La cooperativa no recibió todo el préstamo del Bandes pero Pdvsa le anticipó 34,8 millones de dólares. 205 millones de dólares pagó Bariven por leche que nunca llegó al país. Una fuente vinculada al Bandes dijo que esta institución le otorgó 80 millones de dólares a Sancor para que resolviera sus problemas financieros debido a la morosidad que arrastraba con sus acreedores, principalmente bancos argentinos, pero nunca se completó el total del desembolso y los anticipos de Pdvsa resolvieron parcialmente ese faltante
La cooperativa argentina Sancor figura como una de las 10 empresas que más beneficios recibió de Petróleos de Venezuela para la compra de alimentos para Pdval. Obtuvo anticipos de pago sin que tuviera que entregar garantías, pero no aparece registrado que sus despachos de leche hayan llegado al país.
La inspección efectuada por la auditoria interna de Pdvsa puntualiza que hubo compras de 105.000 toneladas de leche en polvo que no solo incluye a Sancor sino a otras empresas- y que por ese volumen la filial Bariven desembolsó 205 millones de dólares sin que ese pedido hubiera llegado al país para el momento en que se hizo la evaluación.
En lo que se refiere específicamente a la cooperativa argentina indica que entre noviembre de 2007 y junio de 2008, a esta empresa se le ordenaron 3 pedidos que sumaron 107,5 millones de dólares, y de esa cantidad la petrolera le anticipó pagos que en promedio estuvieron entre 35% y 50% del monto de cada orden.
La mayor parte de estos pedidos cerca de 95% del dinero acordado- se facturó para que Sancor enviara leche en polvo entera, justamente la que se comenzó a comercializar cuando inició operaciones Pdval, bajo la marca Venezuela y, en una mayor porción, leche UHT.
Antes de que Sancor realizara los envíos, que en un principio se hicieron por transporte aéreo, Pdvsa le adelantó 34,8 millones de dólares sin respaldo. Este monto se dio justo en un momento en el cual Sancor esperaba recibir 55 millones de dólares como segundo tramo de un préstamo de 135 millones de dólares que contrató con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela.
Una fuente vinculada al Bandes menciona que el Bandes otorgó 80 millones de dólares a Sancor, cantidad que le sirvió para que la cooperativa resolviera sus problemas financieros debido a la morosidad que arrastraba con sus acreedores, principalmente bancos argentinos, pero nunca se completó el total del desembolso y los anticipos de Pdvsa resolvieron parcialmente ese faltante.
Un informe de la auditoria interna del Bandes, efectuado hace tres años, determinó que Sancor incumplía sus envíos de leche en polvo para amortizar parte del préstamo que recibió de la institución venezolana, que consistía en el despacho de 15 millones de toneladas anuales empaquetadas en bolsas de 25 kilogramos. A principios de febrero de 2008, Sancor informó que la primera cuota por concepto del dinero recibido fue pagada con 500 toneladas de leche. En ese momento también se advirtió que se incumplía con la transferencia de tecnología, pero en la actualidad este aspecto se está atendiendo a través del Fondo Nacional de Producción Lechera, que es un organismo que permanece adscrito a Pdvsa.
Concentración de pocas empresas
Un aspecto que objeta la auditoria interna de Pdvsa se refiere al hecho de que las contrataciones de Bariven se hayan concentrado en pocas empresas: 67% de las órdenes de compra que en total sumaron 2,2 millardos de dólares se centró en 10 empresas: Alopia Trading, Dexton, Interfood, Exim Brikell, Absolute Trading, West Meat Import, Serlac Comercio, Draina Company, la Cooperativa Sancor y Tangar Import. Esto implica que estas firmas se repartieron 1,5 millardos de dólares, de los cuales el mayor monto correspondió a Alopia Trading, al facturar 233 millones de dólares. El restante 33% del monto erogado alcanzó los 740 millones de dólares, que se repartió entre 41 proveedores.
El Nacional
El socialismo del siglo XXI, fiel a sus antepasados políticos en el mundo, no podía renunciar a su herencia ideológica, que como rasgo genético conserva su odio hacia el capitalismo, chivo expiatorio de todas las tropelías que ejecuta para asaltar la propiedad privada y la industria, así como para espantar la inversión en el país.
viernes, 30 de julio de 2010
jueves, 29 de julio de 2010
Importación fraudulenta para Pdval sumaría $ 8 millardos
La investigación de la comisión paralela revela que venezolanos registraban compañías en el exterior, donde compraban alimentos que luego revendían con sobreprecio a empresas venezolanas también de su propiedad. Al menos 26 compañías, y también militares, habrían participado en el negocio
"El monto ascendería a 8.000 millones de dólares", fue lo que dijo el diputado Juan José Molina en cuanto al total de las transacciones por importación de alimentos facturados con sobreprecio entre 2008 y 2009, y que serían distribuidos por la red Pdval.
La cifra forma parte del informe preliminar que elabora la llamada comisión paralela, integrada por representantes de Podemos y el Frente Económico y Humanista, y que se conformó ante el hecho de que la comisión oficial de la Asamblea que debía investigar el caso, no ha presentado aún ningún resultado.
Molina señaló que el grupo de trabajo del que forma parte tiene indicios de que al menos 26 empresas habrían participado en las negociaciones fraudulentas, en las que también "hay militares involucrados", aseveró.
Molina aseguró que han recopilado múltiples elementos probatorios que vinculan a una serie de personas -cuyos nombres dijo no poder revelar aún- con el negocio de la compra, venta, almacenamiento y distribución de alimentos, pero adelantó que están implicados ex directivos de Pdvsa.
Dijo que personas con conexiones en el alto gobierno, según las investigaciones preliminares de la comisión, constituyeron empresas en países como Brasil, Argentina y Uruguay para comprar en esos mercados alimentos que luego eran vendidos con sobreprecio a empresas venezolanas, también de su propiedad.
El negocio resultaba mucho más rentable considerando que para esas importaciones se asignaban dólares preferenciales. "Como en esos países sí existen leyes de transparencia, los empresarios de esas naciones no podían emitir facturas por montos más altos de los reales, por eso se constituían compañías para que declararan haber cobrado precios más altos que el costo real de esos productos en el mercado, y así poder quedarse con el excedente", explicó Molina.
"Este caso es tan complejo que habrá que realizar una serie de investigaciones fuera del país", indicó el diputado, quien aseguró que personas con poder de decisión dentro de Pdvsa entregaban a amigos contratos millonarios para la importación de alimentos.
Molina explicó que los importadores declaraban haber traído productos a un determinado precio, cuando en verdad adquirían alimentos que por razones de calidad, empaque y fecha de vencimiento tenían costos mucho más bajos.
Desde el pasado 25 de mayo han sido halladas al menos 130.000 toneladas de alimentos descompuestos en diversas zonas del país.
Las denuncias presentadas ante la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría -que suman 8 en total-, no han sido atendidas por los integrantes del Consejo Moral Republicano.
El Nacional
"El monto ascendería a 8.000 millones de dólares", fue lo que dijo el diputado Juan José Molina en cuanto al total de las transacciones por importación de alimentos facturados con sobreprecio entre 2008 y 2009, y que serían distribuidos por la red Pdval.
La cifra forma parte del informe preliminar que elabora la llamada comisión paralela, integrada por representantes de Podemos y el Frente Económico y Humanista, y que se conformó ante el hecho de que la comisión oficial de la Asamblea que debía investigar el caso, no ha presentado aún ningún resultado.
Molina señaló que el grupo de trabajo del que forma parte tiene indicios de que al menos 26 empresas habrían participado en las negociaciones fraudulentas, en las que también "hay militares involucrados", aseveró.
Molina aseguró que han recopilado múltiples elementos probatorios que vinculan a una serie de personas -cuyos nombres dijo no poder revelar aún- con el negocio de la compra, venta, almacenamiento y distribución de alimentos, pero adelantó que están implicados ex directivos de Pdvsa.
Dijo que personas con conexiones en el alto gobierno, según las investigaciones preliminares de la comisión, constituyeron empresas en países como Brasil, Argentina y Uruguay para comprar en esos mercados alimentos que luego eran vendidos con sobreprecio a empresas venezolanas, también de su propiedad.
El negocio resultaba mucho más rentable considerando que para esas importaciones se asignaban dólares preferenciales. "Como en esos países sí existen leyes de transparencia, los empresarios de esas naciones no podían emitir facturas por montos más altos de los reales, por eso se constituían compañías para que declararan haber cobrado precios más altos que el costo real de esos productos en el mercado, y así poder quedarse con el excedente", explicó Molina.
"Este caso es tan complejo que habrá que realizar una serie de investigaciones fuera del país", indicó el diputado, quien aseguró que personas con poder de decisión dentro de Pdvsa entregaban a amigos contratos millonarios para la importación de alimentos.
Molina explicó que los importadores declaraban haber traído productos a un determinado precio, cuando en verdad adquirían alimentos que por razones de calidad, empaque y fecha de vencimiento tenían costos mucho más bajos.
