La crisis financiera ha espoleado la corrupción en los últimos tres años en todo el mundo, y especialmente en Norteamérica y Europa, según el Barómetro Global de la Corrupción 2010, publicado hoy por la ONG Transparencia Internacional (TI). Según este documento, el 73% de los europeos encuestados y el 67%ciento de los norteamericanos considera que este tipo de delitos económicos ha aumentado en el último trienio en sus respectivos países. En contraste, el promedio mundial de las personas que creen que la corrupción se ha incrementado en sus países en este período se sitúa en el 56%, frente al 30% que considera que se ha mantenido y el 14% entrevé una mejoría. “La crisis financiera afecta a la opinión de la gente sobre la corrupción, especialmente en Europa y en Norteamérica”, aseguró la presidenta de TI, Huguette Labelle, en un comunicado. Los países en los que sus ciudadanos perciben que la corrupción más ha empeorado en los últimos tres años son: Senegal (88%), Rumanía (87), Venezuela (86), Papúa Nueva Guinea (85), Portugal (83), Perú (79) y Pakistán e Irak (77). En el extremo contrario, las naciones y territorios que más han avanzado hacia la transparencia, según sus propios ciudadanos e independientemente de su posición de partida, son Georgia (donde un 78%considera que ha caído la corrupción), Palestina (59%), Fiji y Sierra Leona (53) y Kenia (48). En España, un 73% de los encuestados considera que la corrupción se ha extendido en este período, frente al 24% que mantiene que sigue constante y el escaso 3% que cree que se ha reducido. Este estudio, distinto al Índice de Percepción de la Corrupción que también publica con carácter anual TI, no clasifica a los países en un ránking único, sino que tiene un enfoque temático. En esta edición, el Barómetro Global de la Corrupción se centra en la corrupción menor, en las personas que los ciudadanos consideran que pueden combatir la corrupción y en la percepción pública sobre la transparencia de las instituciones. En este último apartado, la ONG califica de “triste” que ocho de cada diez encuestados a nivel global consideren que los partidos políticos son “corruptos” o “extremadamente corruptos”, seguidos en falta de transparencia por el funcionariado y los órganos legislativos nacionales. En una escala del uno al cinco, los más de 91.000 encuestados en todo el mundo -aunque con significativas diferencias regionales- califican a los partidos políticos como la institución más corrupta (4,2), seguidos por los parlamentos, los funcionarios y la policía (3,7). A continuación se sitúa el sector privado (3,4 puntos sobre un máximo de cinco), la justicia y las instituciones religiosas (3,3), los medios (3,2), el sistema educativo (3,1), las ONG (2,9) y el ejercito (2,8). Como en estudios anteriores de TI, alrededor del 50% de las personas considera que la acción gubernamental contra la corrupción es “inefectiva”, alerta el informe. Esta impresión ha empeorado en los últimos tres años en la región Asia-Pacífico, en América Latina y en el África Subsahariana, y ha mejorado en Norteamérica y en las repúblicas ex soviéticas. No obstante, siete de cada diez encuestados a nivel mundial aseguran que denunciarían un caso de corrupción, un porcentaje que se reduce al 50% en el caso de ser víctimas personales de un delito económico de este tipo. “El mensaje de este Barómetro de 2010 es que la corrupción es insidiosa. Hace a la gente perder la fe. La buena noticia es que la gente está dispuesta a actuar”, aseguró Labelle. Para poner coto a la corrupción, la presidenta de TI apostó por mejorar la protección de los ciudadanos que se atreven a denunciar, por implicar a la población y por ampliar la información a la que puede acceder la ciudadanía. Asimismo, Labelle abogó por que los gobiernos de todo el mundo “muestren su resolución y se esfuercen por restaurar el buen gobierno y la confianza” de sus ciudadanos en las instituciones públicas. TI destacó que la presente edición del Barómetro Global sobre la Corrupción es la mayor en cobertura de los realizados por esta organización hasta la fecha, al incluir las respuestas de más de 91.000 personas de 86 países y territorios. Tal Cual Digital.
El socialismo del siglo XXI, fiel a sus antepasados políticos en el mundo, no podía renunciar a su herencia ideológica, que como rasgo genético conserva su odio hacia el capitalismo, chivo expiatorio de todas las tropelías que ejecuta para asaltar la propiedad privada y la industria, así como para espantar la inversión en el país.
jueves, 9 de diciembre de 2010
El país de la corrupción
Venezuela, según Transparencia Internacional es el segundo país del mundo con mayor corrupción
miércoles, 8 de diciembre de 2010
La inflación acumula salto de 24,9% en once meses
El "bolívar fuerte" ya ha perdido más de la mitad de su valor por el alza de los precios. El ajuste en los precios controlados impacta el costo de los alimentos que en el año registran un alza de 31,1%
Después de registrar un salto desmesurado de 5,2% en abril, la inflación ha venido perdiendo empuje y en noviembre avanza 1,5% versus 1,9% en el mismo mes del año pasado, resultado que el Banco Central destaca como muestra inequívoca de que "continúa la desaceleración" en el avance sostenido de los precios.
