aceite y azúcar, entre otros".

Vale recordar que a finales de marzo el Ejecutivo autorizó el incremento del kilo de pan de trigo en un 24% mientras la pasta se ajustó 33%. A mediados de abril, el litro de aceite subió un 35,8% y la leche en polvo un 32,5%.

A principios de junio entró en vigencia el nuevo precio del azúcar que aumentó 24% y también las nuevas tarifas de los tickets del metro que se dispararon casi un 150%.

El transporte superficial pasó de 2 a 2,50 bolívares. El último ajuste realizado por el Ejecutivo a mediados de junio fue el de la carne (tanto de primera, segunda y tercera) en un 29%.

Aunque el BCV y el INE adjudicaron un aumento reciente de la harina de maíz, este producto no se ajusta desde noviembre de 2010 cuando pasó a costar 3,37 bolívares. (+23,9%). La categoría de Alimentos y bebidas no alcohólicas acumula 11% durante 2011.

Tal Cual Digital

Mercal atiende 8,46% de la demanda de carne de res

Menos hogares pobres compraron en la red subsidiaria. Los supermercados y las carnicerías abarcan 77,30% de las ventas del producto y atienden a más de 4,6 millones de familias

Mercal no alcanza a satisfacer ni la décima parte de la demanda de carne de res de las familias del país. El informe del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al segundo semestre de 2010 y referido al consumo de alimentos por canal de venta, indica que sólo 8,46% de los hogares venezolanos compró carne de res en las bodegas gubernamentales, que expenden el producto al precio subsidiado de 10,56 bolívares el kilo.

La queja de varios consumidores señala que el abastecimiento de este alimento no es regular y en algunos casos no se despacha lo suficiente para atender las zonas populares donde están situados los mercales.

De un total de 6.956.611 hogares evaluados por el INE, 513.601 adquirieron el producto en las bodegas populares. Las cifras del INE también reflejan que los supermercados y los establecimientos especializados como carnicerías privadas abarcan 77,30% de las ventas de carne de res, con más de 4,69 millones de hogares que manifiestan adquirir el alimento en los comercios privados.

En el caso del pollo, la competencia entre Mercal y los comercios privados es casi pareja. El primero se abastece en gran parte con importaciones y atiende 33,10% de los hogares; mientras que los supermercados cubren 31,26% del mercado de venta del producto avícola. Con respecto al consumo de huevos de gallina, los comercios privados satisfacen 53,94% de las familias venezolanas, es decir más de 3,16 millones de hogares y Mercal a 2,46% de las familias: 144.648 hogares.

Mercal no ha podido sustituir los supermercados en las ventas de rubros básicos como harina de maíz, arroz, pastas, azúcar y leche en polvo. Cerca de 3,08 millones de hogares (48,07% del total de las familias) compran arroz en los supermercados. En Mercal, aunque el cereal se vende más barato, sólo 32,88% (2,10 millones de hogares) opta por comprarlo en estos puntos de venta. Según el INE, más de 6,35 millones de hogares consumen harina de maíz, 49,23% compra el producto en los supermercados privados y 26,75% en Mercal.

El sector privado también lidera el expendio de pastas alimenticias con 51,46% de los hogares (3,22 millones de familias), mientras que las bodegas del Gobierno alcanzan 28,99% de los hogares. La demanda de azúcar se satisface en su mayoría en los canales privados (43,43% de las familias) y en Mercal 33,02%.

En el caso de la leche en polvo, 46,61% de los hogares la compra en los comercios privados y 39,33% en Mercal.

El informe del INE señala que por estrato socioeconómico se redujo el número de hogares pobres que compró productos en Mercal en el segundo semestre de 2010. Pasó de 702.545 familias en el segundo semestre de 2009 a 679.836 familias en igual período del año pasado, 3,2% menos.

En el estrato medio se calcula que más de 2,18 millones de familias compraron por lo menos un producto en Mercal y en el segmento de más recursos, alrededor de 927.880 familias, consumieron algún rubro en estas bodegas.

El Nacional

Venezuela es el único productor de petróleo que eleva la deuda

Promedio de deuda sobre PIB en Medio Oriente caerá a 14,1% este año según FMI. La tendencia en los países petroleros es disminuir la deuda y ahorrar parte del ingreso por el alza en los precios del barril

Tras ocho años en los que el barril de petróleo se ha cotizado a altos precios ha quedado claro que los exportadores de crudo, excepto Venezuela, se mantienen firmes en la estrategia de ahorrar parte del ingreso y disminuir la deuda.

Las estadísticas y proyecciones del Fondo Monetario Internacional indican que los petroestados del Medio Oriente y Asia Central han comprendido que el barril no escapa a la ley de la gravedad y por tanto, evitan el descontrol fiscal en medio de la bonanza.

Este grupo de países, integrado por Arabia Saudí, principal exportador del planeta, Argelia, Bahrein, Irán, Iraq, Kuwait, Libia, Omán, Qatar, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, redujo su deuda de manera importante en los últimos cinco años.