Desde el pasado 25 de mayo han sido halladas al menos 130.000 toneladas de alimentos descompuestos en diversas zonas del país.
Las denuncias presentadas ante la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría -que suman 8 en total-, no han sido atendidas por los integrantes del Consejo Moral Republicano.
El Nacional
miércoles, 28 de julio de 2010
El BCV comienza a financiar directamente al Gobierno
El 30 de junio, Carlos de Oliveira, presidente de la compañía, afirmó a medios de Guayana que "el plan de recuperación de Sidor viene apuntalado en un pagaré que estamos solicitando al Banco Central". Expertos indican que el crédito a la siderúrgica crea un precedente negativo.
En una transacción que expertos catalogan como el preámbulo de mayores desequilibrios económicos, el Banco Central de Venezuela le ha inyectado dinero a Sidor, empresa que pertenece al Estado y enfrenta problemas para cubrir todos sus compromisos.
El 30 de junio, Carlos de Oliveira, presidente de la compañía, afirmó a medios de Guayana que "el plan de recuperación de Sidor viene apuntalado en un pagaré que estamos solicitando al Banco Central".
El lunes de esta semana, el dirigente sindical José Meléndez explicó que el BCV aprobó la solicitud, afirmando que Sidor obtuvo un crédito de 2 mil millones de bolívares para cancelar deudas con contratistas.
A diferencia de una entidad financiera común, el Banco Central no recibe depósitos de personas y empresas, pero tiene la facultad de fabricar billetes, y en la reforma legal que aprobó la Asamblea Nacional este año se le autorizó a recurrir a esta práctica para financiar al Gobierno.
El artículo 49 indica que el Banco Central puede "otorgar créditos con garantía de títulos de crédito emitidos por la República o por sus entes descentralizados".
En la mayoría de los países se prohíbe que los bancos centrales financien al Gobierno, porque la inyección de billetes se traduce en más dinero detrás de los mismos productos y, por ende, en incremento de precios.
Un factor a tomar en cuenta es que el dinero que fabrica el BCV se multiplica al ingresar a la economía.
Por ejemplo, crea mil bolívares con los que Sidor le paga a una empresa contratista y ésta los deposita en un banco privado. El banco privado está obligado a conservar 300 bolívares a manera de reserva, pero puede prestar 700 bolívares a una persona que compra una casa.
Así, ya no existen solo mil bolívares, también circulan por la economía los 700 que tiene el vendedor de la casa.
Datos oficiales de la liquidez y el dinero base creado por el Banco Central señalan que actualmente por cada bolívar que origina el BCV se realizan pagos por 2,3 bolívares.
Puerta abierta
Tomando en cuenta que esta transacción se limita a 2 mil millones de bolívares y que la cantidad de dinero en la economía solo ha crecido 6,7% en lo que va de año, el impacto del financiamiento a Sidor es mínimo, pero para José Guerra, ex gerente de Investigación Económica del BCV, constituye un precedente importante.
"Esto es significativo, indica que todas las empresas del Estado que necesitan cuadrar sus cuentas comenzarán a recurrir al Banco Central, esta es la práctica que en el pasado desbordó la inflación en países de América Latina, déficit fiscal financiado con dinero".
Agrega que "esto destruye la institucionalidad del Banco Central".
Efraín Velásquez, presidente del Consejo de Economía Nacional, advierte que "si estimulas la demanda con inyección de dinero, pero tienes problemas para generar oferta, lo más probable es que no obtengas crecimiento sino presión inflacionaria".
Desde su punto de vista "tenemos cuellos de botella en la oferta por las restricciones de Cadivi, el Sitme, el racionamiento eléctrico y el impacto de la devaluación".
"Una visión más amplia nos dice que estamos ante un problema de coordinación de la política monetaria, cambiaria y fiscal", dice Efraín Velásquez.
Otro factor a considerar es que el incremento de bolívares en circulación aumentaría la demanda de dólares en momentos en que existe escasez de divisas en la economía y gremios empresariales señalan que habrá desabastecimiento.
En los últimos doce meses, Venezuela sufre la mayor inflación de América Latina con un incremento de precios de 30%, que ha impactado el poder de compra del salario.
Al mismo tiempo, la economía acumula cuatro trimestres consecutivos de caída y las proyecciones de firmas especializadas estiman que el declive en el año alcanzará entre 4 y 5%.
El Universal
En una transacción que expertos catalogan como el preámbulo de mayores desequilibrios económicos, el Banco Central de Venezuela le ha inyectado dinero a Sidor, empresa que pertenece al Estado y enfrenta problemas para cubrir todos sus compromisos.
El 30 de junio, Carlos de Oliveira, presidente de la compañía, afirmó a medios de Guayana que "el plan de recuperación de Sidor viene apuntalado en un pagaré que estamos solicitando al Banco Central".
El lunes de esta semana, el dirigente sindical José Meléndez explicó que el BCV aprobó la solicitud, afirmando que Sidor obtuvo un crédito de 2 mil millones de bolívares para cancelar deudas con contratistas.
A diferencia de una entidad financiera común, el Banco Central no recibe depósitos de personas y empresas, pero tiene la facultad de fabricar billetes, y en la reforma legal que aprobó la Asamblea Nacional este año se le autorizó a recurrir a esta práctica para financiar al Gobierno.
El artículo 49 indica que el Banco Central puede "otorgar créditos con garantía de títulos de crédito emitidos por la República o por sus entes descentralizados".
En la mayoría de los países se prohíbe que los bancos centrales financien al Gobierno, porque la inyección de billetes se traduce en más dinero detrás de los mismos productos y, por ende, en incremento de precios.
Un factor a tomar en cuenta es que el dinero que fabrica el BCV se multiplica al ingresar a la economía.
Por ejemplo, crea mil bolívares con los que Sidor le paga a una empresa contratista y ésta los deposita en un banco privado. El banco privado está obligado a conservar 300 bolívares a manera de reserva, pero puede prestar 700 bolívares a una persona que compra una casa.
Así, ya no existen solo mil bolívares, también circulan por la economía los 700 que tiene el vendedor de la casa.
Datos oficiales de la liquidez y el dinero base creado por el Banco Central señalan que actualmente por cada bolívar que origina el BCV se realizan pagos por 2,3 bolívares.
Puerta abierta
Tomando en cuenta que esta transacción se limita a 2 mil millones de bolívares y que la cantidad de dinero en la economía solo ha crecido 6,7% en lo que va de año, el impacto del financiamiento a Sidor es mínimo, pero para José Guerra, ex gerente de Investigación Económica del BCV, constituye un precedente importante.
"Esto es significativo, indica que todas las empresas del Estado que necesitan cuadrar sus cuentas comenzarán a recurrir al Banco Central, esta es la práctica que en el pasado desbordó la inflación en países de América Latina, déficit fiscal financiado con dinero".
Agrega que "esto destruye la institucionalidad del Banco Central".
Efraín Velásquez, presidente del Consejo de Economía Nacional, advierte que "si estimulas la demanda con inyección de dinero, pero tienes problemas para generar oferta, lo más probable es que no obtengas crecimiento sino presión inflacionaria".
Desde su punto de vista "tenemos cuellos de botella en la oferta por las restricciones de Cadivi, el Sitme, el racionamiento eléctrico y el impacto de la devaluación".
"Una visión más amplia nos dice que estamos ante un problema de coordinación de la política monetaria, cambiaria y fiscal", dice Efraín Velásquez.
Otro factor a considerar es que el incremento de bolívares en circulación aumentaría la demanda de dólares en momentos en que existe escasez de divisas en la economía y gremios empresariales señalan que habrá desabastecimiento.
En los últimos doce meses, Venezuela sufre la mayor inflación de América Latina con un incremento de precios de 30%, que ha impactado el poder de compra del salario.
Al mismo tiempo, la economía acumula cuatro trimestres consecutivos de caída y las proyecciones de firmas especializadas estiman que el declive en el año alcanzará entre 4 y 5%.
El Universal
martes, 27 de julio de 2010
La UE sanciona a banco venezolano por supuesto vínculo con programa iraní
La empresa matriz del Banco Internacional de Desarrollo, Export Development Bank, es una de las 34 entidades iraníes implicadas en actividades nucleares o relacionadas con misiles balísticos. El banco, que ya fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense, niega en su página web que colabore con actividades nucleares en Irán
La Unión Europea ordenó la congelación de todos los fondos y recursos económicos del Banco Internacional de Desarrollo de Venezuela, filial del Export Development Bank de Irán, por su supuesta vinculación con el programa nuclear iraní.
La medida, publicada este martes en el diario oficial de la Unión Europea, es directamente aplicable en todos los países comunitarios y tiene un carácter obligatorio.
El banco, que ya fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense, niega en su página web que colabore con actividades nucleares en Irán y cita a la presidenta de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones Financieras, María Elena Fumero, según la cual, en las revisiones del organismo que representa no existe "ninguna evidencia de esos hechos".