Hasta aquí los números que permiten una mirada optimista al resultado de la inflación. Entre enero y noviembre los precios acumulan un incremento de 24,9%, mientras que en el mismo lapso del año pasado el salto fue de 23%.
Incluso, entre noviembre de este año y noviembre de 2009, los precios se incrementan 27% versus 26,2% en el período anterior.
No obstante, estos números estarían reflejando en gran medida la inflación del primer semestre y la interrogante es qué ha motivado que el incremento de los precios pierda algo de intensidad en el segundo semestre.
Analistas coinciden en que por el paso del tiempo se ha diluido el impacto de la devaluación que hubo en enero, a lo que se añade el descenso del consumo por la pérdida en la capacidad de compra del salario.
Las estadísticas del Banco Central reflejan que el consumo privado no ha dejado de caer desde el segundo trimestre de 2009 y en términos reales el total de préstamos de la banca desciende 11% en los últimos doce meses.
Bancos de inversión indican que a pesar de la caída del consumo la inflación continúa siendo la más alta de América Latina por el efecto de medidas como el control de precios, control de cambio y mínima inversión privada que tienden a frenar la oferta.
La población siente el impacto de la inflación en variables clave para la calidad de vida y el bienestar.
En los primeros once meses del año el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas acumula un incremento de 31,1%, el costo de los servicios de salud 22,9%, transporte 24,4%, restaurantes y hoteles 26,9% y los bienes que permiten equipar el hogar 23,1%.
Al evaluar el resultado en las distintas ciudades del país aflora que Valencia ha sufrido el mayor incremento de precios con un salto acumulado en el año de 26,5%, seguido de Maturín con 25,4%, Caracas con 25,3% y Maracay 25,2%.
El menor impacto lo ha tenido San Cristóbal con una inflación acumulada en el año de 22,6%.
Moneda fundida
En enero de 2008 la administración de Hugo Chávez puso en circulación el "bolívar fuerte", una moneda llamada a reflejar la prosperidad de una nueva era donde de acuerdo con Rodrigo Cabezas, ministro de Finanzas de la época, se acabaría con un "ciclo histórico de inestabilidad de precios en el país".
Pero el resultado ha sido otro. Con el resultado de inflación de noviembre de este año, los precios acumulan un incremento de 104,5% en los 34 meses en que el bolívar fuerte ha estado en los bolsillos de los venezolanos.
Esto se traduce en que los precios se han duplicado entre enero de 2008 y noviembre de 2010 y el bolívar fuerte ha perdido 51% de su valor.
Es decir, un bolívar de enero de 2008 hoy solo equivale a 49 céntimos.
Todo indica que la moneda seguirá perdiendo valor frente al avance de los precios, de hecho, la administración de Hugo Chávez tiene como meta que la inflación de 2011 se ubique en torno a 20% lo que se traduciría en el mayor incremento de América Latina.
Otro factor a tomar en cuenta es que en 2011 existe una alta probabilidad de que el Gobierno recurra a una nueva devaluación para aumentar los bolívares que obtiene por cada petrodólar.
Históricamente las devaluaciones se han traducido en incrementos de precios al elevar el costo de las importaciones.
El Universal
Después de registrar un salto desmesurado de 5,2% en abril, la inflación ha venido perdiendo empuje y en noviembre avanza 1,5% versus 1,9% en el mismo mes del año pasado, resultado que el Banco Central destaca como muestra inequívoca de que "continúa la desaceleración" en el avance sostenido de los precios.Hasta aquí los números que permiten una mirada optimista al resultado de la inflación. Entre enero y noviembre los precios acumulan un incremento de 24,9%, mientras que en el mismo lapso del año pasado el salto fue de 23%.
Incluso, entre noviembre de este año y noviembre de 2009, los precios se incrementan 27% versus 26,2% en el período anterior.
No obstante, estos números estarían reflejando en gran medida la inflación del primer semestre y la interrogante es qué ha motivado que el incremento de los precios pierda algo de intensidad en el segundo semestre.
Analistas coinciden en que por el paso del tiempo se ha diluido el impacto de la devaluación que hubo en enero, a lo que se añade el descenso del consumo por la pérdida en la capacidad de compra del salario.
Las estadísticas del Banco Central reflejan que el consumo privado no ha dejado de caer desde el segundo trimestre de 2009 y en términos reales el total de préstamos de la banca desciende 11% en los últimos doce meses.