En efecto, en promedio, la deuda de estos gobiernos respecto al tamaño de la economía disminuyó desde 48,5% del PIB en el período 2000-2005 hasta 19,1% del PIB en 2010 y la proyección del Fondo Monetario Internacional, es que este año descienda hasta 14,1%.

En el conjunto de productores de petróleo del Subsahara africano, compuesto por Nigeria, Angola, Chad, República del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y Camerún también se reduce la carga de la deuda pública desde 37% del PIB en el período 2004-2008 hasta 23,9% en 2010, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

No se detiene

A pesar de que el precio de la cesta petrolera venezolana ha aumentado de manera constante: 57 dólares en 2009, 71,97 en 2010 y 98,23 durante el primer semestre de 2011, la administración de Hugo Chávez ha iniciado un acelerado plan de endeudamiento.

Las cifras del Fondo Monetario Internacional registran que la deuda del sector público respecto al PIB aumenta velozmente: 24,6% en 2008, 32,7% en 2009, 38,7% en 2010 y la proyección es que este año culmine en 40,2% y aumente nuevamente en 2012 hasta 42,1%.

Si bien estos números aún no se traducen en una relación excesiva de la deuda respecto al PIB, es decir, sobre el ingreso, bancos de inversión como Barclays Capital han advertido que la carga crece rápidamente en medio de un boom petrolero en el que Venezuela dejó de contar con un mecanismo claro para ahorrar parte de los petrodólares.

La balanza de pagos que publicó el Banco Central al cierre del primer trimestre de este año indica que el Gobierno tiene recursos en moneda extranjera por el orden de 24 mil 164 millones de dólares en fondos donde el dinero fluye con menos controles y de manera paralela al presupuesto, como es el caso del Fonden.

Analistas consideran que para no disminuir el monto de los recursos que pueden ser gastados de manera discrecional el Gobierno recurre a emisiones de bonos que incrementan la deuda del país.

Por los dólares colocados en los fondos paralelos el país recibe un rendimiento muy inferior al que tiene que pagar por la nueva deuda, de hecho, en su última emisión de bonos Pdvsa se comprometió a cancelar una tasa de interés de 12,75% en dólares, todo un récord entre las empresas petroleras.

Afuera y adentro

La deuda venezolana aumenta por emisiones de bonos en dólares, préstamos de países como China y Japón que implican el compromiso de suministro de petróleo y venta de bonos y letras del tesoro, en bolívares, a los bancos del país.

En los primeros cinco meses de este año el monto de los bonos y letras del tesoro que tiene la banca en su portafolio aumentó 33,6% hasta ubicarse en 69 mil 602 millones de bolívares, unos 16 mil millones de dólares al tipo de cambio oficial.

El Gobierno ha preferido endeudarse en mayor medida dentro del país que en el exterior, básicamente, porque se trata de bolívares, a bajas tasas de interés y una porción importante de la factura está en manos de bancos controlados directamente por Finanzas.

La deuda en bolívares ofrece otra ventaja. En el caso hipotético de que en el futuro no existan suficientes recursos para pagarla es posible negociar un refinanciamiento con los bancos del país o incluso devaluar la moneda para obtener más recursos por los petrodólares.

El Universal

Precios de los apartamentos subieron en promedio 59%

El valor promedio del metro cuadrado se encuentra en Bs 10.200. La menor oferta de inmuebles ha sido uno de los aspectos que ha impulsado los precios de las viviendas

La menor oferta de viviendas sigue impactando en las operaciones del mercado inmobiliario, especialmente en los precios de los apartamentos, que en el primer cuatrimestre del año registraron un aumento promedio de 59%.

Aunque el deterioro del poder adquisitivo ha limitado la compra de inmuebles, aún un segmento de la población hace esfuerzos por adquirir una vivienda, y esa demanda supera a la oferta de unidades.

La construcción de soluciones en el mercado primario ha estado en descenso por las restricciones legales y de insumos, y las operaciones se concentran en el mercado secundario, pero ello no es suficiente.

Ante esa situación, el precio del metro cuadrado de apartamentos en el Área Metropolitana de Caracas al cierre de abril de 2011 tuvo un promedio de 10.200 bolívares, cuando en el mismo lapso de 2010 era de 6.400 bolívares.

Según un reporte de la firma Tir Inmobiliarios, en el cuatrimestre el costo más bajo del metro cuadrado se ubicó en 5.300 bolívares y el más alto estuvo en 16.000 bolívares. En 2010 hubo zonas en las que el precio llegó a 4.000 bolívares y en otras áreas alcanzó un valor de 8.300 bolívares.

Fuentes del sector inmobiliario reiteran que aunque la demanda se ha reducido todavía es mayor que la oferta, por ello el impulso en los precios. Consideran que para el resto del ejercicio los costos tendrán un estancamiento en términos reales por la pérdida en la capacidad de compra.

Agregan que además de la merma de ingresos en el comportamiento a futuro afectará la limitación en el acceso a los créditos. Actualmente las familias que pueden optar por los financiamientos de la gaveta hipotecaria y la Ley de Vivienda son aquellas que devengan hasta 7.000 bolívares.