La entidad asegura además que su objetivo es "proporcionar servicios bancarios al público bajo la licencia de Banco Universal, según las normas y regulaciones de la banca venezolana".
No obstante, su empresa matriz Export Development Bank es una de las 34 entidades iraníes implicadas en actividades nucleares o relacionadas con misiles balísticos que verán sus recursos económicos y el de todas sus filiales inmovilizados.
Los ministros europeos de Asuntos Exteriores tomaron esta decisión ayer en Bruselas en aplicación de la resolución 1929 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 9 junio.
Los Veintisiete aprobaron en paralelo también ayer un conjunto de medidas propiamente comunitarias aún más restrictivas que las de la ONU con la intención de forzar al Gobierno de Teherán a que acepte reabrir las negociaciones sobre su programa nuclear.
La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, aseguró ayer que el programa nuclear iraní cada vez preocupa más en la UE, ya que Teherán sigue sin cumplir las resoluciones de Naciones Unidas y la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y sin mostrar suficiente compromiso en las negociaciones.
Sin embargo, la Alta representante recalcó que el objetivo sigue siendo encontrar una solución que permita a todos tener confianza en el carácter civil del programa nuclear iraní y aseguró que las sanciones son solo un medio para conseguirlo.
El Nacional.
La Unión Europea ordenó la congelación de todos los fondos y recursos económicos del Banco Internacional de Desarrollo de Venezuela, filial del Export Development Bank de Irán, por su supuesta vinculación con el programa nuclear iraní.
La medida, publicada este martes en el diario oficial de la Unión Europea, es directamente aplicable en todos los países comunitarios y tiene un carácter obligatorio.
El banco, que ya fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense, niega en su página web que colabore con actividades nucleares en Irán y cita a la presidenta de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones Financieras, María Elena Fumero, según la cual, en las revisiones del organismo que representa no existe "ninguna evidencia de esos hechos".
La entidad asegura además que su objetivo es "proporcionar servicios bancarios al público bajo la licencia de Banco Universal, según las normas y regulaciones de la banca venezolana".
No obstante, su empresa matriz Export Development Bank es una de las 34 entidades iraníes implicadas en actividades nucleares o relacionadas con misiles balísticos que verán sus recursos económicos y el de todas sus filiales inmovilizados.
Los ministros europeos de Asuntos Exteriores tomaron esta decisión ayer en Bruselas en aplicación de la resolución 1929 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 9 junio.
Los Veintisiete aprobaron en paralelo también ayer un conjunto de medidas propiamente comunitarias aún más restrictivas que las de la ONU con la intención de forzar al Gobierno de Teherán a que acepte reabrir las negociaciones sobre su programa nuclear.
La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, aseguró ayer que el programa nuclear iraní cada vez preocupa más en la UE, ya que Teherán sigue sin cumplir las resoluciones de Naciones Unidas y la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y sin mostrar suficiente compromiso en las negociaciones.
Sin embargo, la Alta representante recalcó que el objetivo sigue siendo encontrar una solución que permita a todos tener confianza en el carácter civil del programa nuclear iraní y aseguró que las sanciones son solo un medio para conseguirlo.
El Nacional.
viernes, 23 de julio de 2010
Prevén desvío de barcos por retraso en el puerto
La agroindustria espera por la materia prima que está a bordo de los buques. La escasa disponibilidad de balanzas para pesar las cargas, así como la falta de mano de obra calificada, han sido las razones que han derivado en el colapso del principal puerto del país, donde hasta la tarde de ayer todavía esperaban los buques para atracar en muelle.
La acumulación de barcos que esperan fondeados en la bahía su turno para atracar en Puerto Cabello podría redireccionar las embarcaciones que están en tránsito hacia otros puertos cercanos.
Fuentes del sector explicaron que los capitanes de los barcos suelen tomar la decisión de desviar la carga hacia otros puertos, principalmente para evitar el cobro de intereses por mora, monto que oscila entre 10.000 y 20.000 dólares diarios.
Sin embargo, el hecho de que la carga sea redireccionada tiene impactos en los costos operativos, además de los perjuicios que puedan generar los retrasos en la entrega de la mercancía.
Asimismo, las operaciones de descarga siguen siendo un cuello de botella que no permite agilizar la actividad, no obstante los esfuerzos que están haciendo tanto las empresas privadas como las autoridades de Bolipuertos para agilizar la llegada y salida de los barcos.
En la bahía ayer esperaban fondeados dos buques con ganado en pie, para los cuales las autoridades buscaban habilitar un muelle para evitar que se presente algún percance con la embarcación o con el ganado.
Fuentes del sector portuario informaron que Bolipuertos ha reconocido que no está en capacidad de procesar de forma rápida la descarga de los buques, por lo que ha devuelto la logística de desembarque a cinco empresas para que realicen la descarga de los barcos que han contratado.
Aunque las autoridades del puerto señalaron que la prioridad es para las embarcaciones que traen alimentos, los importadores han solicitado se respete el orden de llegada, pues por cada día que permanecen fondeados los buques se generan costos adicionales.
Además, la insuficiencia de básculas para pesar los camiones ha generado largas colas de gandolas para entrar a los muelle graneleros.
Se conoció que en medio de la emergencia que atraviesa el puerto de Puerto Cabello, el sindicato de trabajadores decidió que no laborará el sábado 24 de Julio, por ser feriado.
En espera
El retraso en Puerto Cabello ha despertado preocupación en el sector industrial, pues tanto en los barcos que están fondeados en la bahía de Puerto Cabello, así como en otros que están en tránsito, hay materia prima necesaria para reponer los inventarios.
Los industriales señalaron que esperan celeridad en la descarga de las materias primas, sobre todo en lo que a maíz blanco y azúcar cruda se refiere, debido a que los inventarios de ambos productos están ajustados en estos momentos.
Aseguran que el abastecimiento no está en riesgo, pero es necesario reponer los insumos que se consumen con la producción diaria, sobre todo en harina de maíz y azúcar refinada.
Vale destacar que las importaciones tanto de maíz blanco, así como una parte del azúcar cruda que se está importando, están bajo la logística de las empresas importadoras del Estado, que posteriormente suministran el producto a la agroindustria privada.
En el caso del ganado en pie hay el riesgo de que se afecte el peso de los animales.
El Universal.
La acumulación de barcos que esperan fondeados en la bahía su turno para atracar en Puerto Cabello podría redireccionar las embarcaciones que están en tránsito hacia otros puertos cercanos.
Fuentes del sector explicaron que los capitanes de los barcos suelen tomar la decisión de desviar la carga hacia otros puertos, principalmente para evitar el cobro de intereses por mora, monto que oscila entre 10.000 y 20.000 dólares diarios.
Sin embargo, el hecho de que la carga sea redireccionada tiene impactos en los costos operativos, además de los perjuicios que puedan generar los retrasos en la entrega de la mercancía.
Asimismo, las operaciones de descarga siguen siendo un cuello de botella que no permite agilizar la actividad, no obstante los esfuerzos que están haciendo tanto las empresas privadas como las autoridades de Bolipuertos para agilizar la llegada y salida de los barcos.
En la bahía ayer esperaban fondeados dos buques con ganado en pie, para los cuales las autoridades buscaban habilitar un muelle para evitar que se presente algún percance con la embarcación o con el ganado.
Fuentes del sector portuario informaron que Bolipuertos ha reconocido que no está en capacidad de procesar de forma rápida la descarga de los buques, por lo que ha devuelto la logística de desembarque a cinco empresas para que realicen la descarga de los barcos que han contratado.
Aunque las autoridades del puerto señalaron que la prioridad es para las embarcaciones que traen alimentos, los importadores han solicitado se respete el orden de llegada, pues por cada día que permanecen fondeados los buques se generan costos adicionales.
Además, la insuficiencia de básculas para pesar los camiones ha generado largas colas de gandolas para entrar a los muelle graneleros.
Se conoció que en medio de la emergencia que atraviesa el puerto de Puerto Cabello, el sindicato de trabajadores decidió que no laborará el sábado 24 de Julio, por ser feriado.
En espera
El retraso en Puerto Cabello ha despertado preocupación en el sector industrial, pues tanto en los barcos que están fondeados en la bahía de Puerto Cabello, así como en otros que están en tránsito, hay materia prima necesaria para reponer los inventarios.
Los industriales señalaron que esperan celeridad en la descarga de las materias primas, sobre todo en lo que a maíz blanco y azúcar cruda se refiere, debido a que los inventarios de ambos productos están ajustados en estos momentos.
Aseguran que el abastecimiento no está en riesgo, pero es necesario reponer los insumos que se consumen con la producción diaria, sobre todo en harina de maíz y azúcar refinada.
Vale destacar que las importaciones tanto de maíz blanco, así como una parte del azúcar cruda que se está importando, están bajo la logística de las empresas importadoras del Estado, que posteriormente suministran el producto a la agroindustria privada.
En el caso del ganado en pie hay el riesgo de que se afecte el peso de los animales.