Bancos de inversión indican que a pesar de la caída del consumo la inflación continúa siendo la más alta de América Latina por el efecto de medidas como el control de precios, control de cambio y mínima inversión privada que tienden a frenar la oferta.
La población siente el impacto de la inflación en variables clave para la calidad de vida y el bienestar.
En los primeros once meses del año el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas acumula un incremento de 31,1%, el costo de los servicios de salud 22,9%, transporte 24,4%, restaurantes y hoteles 26,9% y los bienes que permiten equipar el hogar 23,1%.
Al evaluar el resultado en las distintas ciudades del país aflora que Valencia ha sufrido el mayor incremento de precios con un salto acumulado en el año de 26,5%, seguido de Maturín con 25,4%, Caracas con 25,3% y Maracay 25,2%.
El menor impacto lo ha tenido San Cristóbal con una inflación acumulada en el año de 22,6%.
Moneda fundida
En enero de 2008 la administración de Hugo Chávez puso en circulación el "bolívar fuerte", una moneda llamada a reflejar la prosperidad de una nueva era donde de acuerdo con Rodrigo Cabezas, ministro de Finanzas de la época, se acabaría con un "ciclo histórico de inestabilidad de precios en el país".
Pero el resultado ha sido otro. Con el resultado de inflación de noviembre de este año, los precios acumulan un incremento de 104,5% en los 34 meses en que el bolívar fuerte ha estado en los bolsillos de los venezolanos.
Esto se traduce en que los precios se han duplicado entre enero de 2008 y noviembre de 2010 y el bolívar fuerte ha perdido 51% de su valor.
Es decir, un bolívar de enero de 2008 hoy solo equivale a 49 céntimos.
Todo indica que la moneda seguirá perdiendo valor frente al avance de los precios, de hecho, la administración de Hugo Chávez tiene como meta que la inflación de 2011 se ubique en torno a 20% lo que se traduciría en el mayor incremento de América Latina.
Otro factor a tomar en cuenta es que en 2011 existe una alta probabilidad de que el Gobierno recurra a una nueva devaluación para aumentar los bolívares que obtiene por cada petrodólar.
Históricamente las devaluaciones se han traducido en incrementos de precios al elevar el costo de las importaciones.
El Universal
martes, 7 de diciembre de 2010
Viviendas paralizadas del sector público ascienden a 33.300
En el sector privado 25.500 unidades habitacionales están sin ejecución
La menor inversión y los problemas con el suministro de insumos no sólo impactan en la construcción de soluciones habitacionales privadas, también inciden en la fabricación de unidades del sector público.
Aunque existen desarrollos habitacionales que están en proceso de ejecución, hay unidades que tienen permisos, que la construcción se inició, pero que se han detenido.
Las cifras de los entes oficiales y los privados revelan que al cierre del tercer trimestre se paralizó la construcción de 58.800 viviendas, lo que refleja un aumento de 150% respecto al mismo lapso del pasado año.
Cuando se detalla el comportamiento por sectores se tiene que la mayor cantidad de soluciones habitacionales paradas corresponde al área pública.
Al término del tercer trimestre las viviendas paralizadas del sector público ascendieron a 33.300, lo que representa un aumento de 168% respecto al mismo período de 2009, cuando estaban detenidas 12.100 unidades. Las datos de los entes ejecutores muestran que se está en el nivel más alto de paralización desde el año 2007.
La terminación de esas unidades no avanza porque, entre otras razones, el Ejecutivo Nacional en el trimestre realizó ajustes en las asignaciones y la inversión en el período se redujo. Fue en este cuarto trimestre cuando el Gobierno orientó más recursos al sector y decidió utilizar en la construcción 1,5 millardos de dólares de la emisión de Pdvsa y 500 millones de bolívares del BCV.
Los problemas con el suministro de insumos como cemento y cabillas impactaron en la actividad de los entes. Esas fallas con los materiales también afectaron a los privados.
En ese sector las viviendas paralizadas se ubicaron en 25.500 unidades, siendo el aumento respecto a 2009 de 129%, dado que el pasado año estaban detenidas 11.100 soluciones.
Las empresas adicionalmente han bajado su ritmo de construcción por la menor inversión y los retrasos en las entregas de subsidios.
En proceso
Aunque el número de unidades paralizadas se está incrementando, todavía existen viviendas que están en ejecución.
Las cifras de los entes oficiales señalan que al término del mes de septiembre el sector público tenía en proceso de construcción 38.500 unidades, y ese número de unidades en proceso supera en 42% al registrado en el mismo período del pasado año, cuando eran 27.000 casas.
