Tener una finca y dedicarse a la agricultura para muchos ya no es una opción. La actividad agrícola ha venido perdiendo seguidores debido a los diversos factores políticos, económicos y jurídicos que marcan el desempeño de este sector.
Quienes hoy mantienen el trabajo en el campo aseguran que lo hacen prácticamente "por amor al arte", pues la agricultura dejó de ser una actividad próspera para convertirse en un dolor de cabeza.
La inseguridad jurídica y personal son los principales factores que alejan cualquier nueva intención de inversión en tierras agrícola. Los rescates de tierras que ha venido aplicando el Gobierno, y que se han acentuado en los últimos dos años, han desestimulado las inversiones por temor a futuras expropiaciones.
La inseguridad personal en el campo es un problema grave, pues los productores agrícolas constantemente son víctimas de extorsión y de secuestros. Estos factores mantienen prácticamente paralizado el mercado agrícola nacional.
Quienes tienen intención de vender sus fincas porque desean retirarse de la actividad, señalan que "no hay quien quiera comprarlas, pues el riesgo a perder todo es muy alto".
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece serias restricciones en cuanto al uso y tenencia de las tierras, que dificultan el acceso a las mismas.
La tercerización, medianería y enajenación de los predios están prohibidos, por lo que ninguna persona, salvo que herede las tierras, puede alquilar o utilizar terrenos que no sean de su propiedad.
La delimitación de los predios, según la vocación agrícola que ha definido el Instituto Nacional de Tierras (INTI), también es una limitante si se quiere establecer algún cultivo, pues este organismo es el que aprueba qué rubros se siembran y en qué zonas.
Mercado regulado
La actividad agrícola y pecuaria requiere mucha inversión, es de alto riesgo y se obtiene una baja ganancia.
La rentabilidad del sector agrícola se ha visto severamente afectada en los últimos años, como consecuencia del control de precios. Desde 2003, el Gobierno se ha reservado el derecho de fijar los precios de los cereales (arroz, maíz y sorgo), la caña de azúcar, el café, la carne y la leche fresca.
Desde entonces, la rentabilidad de estos rubros se ha venido a menos, debido a que esos valores no cubren los costos de producción. Los gremios agrícolas dan cuenta de elevado números de productores que han desertado de la actividad por falta de rentabilidad.
Quienes hoy mantienen el trabajo en el campo aseguran que lo hacen prácticamente "por amor al arte", pues la agricultura dejó de ser una actividad próspera para convertirse en un dolor de cabeza.
La inseguridad jurídica y personal son los principales factores que alejan cualquier nueva intención de inversión en tierras agrícola. Los rescates de tierras que ha venido aplicando el Gobierno, y que se han acentuado en los últimos dos años, han desestimulado las inversiones por temor a futuras expropiaciones.
La inseguridad personal en el campo es un problema grave, pues los productores agrícolas constantemente son víctimas de extorsión y de secuestros. Estos factores mantienen prácticamente paralizado el mercado agrícola nacional.
Quienes tienen intención de vender sus fincas porque desean retirarse de la actividad, señalan que "no hay quien quiera comprarlas, pues el riesgo a perder todo es muy alto".
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece serias restricciones en cuanto al uso y tenencia de las tierras, que dificultan el acceso a las mismas.
La tercerización, medianería y enajenación de los predios están prohibidos, por lo que ninguna persona, salvo que herede las tierras, puede alquilar o utilizar terrenos que no sean de su propiedad.
La delimitación de los predios, según la vocación agrícola que ha definido el Instituto Nacional de Tierras (INTI), también es una limitante si se quiere establecer algún cultivo, pues este organismo es el que aprueba qué rubros se siembran y en qué zonas.
Mercado regulado
La actividad agrícola y pecuaria requiere mucha inversión, es de alto riesgo y se obtiene una baja ganancia.
La rentabilidad del sector agrícola se ha visto severamente afectada en los últimos años, como consecuencia del control de precios. Desde 2003, el Gobierno se ha reservado el derecho de fijar los precios de los cereales (arroz, maíz y sorgo), la caña de azúcar, el café, la carne y la leche fresca.
Desde entonces, la rentabilidad de estos rubros se ha venido a menos, debido a que esos valores no cubren los costos de producción. Los gremios agrícolas dan cuenta de elevado números de productores que han desertado de la actividad por falta de rentabilidad.
El Universal
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