El Universal.
jueves, 22 de julio de 2010
Se mantiene el colapso de barcos en Puerto Cabello. Por cada día de retraso se pagan hasta $20.000
Buques que esperan desde principios de mes ya generan el cobro de mora. A pesar de que se han agilizado los procesos de descarga de los barcos, dando prioridad a aquellos que traen materias primas para el sector alimentos, aún esperan 42 embarcaciones para atracar en muelle.
El arribo de nuevos buques a la bahía de Puerto Cabello agudiza la situación de congestionamiento en la bahía de Puerto Cabello.
A pesar de que se han agilizado los procesos de descarga de los barcos, dando prioridad a aquellos que traen materias primas para el sector alimentos, aún esperan 42 embarcaciones para atracar en muelle, informó una fuente del sector.
Hasta la tarde de ayer, había 17 buques graneleros cargados con azúcar (3), arroz (4), maíz blanco (2) y maíz amarillo (1), todos contratados por las importadoras del Estado. Otros siete corresponden a importaciones del sector privado.
Las otras 25 embarcaciones traen mercancía seca, contenedores y productos químicos, entre otros. Hay barcos que están esperando desde el 5 de julio para atracar en el muelle.
El tiempo estimado de descarga para un barco granelero, que en promedio trae unas 20 toneladas, es de entre 8 y 12 días. Si las embarcaciones tardan más del tiempo contratado, los importadores responsables de dicha carga deberán pagar a las navieras entre 10.000 y 20.000 dólares diarios, informaron fuentes del sector.
En esta situación se encuentran unas 11 embarcaciones que arribaron a la bahía de Puerto Cabello a principio de este mes.
En la última contingencia que se registró en el puerto carabobeño, hace dos años, derivó en intereses de mora por el orden de 16 millones de dólares.
Los importadores consideran que la única solución para que cese el congestionamiento del puerto es que disminuya el número de barcos.
"Las importaciones desprogramadas mantienen el puerto colapsado. Los importadores, públicos o privados deben tomar en cuenta esta situación para que no siga ocurriendo, pues no es la primera vez que pasa", apuntó la fuente.
La logística
Se conoció que las autoridades de la Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) pidieron prioridad para descargar los barcos que traen alimentos contratados por el Gobierno. Sin embargo, los empresarios del sector privado solicitaron a las autoridades respetar la fecha de llegada de los buques.
Como solución al congestionamiento, Bolipuertos está evaluando la posibilidad de habilitar nuevos muelles para que puedan atracar más buques graneleros diarios, pues actualmente solo hay cinco disponibles.
Uno de los principales factores que han afectado la descarga de materias primas es la escasez de balanzas para pesar los camiones que transportan el producto. A esto se suman las fallas eléctricas en la región.
El Universal.
El arribo de nuevos buques a la bahía de Puerto Cabello agudiza la situación de congestionamiento en la bahía de Puerto Cabello.
A pesar de que se han agilizado los procesos de descarga de los barcos, dando prioridad a aquellos que traen materias primas para el sector alimentos, aún esperan 42 embarcaciones para atracar en muelle, informó una fuente del sector.
Hasta la tarde de ayer, había 17 buques graneleros cargados con azúcar (3), arroz (4), maíz blanco (2) y maíz amarillo (1), todos contratados por las importadoras del Estado. Otros siete corresponden a importaciones del sector privado.
Las otras 25 embarcaciones traen mercancía seca, contenedores y productos químicos, entre otros. Hay barcos que están esperando desde el 5 de julio para atracar en el muelle.
El tiempo estimado de descarga para un barco granelero, que en promedio trae unas 20 toneladas, es de entre 8 y 12 días. Si las embarcaciones tardan más del tiempo contratado, los importadores responsables de dicha carga deberán pagar a las navieras entre 10.000 y 20.000 dólares diarios, informaron fuentes del sector.
En esta situación se encuentran unas 11 embarcaciones que arribaron a la bahía de Puerto Cabello a principio de este mes.
En la última contingencia que se registró en el puerto carabobeño, hace dos años, derivó en intereses de mora por el orden de 16 millones de dólares.
Los importadores consideran que la única solución para que cese el congestionamiento del puerto es que disminuya el número de barcos.
"Las importaciones desprogramadas mantienen el puerto colapsado. Los importadores, públicos o privados deben tomar en cuenta esta situación para que no siga ocurriendo, pues no es la primera vez que pasa", apuntó la fuente.
La logística
Se conoció que las autoridades de la Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) pidieron prioridad para descargar los barcos que traen alimentos contratados por el Gobierno. Sin embargo, los empresarios del sector privado solicitaron a las autoridades respetar la fecha de llegada de los buques.
Como solución al congestionamiento, Bolipuertos está evaluando la posibilidad de habilitar nuevos muelles para que puedan atracar más buques graneleros diarios, pues actualmente solo hay cinco disponibles.
Uno de los principales factores que han afectado la descarga de materias primas es la escasez de balanzas para pesar los camiones que transportan el producto. A esto se suman las fallas eléctricas en la región.
El Universal.
miércoles, 21 de julio de 2010
16 buques graneleros en cola para entrar a Puerto Cabello
Importaciones desprogramadas del Estado han colapsado el puerto
Unas 34 embarcaciones están ancladas en la bahía de Puerto Cabello esperando su turno para descargar en el principal puerto del país. De éstas, 16 son buques graneleros con alimentos que transportan materias para la agroindustria.
Antonio Landaeta, vicepresidente de Fedecámaras Carabobo, informó que de los 16 buques 11 corresponden a importaciones del Gobierno y siete a empresas privadas.
Entre los barcos que esperan arribar al puerto se encuentran dos cargados con maíz blanco, dos con maíz amarillo, tres con azúcar cruda y cuatro con arroz, todos contratados por empresas del Gobierno. Asimismo, hay tres buques con soya y dos con cebada, pertenecientes al sector privado.
Consideran que las importaciones desprogramadas han originado el aglomeramiento de barcos en la bahía.
"No estamos en contra de que el Gobierno haga las importaciones, porque hay rubros que hay que importarlos, pero el Gobierno debe hacerlas de forma coordinada, con una logística planificada para evitar que el puerto colapse", acotó.
Landaeta indicó que un número de barcos se encuentra esperando turno desde la última semana de junio. El tiempo de permanencia por buque es de entre 12 y 18 días en muelle y sólo hay cinco plataformas disponibles para descargar las embarcaciones, lo que dificulta aun más la situación.
Otro de los cuellos de botella que hay en el muelle son las balanzas (romanas) para pesar los camiones que transportan productos a granel.
Landaeta explicó que aunque la descarga de cereales y productos a granel se realiza las 24 horas, las intensas lluvias que han caído en la región también han retrasado el desembarque.
En 2008, cuando se registró el último colapso del puerto en Carabobo, que dejó en evidencia la escasa infraestructura del puerto, se ofreció la instalación de 10 nuevas básculas. Sin embargo, en estos momentos funcionan las mismas tres que hace dos años.
En esa oportunidad, se generaron intereses de mora por el orden de los 16 millones de dólares.
Además en espera hay ocho buques con contenedores, tres graneleros con químicos, seis lastres y un barco con ganado en pie.
Unas 34 embarcaciones están ancladas en la bahía de Puerto Cabello esperando su turno para descargar en el principal puerto del país. De éstas, 16 son buques graneleros con alimentos que transportan materias para la agroindustria.
Antonio Landaeta, vicepresidente de Fedecámaras Carabobo, informó que de los 16 buques 11 corresponden a importaciones del Gobierno y siete a empresas privadas.
Entre los barcos que esperan arribar al puerto se encuentran dos cargados con maíz blanco, dos con maíz amarillo, tres con azúcar cruda y cuatro con arroz, todos contratados por empresas del Gobierno. Asimismo, hay tres buques con soya y dos con cebada, pertenecientes al sector privado.
Consideran que las importaciones desprogramadas han originado el aglomeramiento de barcos en la bahía.
"No estamos en contra de que el Gobierno haga las importaciones, porque hay rubros que hay que importarlos, pero el Gobierno debe hacerlas de forma coordinada, con una logística planificada para evitar que el puerto colapse", acotó.
Landaeta indicó que un número de barcos se encuentra esperando turno desde la última semana de junio. El tiempo de permanencia por buque es de entre 12 y 18 días en muelle y sólo hay cinco plataformas disponibles para descargar las embarcaciones, lo que dificulta aun más la situación.
Otro de los cuellos de botella que hay en el muelle son las balanzas (romanas) para pesar los camiones que transportan productos a granel.
Landaeta explicó que aunque la descarga de cereales y productos a granel se realiza las 24 horas, las intensas lluvias que han caído en la región también han retrasado el desembarque.
En 2008, cuando se registró el último colapso del puerto en Carabobo, que dejó en evidencia la escasa infraestructura del puerto, se ofreció la instalación de 10 nuevas básculas. Sin embargo, en estos momentos funcionan las mismas tres que hace dos años.