Ante la emergencia registrada por las lluvias, el primer mandatario, dijo que se avanzaría en la producción de viviendas para atender la crisis, pero indicó que las unidades a terminar serían 22.000 y para ello emplearía los recursos tributarios adicionales.
Por la situación de emergencia, además la Asamblea Nacional se prepara para autorizar un marco legal, en el cual el Estado puede declarar de utilidad pública los terrenos ociosos y los medios de construcción.
Ejecución
Los reportes oficiales, señalan que el sector privado al término del mes de septiembre tenía en ejecución 87.000 unidades, pero ello refleja una caída de 11%, en relación al 2009, debido a que el pasado año estaban en construcción cerca de 98.000 unidades habitacionales.
Representantes del sector construcción, señalan que el avance en la actividad no es mayor por los problemas con los materiales esenciales (cabillas, cemento y agregados).
Apuntan que a los fallas en el suministro se han añadido las regulaciones impuestas por el Ejecutivo y el Parlamento así como las medida de ocupación y expropiación de complejos habitacionales.
El Universal
La menor inversión y los problemas con el suministro de insumos no sólo impactan en la construcción de soluciones habitacionales privadas, también inciden en la fabricación de unidades del sector público.Aunque existen desarrollos habitacionales que están en proceso de ejecución, hay unidades que tienen permisos, que la construcción se inició, pero que se han detenido.
Las cifras de los entes oficiales y los privados revelan que al cierre del tercer trimestre se paralizó la construcción de 58.800 viviendas, lo que refleja un aumento de 150% respecto al mismo lapso del pasado año.
Cuando se detalla el comportamiento por sectores se tiene que la mayor cantidad de soluciones habitacionales paradas corresponde al área pública.
Al término del tercer trimestre las viviendas paralizadas del sector público ascendieron a 33.300, lo que representa un aumento de 168% respecto al mismo período de 2009, cuando estaban detenidas 12.100 unidades. Las datos de los entes ejecutores muestran que se está en el nivel más alto de paralización desde el año 2007.
La terminación de esas unidades no avanza porque, entre otras razones, el Ejecutivo Nacional en el trimestre realizó ajustes en las asignaciones y la inversión en el período se redujo. Fue en este cuarto trimestre cuando el Gobierno orientó más recursos al sector y decidió utilizar en la construcción 1,5 millardos de dólares de la emisión de Pdvsa y 500 millones de bolívares del BCV.
Los problemas con el suministro de insumos como cemento y cabillas impactaron en la actividad de los entes. Esas fallas con los materiales también afectaron a los privados.
En ese sector las viviendas paralizadas se ubicaron en 25.500 unidades, siendo el aumento respecto a 2009 de 129%, dado que el pasado año estaban detenidas 11.100 soluciones.
Las empresas adicionalmente han bajado su ritmo de construcción por la menor inversión y los retrasos en las entregas de subsidios.
En proceso
Aunque el número de unidades paralizadas se está incrementando, todavía existen viviendas que están en ejecución.
Las cifras de los entes oficiales señalan que al término del mes de septiembre el sector público tenía en proceso de construcción 38.500 unidades, y ese número de unidades en proceso supera en 42% al registrado en el mismo período del pasado año, cuando eran 27.000 casas.
Ante la emergencia registrada por las lluvias, el primer mandatario, dijo que se avanzaría en la producción de viviendas para atender la crisis, pero indicó que las unidades a terminar serían 22.000 y para ello emplearía los recursos tributarios adicionales.
Por la situación de emergencia, además la Asamblea Nacional se prepara para autorizar un marco legal, en el cual el Estado puede declarar de utilidad pública los terrenos ociosos y los medios de construcción.
Ejecución
Los reportes oficiales, señalan que el sector privado al término del mes de septiembre tenía en ejecución 87.000 unidades, pero ello refleja una caída de 11%, en relación al 2009, debido a que el pasado año estaban en construcción cerca de 98.000 unidades habitacionales.
Representantes del sector construcción, señalan que el avance en la actividad no es mayor por los problemas con los materiales esenciales (cabillas, cemento y agregados).
Apuntan que a los fallas en el suministro se han añadido las regulaciones impuestas por el Ejecutivo y el Parlamento así como las medida de ocupación y expropiación de complejos habitacionales.
El Universal
lunes, 6 de diciembre de 2010
La construcción pública de viviendas cayó 76% en 4 años
Hasta septiembre se hicieron 11.000 casas, en 2006 se efectuaron 46.600
El Presidente Hugo Chávez en sus alocuciones asegura que la construcción de viviendas es un "reto personal", por lo cual señala que las inversiones deben orientarse hacia la realización de casas, pero las cifras de los entes oficiales revelan que la fabricación de unidades del sector público se desacelera.