Otros mercados

La firma en su reporte refleja que además de las viviendas, en otras áreas se han incrementado los costos.

En los locales comerciales el aumento promedio de los precios al cierre de abril de 2011 fue de 54%. El valor del metro cuadrado en el primer cuatrimestre fue de 25.500 bolívares, cuando el pasado año estaba en 16.552 bolívares.

El informe detalla que entre enero y abril el precio más bajo fue 9.800 bolívares y el más alto 45.100 bolívares. El pasado año el metro cuadrado estuvo entre 6.400 bolívares y 29.000 bolívares.

Representantes del sector inmobiliario expresan que la situación económica y la caída de la inversión privada son dos de los aspectos que han incidido en ese sector. Cada vez se realizan menos construcciones vinculadas con esa actividad. Y apuntan que una situación similar se presenta en el mercado de oficinas, cuya oferta ha disminuido al igual que el número de transacciones.

Según el informe de Tir Inmobiliarios, en el área de oficinas los precios tuvieron una menor variación, el ajuste promedio fue 35%. En el primer cuatrimestre del año el valor del metro cuadrado fue 15.800 bolívares y en 2010 estaba en 11.700 bolívares.

Los datos muestran que este año el precio más bajo fue 13.000 bolívares y el más elevado estuvo en 18.600 bolívares. En 2010 los costos oscilaron entre 10.000 y 13.500 bolívares.

Adecuación

El estudio de la firma sobre el mercado de compra y venta de inmuebles señala que ante los comportamientos de la oferta y de los precios se requiere que las inversiones se sustenten en evaluaciones que permitan precisar el tamaño de la demanda, efectuar la adecuada localización de los proyectos, optimizar los desarrollos de acuerdo a las necesidades y promover precios que garanticen la venta.

Estiman que en la oferta puede tener incidencia el plan habitacional (Misión Vivienda Venezuela) que está cargo del Gobierno nacional.

El Universal

El Gobierno quiere asociarse con las multinacionales

Jaua indica que plantearán creación de empresas mixtas en áreas estratégicas. Sin embargo, las empresas extranjeras esperan por la aprobación de solicitudes en Cadivi por $2 mil millones por concepto de repatriación de dividendos.

El Gobierno se dispone a iniciar una nueva fase en su relación con las multinacionales y le propondrá a las empresas extranjeras que reinviertan en Venezuela parte de las utilidades que contemplan repatriar a sus casas matrices.

El vicepresidente de la República, Elías Jaua, explica que "estamos pensando en modalidades que obviamente no son vinculantes, son propuestas" y agrega que las dos variantes más importantes son "convertir esas utilidades en acciones para constituir empresas mixtas con el estado venezolano" y "ampliación de su capacidad productiva con apoyo del Gobierno nacional".

Al ser consultado sobre los sectores donde el Gobierno está dispuesto a asociarse para crear empresas mixtas, precisa que "fundamentalmente en áreas que son estratégicas para la vida del pueblo, alimentación, autopartes y también el tema de lo que tiene que ver con telecomunicaciones".

El vicepresidente no explicó si el Ejecutivo propondrá la creación de empresas mixtas donde el Estado tenga mayoría accionaria y se limitó a señalar que "es una negociación abierta".

Elías Jaua sostuvo una reunión con los representantes de las empresas extranjeras para iniciar el proceso de pago de las solicitudes de repatriación de dividendos.

En el acto celebrado en el Hotel Alba Caracas se reconoció las solicitudes de 33 empresas por el orden de 100 millones de dólares, entre las que se encuentran Alimentos Heinz, Proagro, Oster y kimberly Clark.

El presidente de Cadivi, Manuel Barroso, precisó que el total de las solicitudes para repatriar dividendos que aun no han sido autorizadas, incluyendo todos los años anteriores a 2011, representan 2 mil millones de dólares.

Ricardo Menéndez, ministro de ciencia e industrias intermedias, iniciará un ciclo de reuniones para "establecer mecanismos y cronogramas de liquidación" de las divisas solicitadas en Cadivi.

No obstante, Elías Jaua dejó claro que el Gobierno revisa exhaustivamente cada solicitud indicando que se procede al "cruce de las utilidades reportadas por ellos respecto al impuesto sobre la renta declarado o a la solicitud de dólares a través de Cadivi o licencias de importación".

Se trata, explicó Elías Jaua, "de verificar que todos los datos que manejan las diversas instituciones donde las empresas tienen que reportar coincidan con las utilidades que están solicitando como repatriación de dividendos".

Analistas consideran que políticas como el control de cambio, que justamente limita la libertad para repatriar dividendos, han alejado la inversión extranjera.

El Gobierno tiene otra lectura. Al referirse a este tema Elías Jaua recalcó que "el control de cambio es una política estratégica para el desarrollo".

Además resaltó que "lo único que exigimos es que la empresa privada respete la constitución, la soberanía y las leyes de este país y sobreponga los intereses de acumulación de capital a los intereses del pueblo a alimentarse, vestirse".

El Universal