En esa oportunidad, se generaron intereses de mora por el orden de los 16 millones de dólares.
Además en espera hay ocho buques con contenedores, tres graneleros con químicos, seis lastres y un barco con ganado en pie.
lunes, 19 de julio de 2010
Pdvsa perdió $ 5,9 millardos en el negocio de alimentos
Demandas en EE UU exigen indemnización por $ 150 millones. Los gastos representan 2,9% de los ingresos petroleros de 2008 y 2009
La incursión de Petróleos de Venezuela en el negocio de producción y distribución de alimentos significó desembolsos, aún preliminares, por el orden de 5,9 millardos de dólares, la mayoría de los cuales arrojó pérdidas debido, en algunos casos, a que formaron parte de los aportes sociales de la compañía y, en otros, porque no cubrieron las ventas de alimentos a través de la red Pdval.
El monto es minimizado por las autoridades financieras de la petrolera porque representa 2,9% de los ingresos, por 199,3 millardos de dólares, que Pdvsa obtuvo por exportación de crudo y derivados entre 2008 y 2009, período en el cual la empresa avanzó en su negocio agroalimentario.
El saldo rojo de la corporación solamente en el área de alimentos, incorpora también los desembolsos por comida que entró al país sin cumplir normas sanitarias y que para efectos contables se registró como cuenta por cobrar, sin que hasta la fecha se haya logrado recuperar ese dinero.
Se añade la desincorporación de activos de empresas alimentarias que se adquirieron, valorados en 1,7 millardos de dólares, y que también la estatal minimiza porque equivalen a algo más de 1% del total de activos de Pdvsa.
Los criterios de rentabilidad que rigen todo negocio nunca fue el objetivo de Pdvsa en el caso agroalimentario, pese a que Pdval fue registrada como firma mercantil y se rige por las normas del Código de Comercio.
"Pdvsa desarrolla proyectos y mecanismos que incentiven el crecimiento industrial del país, con criterio soberano, humanista y en armonía con el medio ambiente, respetando la vocación de las distintas localidades de nuestro territorio y que contribuyan a la construcción de una nueva estructura económica y social incluyente", indica la empresa en su informe 2008, año cuando fue creada Pdval.
En las cuentas por pagar aún no se agregan los montos por indemnización que aspiran a recibir los traders, o firmas intermediarias, en el negocio de alimentos que demandaron a las filiales Bariven y Pdvsa Services Inc. por incumplimiento en contratos de leche en polvo, margarina, harina de trigo y carne bovina.
Estas empresas exigen una indemnización que suma 150,6 millones de dólares no sólo por las pérdidas que alegan, debido a los víveres que tuvieron que comprar y finalmente nunca fueron enviados a Venezuela, sino también por los pagos anticipados que estas compañías argumentan haber hecho con productores agrícolas de varios países y por los costos legales que han tenido que asumir al demandar a las filiales de Pdvsa.
Los pasivos. En el proceso de adquisición de empresas agrícolas, Pdvsa no sólo incorporó activos sino también pasivos financieros principalmente por las deudas que tenían algunas de estas compañías y que para el tercer trimestre de 2008 sumaban 38 millones de dólares, monto minimizado por las autoridades financieras de la petrolera porque representaba 0,25% del total de la deuda financiera de Petróleos de Venezuela.
En ese momento arrojaba un saldo de 14,8 millardos de dólares.
En el reporte financiero de 2009 se señala que esas deudas vinculadas con negocios no petroleros se pagaron, y las actuales obligaciones contratadas mediante la emisión de bonos o con instituciones bancarias pertenecen a la casa matriz o a Citgo, que es la filial con operaciones de refinación en Estados Unidos.
El Nacional
La incursión de Petróleos de Venezuela en el negocio de producción y distribución de alimentos significó desembolsos, aún preliminares, por el orden de 5,9 millardos de dólares, la mayoría de los cuales arrojó pérdidas debido, en algunos casos, a que formaron parte de los aportes sociales de la compañía y, en otros, porque no cubrieron las ventas de alimentos a través de la red Pdval.
El monto es minimizado por las autoridades financieras de la petrolera porque representa 2,9% de los ingresos, por 199,3 millardos de dólares, que Pdvsa obtuvo por exportación de crudo y derivados entre 2008 y 2009, período en el cual la empresa avanzó en su negocio agroalimentario.
El saldo rojo de la corporación solamente en el área de alimentos, incorpora también los desembolsos por comida que entró al país sin cumplir normas sanitarias y que para efectos contables se registró como cuenta por cobrar, sin que hasta la fecha se haya logrado recuperar ese dinero.
Se añade la desincorporación de activos de empresas alimentarias que se adquirieron, valorados en 1,7 millardos de dólares, y que también la estatal minimiza porque equivalen a algo más de 1% del total de activos de Pdvsa.
Los criterios de rentabilidad que rigen todo negocio nunca fue el objetivo de Pdvsa en el caso agroalimentario, pese a que Pdval fue registrada como firma mercantil y se rige por las normas del Código de Comercio.
"Pdvsa desarrolla proyectos y mecanismos que incentiven el crecimiento industrial del país, con criterio soberano, humanista y en armonía con el medio ambiente, respetando la vocación de las distintas localidades de nuestro territorio y que contribuyan a la construcción de una nueva estructura económica y social incluyente", indica la empresa en su informe 2008, año cuando fue creada Pdval.
En las cuentas por pagar aún no se agregan los montos por indemnización que aspiran a recibir los traders, o firmas intermediarias, en el negocio de alimentos que demandaron a las filiales Bariven y Pdvsa Services Inc. por incumplimiento en contratos de leche en polvo, margarina, harina de trigo y carne bovina.
Estas empresas exigen una indemnización que suma 150,6 millones de dólares no sólo por las pérdidas que alegan, debido a los víveres que tuvieron que comprar y finalmente nunca fueron enviados a Venezuela, sino también por los pagos anticipados que estas compañías argumentan haber hecho con productores agrícolas de varios países y por los costos legales que han tenido que asumir al demandar a las filiales de Pdvsa.
Los pasivos. En el proceso de adquisición de empresas agrícolas, Pdvsa no sólo incorporó activos sino también pasivos financieros principalmente por las deudas que tenían algunas de estas compañías y que para el tercer trimestre de 2008 sumaban 38 millones de dólares, monto minimizado por las autoridades financieras de la petrolera porque representaba 0,25% del total de la deuda financiera de Petróleos de Venezuela.
En ese momento arrojaba un saldo de 14,8 millardos de dólares.
En el reporte financiero de 2009 se señala que esas deudas vinculadas con negocios no petroleros se pagaron, y las actuales obligaciones contratadas mediante la emisión de bonos o con instituciones bancarias pertenecen a la casa matriz o a Citgo, que es la filial con operaciones de refinación en Estados Unidos.
El Nacional
viernes, 16 de julio de 2010
Se agotan los bonos que alimentan la oferta del Sitme
Barclays indica que los papeles de la banca alcanzan hasta finales de julio. Nuevas emisiones impactarán el precio de todos los bonos.
Todo indica que en poco tiempo el Gobierno tendrá que tomar decisiones en cuanto al Sitme, un sistema controlado por el Banco Central donde las empresas adquieren divisas comprando con bolívares bonos en dólares que luego revenden en el exterior.
El principal problema a resolver es la sequía de la oferta. El Gobierno conminó a los bancos a vender sus bonos en divisas a través del Sitme pero la existencia de papeles disminuye aceleradamente.
En un informe fechado el 15 de julio, Barclays Capital afirma que los bancos entregaron bonos por el orden de mil millones de dólares y hasta el momento se han vendido a las empresas 650 millones.
Lo anterior se traduce en que al Banco Central le quedan disponibles 350 millones de dólares y dado que diariamente vende un promedio de 25 millones, Barclays señala que la oferta se agotaría a finales de julio.
Para mantener la rueda en movimiento el Gobierno se vería forzado a emitir nuevos bonos en dólares a través de Petróleos de Venezuela o del Ministerio de Finanzas, que las empresas comprarían en bolívares.
Gracias a una reciente reforma legal el Banco Central puede comprar bonos de Pdvsa, de tal forma, que Barclays no descarta que el BCV adquiera los papeles de la petrolera y luego los revenda a través del Sitme.
Si los bonos los emite el Ministerio de Finanzas, Barclays anticipa que la República pagaría una elevada tasa de interés, superior a 10%.
Un factor a tomar en cuenta es que las empresas revenderían rápidamente los papeles en el exterior afectando el precio de todos los títulos de la República.
Todo indica que en poco tiempo el Gobierno tendrá que tomar decisiones en cuanto al Sitme, un sistema controlado por el Banco Central donde las empresas adquieren divisas comprando con bolívares bonos en dólares que luego revenden en el exterior.
El principal problema a resolver es la sequía de la oferta. El Gobierno conminó a los bancos a vender sus bonos en divisas a través del Sitme pero la existencia de papeles disminuye aceleradamente.