El Estado en el período de enero a septiembre de 2010 terminó 11.000 viviendas, sin embargo en el mismo período de 2006 (una de las etapas de mayor producción) efectuó 46.600 casas, lo que muestra que en cuatro años la realización de soluciones habitacionales por parte de organismos públicos registró una caída de 76%.
El Ejecutivo Nacional pasó de anunciar la construcción 120.000 unidades anuales a la terminación de las casas pendientes, y en cada ejercicio son menos las soluciones que se culminan. Una de las razones de esa situación es que la inversión ha sido insuficiente y los recursos asignados se han ejecutado lentamente.
Impulso a medias
En 2005 el Gobierno expresó que comenzaba la etapa de impulso al sector vivienda y bajo ese argumento, el primer mandatario señaló que la construcción anual sería de 120.000 unidades. Ante esa meta se diversificaron las fuentes de fondos para la actividad, de manera que la fabricación de unidades no solo estaba sujeta al gasto ordinario, también recibiría los excedentes de recursos.
Ese año se registró una emergencia en el sector por las lluvias y con el fin de atender las zonas de riesgo se crearon planes especiales de construcción, entre los cuales estaba el programa para Caracas, que contemplaba la realización de 17.000 soluciones por parte de los Ministerios de Vivienda, Infraestructura, Industrias Básicas, Ambiente y Pdvsa. Al final los entes terminaron realizando cerca de 21.000 casas.
Fue en 2006 cuando se culminaron más unidades. En ese ejercicio la emergencia en el sector vivienda por el efecto de las lluvias se extendió y nuevamente el Gobierno se planteó como meta efectuar más de 100.000 unidades, al final se cumplió el 50% y aunque el objetivo no se alcanzó, hasta los momentos ha sido el ejercicio en que más casas se realizaron.
Para 2007 los entes oficiales encargados de la ejecución de soluciones habitacionales bajaron su ritmo, y realizaron 10% menos unidades que en 2006. En 2008 la construcción de viviendas fue más crítica, y aunque fue un año de boom de ingresos petroleros, el Ejecutivo terminó efectuando 23.000 viviendas. En 2009 hubo una leve recuperación en la producción y se hicieron 30.000 casas.
De todas maneras la terminación de unidades se alejó de la registrada en 2006 por la falta de inversión adicional y porque el gasto ordinario se ejecutó lentamente, a lo que se añadieron los problemas con los procesos de contratación.
Persiste lentitud
En este 2010 la desaceleración en la construcción ha sido mayor. En nueve meses los entes oficiales efectuaron 11.000 soluciones, 56% menos que en el mismo período de 2009.
En el transcurso del año, el primer mandatario ha expresado en sus alocuciones que atenderá el déficit de viviendas y que las soluciones la busca en el libro "Contribución al Problema de la Vivienda" de Federico Engels. El pasado mes de septiembre, Hugo Chávez hasta expresó que "el problema es un conflicto heredado y no solucionado y es uno de los más duros", a lo que cual agregó que "voy a poner el máximo empeño para resolver las necesidades de la población, poniendo en práctica modos y estrategias con mucha creatividad".
Pero los entes oficiales han construido menos por el menor gasto público. El Ejecutivo comenzó a entregar ingresos adicionales a la actividad el pasado mes de noviembre, cuando decidió que 1,5 millardos de dólares (6,4 millardos de bolívares) de la emisión de Pdvsa se canalizarían hacia la construcción, lo cual se complementaría con un aporte del BCV por 500 millones de bolívares.
Esta desaceleración, además se presenta en una etapa en la cual el Gobierno se tiene que enfrentar a la emergencia generada por las lluvias que ha dejado sin viviendas a grupos familiares a escala nacional. Las autoridades aseguran que la construcción se impulsará, pero las acciones están enfocadas en la creación de leyes, que crean un mayor control en el proceso de producción.
El Universal
El Ejecutivo Nacional pasó de anunciar la construcción 120.000 unidades anuales a la terminación de las casas pendientes, y en cada ejercicio son menos las soluciones que se culminan. Una de las razones de esa situación es que la inversión ha sido insuficiente y los recursos asignados se han ejecutado lentamente.
Impulso a medias
En 2005 el Gobierno expresó que comenzaba la etapa de impulso al sector vivienda y bajo ese argumento, el primer mandatario señaló que la construcción anual sería de 120.000 unidades. Ante esa meta se diversificaron las fuentes de fondos para la actividad, de manera que la fabricación de unidades no solo estaba sujeta al gasto ordinario, también recibiría los excedentes de recursos.
Ese año se registró una emergencia en el sector por las lluvias y con el fin de atender las zonas de riesgo se crearon planes especiales de construcción, entre los cuales estaba el programa para Caracas, que contemplaba la realización de 17.000 soluciones por parte de los Ministerios de Vivienda, Infraestructura, Industrias Básicas, Ambiente y Pdvsa. Al final los entes terminaron realizando cerca de 21.000 casas.