En un informe fechado el 15 de julio, Barclays Capital afirma que los bancos entregaron bonos por el orden de mil millones de dólares y hasta el momento se han vendido a las empresas 650 millones.
Lo anterior se traduce en que al Banco Central le quedan disponibles 350 millones de dólares y dado que diariamente vende un promedio de 25 millones, Barclays señala que la oferta se agotaría a finales de julio.
Para mantener la rueda en movimiento el Gobierno se vería forzado a emitir nuevos bonos en dólares a través de Petróleos de Venezuela o del Ministerio de Finanzas, que las empresas comprarían en bolívares.
Gracias a una reciente reforma legal el Banco Central puede comprar bonos de Pdvsa, de tal forma, que Barclays no descarta que el BCV adquiera los papeles de la petrolera y luego los revenda a través del Sitme.
Si los bonos los emite el Ministerio de Finanzas, Barclays anticipa que la República pagaría una elevada tasa de interés, superior a 10%.
Un factor a tomar en cuenta es que las empresas revenderían rápidamente los papeles en el exterior afectando el precio de todos los títulos de la República.
jueves, 15 de julio de 2010
La escasez de divisas profundiza caída de la inversión privada
La poca disposición a invertir afectará el crecimiento, el empleo y los salarios. Se incrementará la inflación.
Una encuesta elaborada por Conindustria en julio de este año determina que 96 de cada 100 empresas, en áreas como autopartes, plástico, químico y vidrio tienen dificultades para obtener todos los dólares que requieren, dato que permite anticipar que el descenso de la inversión privada no se detendrá.
Después de dos años sin difundir estadísticas sobre este tema, el Banco Central registra que en 2009 la inversión privada, es decir, el dinero destinado a la compra de maquinaria, transporte y edificaciones que permiten ampliar la producción, retrocedió 2,9% y en 2008 experimentó un descenso de 21,2%.
Además de asegurar el crecimiento del futuro, la inversión obliga a contratar personal y el alza en la demanda de trabajadores tiende a incrementar los sueldos en todos los sectores, pero el repliegue del sector privado es profundo.
Después de limpiar el efecto de la inflación las estadísticas del Banco Central desnudan que la inversión privada al cierre del año pasado es la más baja desde 2005 y en contraste con 2001 registra una fuerte caída de 24,1%.
La debilidad de la inversión figura entre las principales causas de la caída de la producción de la industria manufacturera que al cierre del primer trimestre de 2010 se ubica en la más baja de los últimos seis años.
Para Venezuela este dato es importante. Para romper la dependencia del petróleo, que provee 95 de cada 100 dólares que ingresan al país, es vital que aumente la producción de la industria nacional.
Un documento elaborado la semana pasada por los miembros de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central destaca que el declive de la producción industrial "contribuye a explicar la insuficiencia de oferta nacional de bienes y, en consecuencia, la exacerbación de las presiones inflacionarias".
Analistas explican que la anemia de la inversión privada responde a un clima de negocios signado por trabas para el acceso a las divisas, control de precios, expropiaciones y un proyecto político que tiene como bandera "destruir al capitalismo".
La inversión del sector público también se contrae. El Banco Central precisa que en 2009 la inversión pública cae 10,7% y todo indica que en el primer semestre de este año no hubo mayor variación.
La administración de Hugo Chávez no ha aplicado medidas para combatir la recesión. La mayoría de los analistas pronosticó que el Gobierno recurriría al alza del gasto público por tratarse de un año electoral y contar con suficientes recursos provenientes del incremento de los precios del petróleo y la devaluación, pero no ha sido así.
Las cifras del Banco Central indican que entre diciembre y junio la cantidad de dinero en la economía tan solo se incrementa 2,4%, dejando en evidencia que el gasto público no experimenta mayor crecimiento.
La posibilidad de que el país se beneficie de la inversión extranjera, al igual que las principales economías de América Latina, luce complicada.
Un estudio elaborado por la Cepal indica que Venezuela es el único país de América Latina que no captó inversión extranjera en 2009, de hecho sufrió una salida de 3 mil 105 millones de dólares.
En 2008 la inversión extranjera en el país apenas ascendió a 349 millones de dólares, cifra inferior a la de Honduras, Jamaica y Bahamas.
Organismos internacionales que elaboran informes sobre las facilidades de inversión en el mundo colocan a Venezuela en un lugar nada alentador.
El Banco Mundial coloca a Venezuela en el puesto 177 en una lista de 183 países en cuanto a la facilidad para hacer negocios.
Por encima de Venezuela se encuentran Burundi, Eritrea, Níger, Guinea y Camerún.
vsalmeron@eluniversal.com
Una encuesta elaborada por Conindustria en julio de este año determina que 96 de cada 100 empresas, en áreas como autopartes, plástico, químico y vidrio tienen dificultades para obtener todos los dólares que requieren, dato que permite anticipar que el descenso de la inversión privada no se detendrá.
Después de dos años sin difundir estadísticas sobre este tema, el Banco Central registra que en 2009 la inversión privada, es decir, el dinero destinado a la compra de maquinaria, transporte y edificaciones que permiten ampliar la producción, retrocedió 2,9% y en 2008 experimentó un descenso de 21,2%.
Además de asegurar el crecimiento del futuro, la inversión obliga a contratar personal y el alza en la demanda de trabajadores tiende a incrementar los sueldos en todos los sectores, pero el repliegue del sector privado es profundo.
Después de limpiar el efecto de la inflación las estadísticas del Banco Central desnudan que la inversión privada al cierre del año pasado es la más baja desde 2005 y en contraste con 2001 registra una fuerte caída de 24,1%.
La debilidad de la inversión figura entre las principales causas de la caída de la producción de la industria manufacturera que al cierre del primer trimestre de 2010 se ubica en la más baja de los últimos seis años.
Para Venezuela este dato es importante. Para romper la dependencia del petróleo, que provee 95 de cada 100 dólares que ingresan al país, es vital que aumente la producción de la industria nacional.
Un documento elaborado la semana pasada por los miembros de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central destaca que el declive de la producción industrial "contribuye a explicar la insuficiencia de oferta nacional de bienes y, en consecuencia, la exacerbación de las presiones inflacionarias".
Analistas explican que la anemia de la inversión privada responde a un clima de negocios signado por trabas para el acceso a las divisas, control de precios, expropiaciones y un proyecto político que tiene como bandera "destruir al capitalismo".
La inversión del sector público también se contrae. El Banco Central precisa que en 2009 la inversión pública cae 10,7% y todo indica que en el primer semestre de este año no hubo mayor variación.
La administración de Hugo Chávez no ha aplicado medidas para combatir la recesión. La mayoría de los analistas pronosticó que el Gobierno recurriría al alza del gasto público por tratarse de un año electoral y contar con suficientes recursos provenientes del incremento de los precios del petróleo y la devaluación, pero no ha sido así.
Las cifras del Banco Central indican que entre diciembre y junio la cantidad de dinero en la economía tan solo se incrementa 2,4%, dejando en evidencia que el gasto público no experimenta mayor crecimiento.
La posibilidad de que el país se beneficie de la inversión extranjera, al igual que las principales economías de América Latina, luce complicada.
Un estudio elaborado por la Cepal indica que Venezuela es el único país de América Latina que no captó inversión extranjera en 2009, de hecho sufrió una salida de 3 mil 105 millones de dólares.
En 2008 la inversión extranjera en el país apenas ascendió a 349 millones de dólares, cifra inferior a la de Honduras, Jamaica y Bahamas.
Organismos internacionales que elaboran informes sobre las facilidades de inversión en el mundo colocan a Venezuela en un lugar nada alentador.
El Banco Mundial coloca a Venezuela en el puesto 177 en una lista de 183 países en cuanto a la facilidad para hacer negocios.
Por encima de Venezuela se encuentran Burundi, Eritrea, Níger, Guinea y Camerún.
vsalmeron@eluniversal.com
miércoles, 14 de julio de 2010
Sistema cambiario afectará a 96% de las industrias locales
Según Conindustria, para 87% de las empresas el Sitme no es una solución. "El monto de los 350.000 dólares mensuales es insuficiente para cubrir el abastecimiento. En promedio las empresas creen que debería ser 1.814.636 dólares mensuales".
La nueva realidad cambiaria amenaza con afectar el rendimiento de la manufactura local en el segundo semestre del año, según reflejó una encuesta FLASHde la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
De acuerdo al estudio, 96% de las industrias afirmaron que el sistema cambiario afectará el ritmo de la producción por las dificultades que atraviesan para obtener dólares. Entre los consultados hay empresas ligadas a sectores como el de autopartes, vidrio, papel, tabaco, minerales no metálicos, aluminio, especies alcohólicas, plástico, químico y agroindustrias, entre otros.
En promedio, los industriales consideraron que el impacto en la producción puede ubicarse en 41%. "Hay sectores que ya están trabajando tres o cuatro días a la semana o han recortado líneas de producción", afirmó Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria.
La encuesta indica que 61% de los industriales acude a la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) como principal fuente para adquirir los dólares necesarios para la importación de insumos y materia prima.
Aunque los tiempos de liquidación del organismo han mejorado al descender de una demora de entre 130 y 180 días el año pasado, a alrededor de 90 y 120 días en julio de 2010, buena parte de los pagos no se corres ponden con importaciones hechas este año, sino a la cancelación de compromisos que las empresas adquirieron en 2008 y 2009.
Con respecto a la apreciación que tiene el sector manufacturero sobre el recién creado Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), apenas 13% de las compañías ve en esa plataforma una solución.
"El grueso del sector manufacturero está en las listas 1 y 2 de los bienes de importación de Cadivi", explicó Larrazábal.
Pero esa no es la única razón por la cual el Sitme resulta poco conveniente para los fabricantes nacionales. La cantidad de 50.000 dólares diarios o el máximo de 350.000 dólares mensuales, fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV), es escasa para la mayoría de las áreas industriales.
De hecho, 87% de los encuestados aseveró que esa cantidad es insuficiente. "El monto de los 350.000 dólares mensuales es insuficiente para cubrir el abastecimiento. En promedio las empresas creen que debería ser 1.814.636 dólares mensuales", dijo Larrazábal.
A juicio del directivo, la encuesta realizada por el gremio confirma la necesidad de "flexibilizar" el sistema cambiario. "El Sitme no es un mecanismo que solucione la problemática cambiaria. La dinámica de las empresas es muy rápida y fluida y el Sitme es extremadamente rígido, y limita la producción y las nuevas inversiones", dijo el presidente de Conindustria.
Trabas adicionales
Adicionalmente, Larrazábal apuntó que debido a los vacíos del instructivo que el BCV publicó para el funcionamiento del Sitme, las instituciones financieras que tramitan las solicitudes de los clientes están ordenando más requisitos.
"Están exigiendo cosas que no están en el reglamento", dijo Larrazábal.
Una de esas exigencias es que las compañías estén inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad) de Cadivi, requisito que limitaría aún más la posibilidad de obtener dólares para quienes no los reciben habitualmente por Cadivi.
El directivo recordó que a finales del año pasado el Ejecutivo había planificado diseñar presupuestos de divisas, pero cumplido el primer semestre de 2010 la realidad del sector manufacturero está marcada por la incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de divisas.
"El actor económico tiene que tener confianza y seguridad. Si no hay certeza de cómo se obtendrá la materia prima, eso afecta la producción y aumenta los costos".
Roberto Deniz
EL UNIVERSAL
La nueva realidad cambiaria amenaza con afectar el rendimiento de la manufactura local en el segundo semestre del año, según reflejó una encuesta FLASHde la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
De acuerdo al estudio, 96% de las industrias afirmaron que el sistema cambiario afectará el ritmo de la producción por las dificultades que atraviesan para obtener dólares. Entre los consultados hay empresas ligadas a sectores como el de autopartes, vidrio, papel, tabaco, minerales no metálicos, aluminio, especies alcohólicas, plástico, químico y agroindustrias, entre otros.
En promedio, los industriales consideraron que el impacto en la producción puede ubicarse en 41%. "Hay sectores que ya están trabajando tres o cuatro días a la semana o han recortado líneas de producción", afirmó Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria.
La encuesta indica que 61% de los industriales acude a la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) como principal fuente para adquirir los dólares necesarios para la importación de insumos y materia prima.
Aunque los tiempos de liquidación del organismo han mejorado al descender de una demora de entre 130 y 180 días el año pasado, a alrededor de 90 y 120 días en julio de 2010, buena parte de los pagos no se corres ponden con importaciones hechas este año, sino a la cancelación de compromisos que las empresas adquirieron en 2008 y 2009.
Con respecto a la apreciación que tiene el sector manufacturero sobre el recién creado Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), apenas 13% de las compañías ve en esa plataforma una solución.
"El grueso del sector manufacturero está en las listas 1 y 2 de los bienes de importación de Cadivi", explicó Larrazábal.
Pero esa no es la única razón por la cual el Sitme resulta poco conveniente para los fabricantes nacionales. La cantidad de 50.000 dólares diarios o el máximo de 350.000 dólares mensuales, fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV), es escasa para la mayoría de las áreas industriales.
De hecho, 87% de los encuestados aseveró que esa cantidad es insuficiente. "El monto de los 350.000 dólares mensuales es insuficiente para cubrir el abastecimiento. En promedio las empresas creen que debería ser 1.814.636 dólares mensuales", dijo Larrazábal.
A juicio del directivo, la encuesta realizada por el gremio confirma la necesidad de "flexibilizar" el sistema cambiario. "El Sitme no es un mecanismo que solucione la problemática cambiaria. La dinámica de las empresas es muy rápida y fluida y el Sitme es extremadamente rígido, y limita la producción y las nuevas inversiones", dijo el presidente de Conindustria.
Trabas adicionales
Adicionalmente, Larrazábal apuntó que debido a los vacíos del instructivo que el BCV publicó para el funcionamiento del Sitme, las instituciones financieras que tramitan las solicitudes de los clientes están ordenando más requisitos.
"Están exigiendo cosas que no están en el reglamento", dijo Larrazábal.
Una de esas exigencias es que las compañías estén inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad) de Cadivi, requisito que limitaría aún más la posibilidad de obtener dólares para quienes no los reciben habitualmente por Cadivi.
El directivo recordó que a finales del año pasado el Ejecutivo había planificado diseñar presupuestos de divisas, pero cumplido el primer semestre de 2010 la realidad del sector manufacturero está marcada por la incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de divisas.
"El actor económico tiene que tener confianza y seguridad. Si no hay certeza de cómo se obtendrá la materia prima, eso afecta la producción y aumenta los costos".
Roberto Deniz
EL UNIVERSAL
martes, 13 de julio de 2010
"Racionamiento eléctrico seguirá por dos años"
Nelson Hernández, experto eléctrico, explicó que la demanda está restringida, lo que hace al sistema vulnerable una vez que empiece a aumentar. Aunque el racionamiento programado fue levantado, los centros comerciales continúan operando bajo el horario restringido, debido a la prórroga del decreto de emergencia eléctrica. Adicionalmente, a las empresas de Guayana Venalum, Alcasa y Sidor no se les ha vuelto a aumentar el suministro
El ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque, aseguró la semana pasada que los elementos que caracterizaban la crisis eléctrica se han superado. Destacó que uno de los principales problemas del sistema eléctrico nacional, que era la insuficiencia de generación térmica, se ha mitigado con la instalación de 1.200 megavatios en nueva capacidad de generación.
Sin embargo, la demanda eléctrica continúa restringida, lo que hace al sistema vulnerable una vez que empiece a aumentar. Según cifras del Centro Nacional de Gestión, la capacidad instalada de generación, en términos nominales alcanzó en mayo 24.188,4 megavatios. Pero de acuerdo con cálculos de Nelson Hernández, experto en gerencia y energía, alrededor de 37% de esa capacidad, cerca de 9.000 MW, no está disponible. Se trata, mayoritariamente de unidades fuera de servicio como las 10 turbinas de Guri o las 4 unidades de Planta Centro.
De esta manera, el número de megavatios disponibles para atender la demanda eléctrica prácticamente equipara a la demanda máxima de potencia -aquella que se requiere a una hora pico-, que este año registra 15.807 megavatios.
Si los requerimientos superan la oferta disponible, el sistema eléctrico nacional entra en problemas, y allí, según Hernández, hay otro escollo por superar. La demanda máxima registrada este año es 9% más baja de lo que fue en 2009, de 17.337 MW. Los 1.530 megavatios de diferencia son, de acuerdo con Hernández, una demanda que ha estado restringida, como consecuencia de todas las medidas aplicadas desde principios de 2010 para evitar el colapso del sistema. "Mientras no se superen esos escollos, el racionamiento continuará, al menos por dos años más", agregó.
Aunque el racionamiento programado fue levantado, los centros comerciales continúan operando bajo el horario restringido, debido a la prórroga del decreto de emergencia eléctrica. Adicionalmente, a las empresas de Guayana Venalum, Alcasa y Sidor no se les ha vuelto a aumentar el suministro.
Pedro Acuña, representante de los accionistas clase B de Sidor, afirma que el suministro de energía eléctrica aumentó a 400 MW, pero todavía requiere de 170 megavatios para alcanzar el nivel de equilibrio y aumentar la capacidad de producción de acero. Henry Arias, representante sindical de Venalum, señaló que a esta empresa sólo se le han aportado 10 MW. Estaba previsto que desde el 1º de junio se incorporaran 10 MW semanales.
El ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque, aseguró la semana pasada que los elementos que caracterizaban la crisis eléctrica se han superado. Destacó que uno de los principales problemas del sistema eléctrico nacional, que era la insuficiencia de generación térmica, se ha mitigado con la instalación de 1.200 megavatios en nueva capacidad de generación.