Fue en 2006 cuando se culminaron más unidades. En ese ejercicio la emergencia en el sector vivienda por el efecto de las lluvias se extendió y nuevamente el Gobierno se planteó como meta efectuar más de 100.000 unidades, al final se cumplió el 50% y aunque el objetivo no se alcanzó, hasta los momentos ha sido el ejercicio en que más casas se realizaron.
Para 2007 los entes oficiales encargados de la ejecución de soluciones habitacionales bajaron su ritmo, y realizaron 10% menos unidades que en 2006. En 2008 la construcción de viviendas fue más crítica, y aunque fue un año de boom de ingresos petroleros, el Ejecutivo terminó efectuando 23.000 viviendas. En 2009 hubo una leve recuperación en la producción y se hicieron 30.000 casas.
De todas maneras la terminación de unidades se alejó de la registrada en 2006 por la falta de inversión adicional y porque el gasto ordinario se ejecutó lentamente, a lo que se añadieron los problemas con los procesos de contratación.
Persiste lentitud
En este 2010 la desaceleración en la construcción ha sido mayor. En nueve meses los entes oficiales efectuaron 11.000 soluciones, 56% menos que en el mismo período de 2009.
En el transcurso del año, el primer mandatario ha expresado en sus alocuciones que atenderá el déficit de viviendas y que las soluciones la busca en el libro "Contribución al Problema de la Vivienda" de Federico Engels. El pasado mes de septiembre, Hugo Chávez hasta expresó que "el problema es un conflicto heredado y no solucionado y es uno de los más duros", a lo que cual agregó que "voy a poner el máximo empeño para resolver las necesidades de la población, poniendo en práctica modos y estrategias con mucha creatividad".
Pero los entes oficiales han construido menos por el menor gasto público. El Ejecutivo comenzó a entregar ingresos adicionales a la actividad el pasado mes de noviembre, cuando decidió que 1,5 millardos de dólares (6,4 millardos de bolívares) de la emisión de Pdvsa se canalizarían hacia la construcción, lo cual se complementaría con un aporte del BCV por 500 millones de bolívares.
Esta desaceleración, además se presenta en una etapa en la cual el Gobierno se tiene que enfrentar a la emergencia generada por las lluvias que ha dejado sin viviendas a grupos familiares a escala nacional. Las autoridades aseguran que la construcción se impulsará, pero las acciones están enfocadas en la creación de leyes, que crean un mayor control en el proceso de producción.
El Universal
viernes, 3 de diciembre de 2010
Traslado de carga en el país cayó 70% a causa de las lluvias
Transportistas creen necesario "habilitar vías" para evitar el desabastecimiento
El transporte de carga en todo el país está comprometido. Las intensas precipitaciones, caídas desde la semana pasada, han deteriorado y colapsado algunas de las principales vías de comunicación del país."La situación es bien grave y las labores están muy atrasadas", afirmó Joel Hurtado, presidente de la Cámara de Transporte del Centro (Catracentro).
Según las estimaciones del gremio que agrupa a 140 empresas transportistas, el traslado de carga durante esta semana ha descendido entre un 70% y 80% debido a los derrumbes y deslizamientos de tierra sobre buena parte de las carreteras nacionales.
"Prácticamente estamos paralizados", agregó Hurtado, al tiempo que señaló que es necesario diseñar un plan para "habilitar vías" y comenzar a distribuir la mercancía hacia sus lugares de destino.
Aunque Hurtado explicó que la flota de 6.000 camiones de Catracentro cubre principalmente el área de Guárico, Carabobo, Cojedes, Yaracuy y Lara, aseguró que los daños en carreteras y autopistas se extienden a casi todo el territorio.
Especialmente, detalló que el daño que ha sufrido la carretera que comunica a Puerto Cabello con Valencia es uno de los más graves, ya que por ahí se movilizan la carga que arriba al puerto de Puerto Cabello.
Recordó que ese es el principal puerto del país, ya que allí desembarca alrededor de un 70% de las importaciones locales. "Desde el viernes no ha salido carga a Valencia".
Por su parte, José Rozo, presidente de Fedecámaras en el estado Táchira, indicó que buena parte de la vialidad de esa entidad está afectada, especialmente la que comunica a Táchira con Mérida y una de las tres arterias que permite el paso hacia Colombia.
El propio Francisco Garcés, ministro de Transporte y Comunicaciones (MTC), informó que son 143 las vías afectadas por la emergencia climática que atraviesa el país desde la semana pasada.