Sin embargo, la demanda eléctrica continúa restringida, lo que hace al sistema vulnerable una vez que empiece a aumentar. Según cifras del Centro Nacional de Gestión, la capacidad instalada de generación, en términos nominales alcanzó en mayo 24.188,4 megavatios. Pero de acuerdo con cálculos de Nelson Hernández, experto en gerencia y energía, alrededor de 37% de esa capacidad, cerca de 9.000 MW, no está disponible. Se trata, mayoritariamente de unidades fuera de servicio como las 10 turbinas de Guri o las 4 unidades de Planta Centro.
De esta manera, el número de megavatios disponibles para atender la demanda eléctrica prácticamente equipara a la demanda máxima de potencia -aquella que se requiere a una hora pico-, que este año registra 15.807 megavatios.
Si los requerimientos superan la oferta disponible, el sistema eléctrico nacional entra en problemas, y allí, según Hernández, hay otro escollo por superar. La demanda máxima registrada este año es 9% más baja de lo que fue en 2009, de 17.337 MW. Los 1.530 megavatios de diferencia son, de acuerdo con Hernández, una demanda que ha estado restringida, como consecuencia de todas las medidas aplicadas desde principios de 2010 para evitar el colapso del sistema. "Mientras no se superen esos escollos, el racionamiento continuará, al menos por dos años más", agregó.
Aunque el racionamiento programado fue levantado, los centros comerciales continúan operando bajo el horario restringido, debido a la prórroga del decreto de emergencia eléctrica. Adicionalmente, a las empresas de Guayana Venalum, Alcasa y Sidor no se les ha vuelto a aumentar el suministro.
Pedro Acuña, representante de los accionistas clase B de Sidor, afirma que el suministro de energía eléctrica aumentó a 400 MW, pero todavía requiere de 170 megavatios para alcanzar el nivel de equilibrio y aumentar la capacidad de producción de acero. Henry Arias, representante sindical de Venalum, señaló que a esta empresa sólo se le han aportado 10 MW. Estaba previsto que desde el 1º de junio se incorporaran 10 MW semanales.
lunes, 12 de julio de 2010
Gasto público registró caída de 7,7% en el primer semestre
En la primera mitad del año fueron desembolsados Bs 94,7 millardos. El comportamiento de las erogaciones del sector público muestran que efectivamente el gasto ha estado perdiendo fuerza para impulsar la economía.
El Gobierno en el primer semestre de 2010 ejecutó 48% del presupuesto y el gasto desembolsado superó al registrado en el mismo período de 2009; sin embargo, el ajuste cambiario y la inflación impactaron en las erogaciones del sector público.
El presupuesto al cierre del mes de junio alcanzó los 177,3 millardos de bolívares, y de esa cantidad fueron erogados 94,7 millardos de bolívares. Cuando se compara en detalle la gestión de la primera mitad de 2010 con el mismo período del pasado año se observa que en términos nominales los desembolsos aumentaron 28%, pero en términos reales, cuando se incluye el efecto de la inflación, el gasto registró una caída de 7,7%, de acuerdo con los cálculos de Ecoanalítica.
El comportamiento de las erogaciones del sector público muestran que efectivamente el gasto ha estado perdiendo fuerza para impulsar la economía. En la orientación de los fondos públicos se tiene que la mayor parte de los recursos fueron destinados al gasto corriente, en especial atender las obligaciones laborales y el funcionamiento de los despachos; la menor proporción fue para gasto de capital, es decir, los fondos para inversión. Menos desembolsos.
Esa menor inversión se refleja por ejemplo en los desembolsos realizados por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (ahora separado en Ministerio de Transporte y Ministerio de la Vivienda). Los datos del despacho de las finanzas públicas señalan que la asignación para obras públicas al término del primer semestre se ubicó en 7,2 millardos de bolívares, de esa cantidad fueron erogados 3,8 millardos de bolívares, de manera que la ejecución fue 33%.
En el primer trimestre, uno de los aspectos que incidió en la caída de la construcción fue la menor inversión pública y esa tendencia no tuvo mayores cambios en el segundo trimestre. El despacho de Obras fue justamente uno de los que tuvo la menor ejecución. Un comportamiento similar registró el Ministerio del Ambiente. De la asignación prevista de 2,8 millardos de bolívares, fueron desembolsados en la primera mitad del año 630 millones de bolívares. Aceleraciones Los datos del despacho de las finanzas públicas muestran que los ministerios que efectuaron los mayores desembolsos en el primer semestre fueron Trabajo y Alimentación.
Al cierre de junio, la asignación del Ministerio del Trabajo se ubicó en 14 millardos de bolívares, de ese monto ya se ejecutó 74%, que representa 10,4 millardos de bolívares. Esas erogaciones se destinaron a la cancelación de las remuneraciones así como de las pensiones del Seguro Social. En ese período, el Ejecutivo aprobó un incremento del sueldo mínimo de 26% y autorizó ajustes salariales en algunos sectores.
Gran parte de esos aumentos se cubrieron con créditos adicionales. El Ministerio de Alimentación al cierre del primer semestre ejecutó 85% del gasto asignado. El presupuesto del despacho al término de junio estaba en 3,1 millardos de bolívares, de ese monto fueron transferidos 2,8 millardos de bolívares. La mayor parte de los recursos del despacho se orientaron a la compra de insumos para abastecer las redes gubernamentales de alimentos.
Los datos del despacho de las finanzas públicas muestran que el Ministerio de Energía Eléctrica aceleró la ejecución de su asignación. Ante lo programado inicialmente y los créditos adicionales el despacho tuvo en el semestre una asignación de 4,7 millardos de bolívares, de esa cantidad fueron erogados 2,7 millardos de bolívares, lo que representó 57%. Esos recursos se estuvieron orientando a los compromisos laborales así como a la adquisición de plantas de generación y demás equipos.
viernes, 9 de julio de 2010
Advierten que se agotó el modelo de crecimiento
El universal
Académicos de la UCV argumentan en su análisis que "un país que exhibe cuatro trimestres consecutivos de contracción del PIB no experimenta una simple recesión, sino más bien el agotamiento de un modelo de crecimiento basado en la estatización de su economía".
Los miembros del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela han publicado un documento donde hacen un llamado a corregir la marcha de la economía. Los académicos argumentan en su análisis que "un país que exhibe cuatro trimestres consecutivos de contracción del PIB no experimenta una simple recesión, sino más bien el agotamiento de un modelo de crecimiento basado en la estatización de su economía".
Destacan que la "contracción ha ocurrido en el contexto de una recuperación importante de los precios petroleros, los cuales, entre el primer trimestre de 2009 y el primero de 2010, pasaron de $38,6 por barril, a $70,6/b. Es decir, mientras el precio del petróleo aumentó 83%, se acentuó la caída de la actividad económica". Al evaluar las distintas áreas de la economía consideran preocupante "la merma que están experimentado sectores importantes como petróleo, industria manufacturera, comercio y construcción".
"En particular, el comportamiento desfavorable del sector industrial con contracciones consecutivas cercanas al 10%, contribuye a explicar la insuficiencia de oferta nacional de bienes y, en consecuencia, la exacerbación de las presiones inflacionarias". Agregan que "al disminuir la producción industrial, ello incide negativamente sobre la capacidad de Venezuela de generar oferta exportable distinta del petróleo, hecho este que enfatiza el ya crónico estado de dependencia y de monoproducción de la economía".
El descenso de 6% en el consumo y de 28% en la inversión durante el primer trimestre de este año es otra alerta a ser tomada en cuenta. "La baja del consumo obedece a una disminución de los salarios reales, como efectivamente consignan las cifras del Banco Central", destaca el documento. Inmediatamente agrega que "si esto es preocupante, más aún lo es que la formación de capital presente reducciones significativas, cuestionando la capacidad futura de crecimiento, en la medida que el acervo de capital de la economía se diluye y no se reemplazan las maquinarias y equipos con nuevas inversiones.
En términos simples: sin nuevas inversiones no hay crecimiento sostenible". "La situación descrita de caída de la inversión se ha expresado en una pérdida de puestos de trabajos o en la falta de generación de nuevas plazas para absorber a quienes constantemente ingresan a la fuerza de trabajo", explican. Los expertos afirman que "el esquema de política económica aplicado recientemente no es el más apropiado para conjurar la situación de recesión, inflación y disminución de los salarios reales.
Así, las continuas expropiaciones y confiscaciones de medios de producción tienden a agravar la disminución de la inversión y de esa manera ello conspira contra la creación de nuevos empleos". "La estatización de los medios de producción no aumenta los activos productivos de la nación, lo que se produce es un cambio de propietario". Los académicos concluyen el documento haciendo "un llamado a la evaluación objetiva del desempeño económico nacional en aras de realizar los correctivos necesarios para evitar la profundización de la crisis, con el consecuente impacto que ella tiene en las condiciones de vida de los ciudadanos venezolanos, en particular aquéllos con menores recursos".
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