Impacto en los puertos
Además de las dificultades para transportar mercancía vía terrestre, las actividades portuarias también se han cruzado con algunos obstáculos a causa de las lluvias.
En el puerto de Puerto Cabello desde la semana pasada las labores de descarga de los buques que contienen mercancía a granel se han detenido, ya que el agua podría dañar esos productos. A pesar de que las interrupciones han sido constantes, una fuente ligada al puerto aseveró que hasta ahora no hay riesgo de colapso.
No obstante, reconoció que por el cierre que ha presentado la carretera que comunica las localidades de Puerto Cabello y Valencia, los despachos de mercancía desde la zona portuaria han disminuido.
"A nivel de despacho de importaciones se han presentado retrasos y no ha salido tanta carga del puerto", sostuvo la fuente consultada.
Aunque valoró el esfuerzo que han realizado las autoridades nacionales y regionales por rehabilitar el tránsito en esa área, señaló que es importante recuperar la normalidad cuanto antes. "Mientras se mantenga habilitada la autopista no habrá problemas".
No obstante, el vicepresidente de Bolipuertos, Pedro Castro, señaló en un comunicado que las operaciones de carga y descarga de buques continúan su normal desarrollo en todos los puertos comerciales del país. "En la bahía carabobeña actualmente se encuentran 17 buques de los cuales sólo seis realizarán operaciones en los muelles de Bolipuertos".
Entre las embarcaciones atendidas se encuentran seis buques graneleros, tres de carga general y cinco portacontenedores, explicó.
En el puerto de La Guaira se han sentido algunas consecuencias de menor nivel. Eduardo Quintana, presidente de Fedecámaras en el estado Vargas, informó que las operaciones en el puerto de esa entidad se han desarrollado a un ritmo más lento esta semana debido a que aumentó el ausentismo laboral. "Ha habido días flojos porque faltó el personal por el tema de las lluvias", dijo el directivo.
Asimismo, indicó que los transportistas de carga de ese estado también han sufrido demoras y retrasos por los deslizamientos de tierra en la autopista Caracas-La Guaira.
El Universal
Según las estimaciones del gremio que agrupa a 140 empresas transportistas, el traslado de carga durante esta semana ha descendido entre un 70% y 80% debido a los derrumbes y deslizamientos de tierra sobre buena parte de las carreteras nacionales.
"Prácticamente estamos paralizados", agregó Hurtado, al tiempo que señaló que es necesario diseñar un plan para "habilitar vías" y comenzar a distribuir la mercancía hacia sus lugares de destino.
Aunque Hurtado explicó que la flota de 6.000 camiones de Catracentro cubre principalmente el área de Guárico, Carabobo, Cojedes, Yaracuy y Lara, aseguró que los daños en carreteras y autopistas se extienden a casi todo el territorio.
Especialmente, detalló que el daño que ha sufrido la carretera que comunica a Puerto Cabello con Valencia es uno de los más graves, ya que por ahí se movilizan la carga que arriba al puerto de Puerto Cabello.
Recordó que ese es el principal puerto del país, ya que allí desembarca alrededor de un 70% de las importaciones locales. "Desde el viernes no ha salido carga a Valencia".
Por su parte, José Rozo, presidente de Fedecámaras en el estado Táchira, indicó que buena parte de la vialidad de esa entidad está afectada, especialmente la que comunica a Táchira con Mérida y una de las tres arterias que permite el paso hacia Colombia.
El propio Francisco Garcés, ministro de Transporte y Comunicaciones (MTC), informó que son 143 las vías afectadas por la emergencia climática que atraviesa el país desde la semana pasada.
Impacto en los puertos
Además de las dificultades para transportar mercancía vía terrestre, las actividades portuarias también se han cruzado con algunos obstáculos a causa de las lluvias.
En el puerto de Puerto Cabello desde la semana pasada las labores de descarga de los buques que contienen mercancía a granel se han detenido, ya que el agua podría dañar esos productos. A pesar de que las interrupciones han sido constantes, una fuente ligada al puerto aseveró que hasta ahora no hay riesgo de colapso.
No obstante, reconoció que por el cierre que ha presentado la carretera que comunica las localidades de Puerto Cabello y Valencia, los despachos de mercancía desde la zona portuaria han disminuido.
"A nivel de despacho de importaciones se han presentado retrasos y no ha salido tanta carga del puerto", sostuvo la fuente consultada.
Aunque valoró el esfuerzo que han realizado las autoridades nacionales y regionales por rehabilitar el tránsito en esa área, señaló que es importante recuperar la normalidad cuanto antes. "Mientras se mantenga habilitada la autopista no habrá problemas".
No obstante, el vicepresidente de Bolipuertos, Pedro Castro, señaló en un comunicado que las operaciones de carga y descarga de buques continúan su normal desarrollo en todos los puertos comerciales del país. "En la bahía carabobeña actualmente se encuentran 17 buques de los cuales sólo seis realizarán operaciones en los muelles de Bolipuertos".
Entre las embarcaciones atendidas se encuentran seis buques graneleros, tres de carga general y cinco portacontenedores, explicó.
En el puerto de La Guaira se han sentido algunas consecuencias de menor nivel. Eduardo Quintana, presidente de Fedecámaras en el estado Vargas, informó que las operaciones en el puerto de esa entidad se han desarrollado a un ritmo más lento esta semana debido a que aumentó el ausentismo laboral. "Ha habido días flojos porque faltó el personal por el tema de las lluvias", dijo el directivo.
Asimismo, indicó que los transportistas de carga de ese estado también han sufrido demoras y retrasos por los deslizamientos de tierra en la autopista Caracas-La Guaira.
El Universal
jueves, 2 de diciembre de 2010
Gobierno dispondrá de más fondos para sistema de vivienda
Trabajadores y empleadores financiarán al sector con ajuste del aporte
El proyecto de Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Vivienda, obliga a empleados y patronos a incrementar su contribución al régimen habitacional, y ese ajuste en el aporte le garantiza al Ejecutivo Nacional una mayor disponibilidad de recursos para el sector.
El Presidente Hugo Chávez Frías y el ministro de la Vivienda, Ricardo Molina, han señalado que los recursos previstos en el presupuesto ordinario son para atender los gastos del despacho, y que la inversión real en el sector está sujeta a los ingresos excedentes. El Gobierno en la propuesta de marco legal establece que los trabajadores y patronos tendrán que aportar al sistema 8% del salario mensual, cuando en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda se contempla una contribución de 3%.
Ese aumento garantiza un mayor saldo del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, que es el mecanismo que maneja las contribuciones, y que según la Ley de Vivienda se emplea para entregar créditos a los cotizantes que devengan hasta 7.000 bolívares mensuales, y además financia los planes, obras y acciones requeridas por el sector vivienda.
El Gobierno cada año tendrá más recursos, debido a que la propuesta indica que la contribución será incrementada anualmente. Para el próximo año el despacho de la Vivienda cuenta por la vía ordinaria con 1 millardo de bolívares (cerca de 400 millones de dólares).
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, señala que ese ajuste en el aporte de patronos y empleados indica que hay necesidades para atender la construcción de unidades. El vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, considera que el aumento demuestra que al no haber fondos suficientes se tienen que utilizar a los trabajadores para cubrir los requerimientos.
Control
La propuesta de Ley de Emergencia, además de ampliar las vías de financiamiento del sistema, crea un indicador para las operaciones inmobiliarias.
Aunque en junio del pasado año se prohibió el cobro del índice de precios al consumidor en los contratos de preventa, el proyecto crea la moneda de la construcción, que justamente será el indicador que regirá las transacciones y que aumentará cada año, según los estudios que realice el Instituto Nacional de Tierras Urbanas.
Aquiles Martini, expresa que por esta vía el Gobierno reconoce que se tienen que efectuar aumentos en los precios de las viviendas, sin embargo, expresa que el indicador genera dudas, porque se desconocen los criterios que se utilizarán en la determinación de la moneda.
Roberto Orta, añade que mediante esa moneda de la construcción habrá un control en los precios del mercado primario, dado que las operaciones estarán sujetas a ese patrón. En el mercado secundario por ahora no existirá la obligatoriedad de emplear esa moneda, la propuesta, señala que los propietarios de las viviendas "podrán usar" ese indicador.
Discrecionalidad
El vicepresidente de Apiur, comenta que el nuevo marco legal es más discrecional en el proceso de ocupación de los terrenos urbanos ociosos. Explica que la Ley de Tierras Urbanas, que está vigente desde octubre de 2009, prevé pasos para efectuar la ocupación de los espacios, pero el nuevo instrumento no incluye los procedimientos administrativos. "La propuesta no establece ni juicios, ni indemnizaciones. No existen parámetros".
El proyecto, dice que los terrenos urbanos ociosos y los medios de construcción se declaran como de utilidad pública y apunta que quedan afectados los inmuebles propiedad de la República, los terrenos baldíos de la República, los terrenos municipales, y además los inmuebles privados quedan sujetos al cumplimiento del carácter de interés público. Para Orta la discrecionalidad también se observa cuando el Gobierno central puede disponer de las tierras municipales cuando ello es competencia de las autoridades regionales. Expresa que la ley incrementa las facultades del primer mandatario nacional en materia de vivienda, debido a que el Instituto de Tierras Urbanas estará adscrito a la Presidencia de la República, y acota que ese ente tendrá funciones similares a que las que posee el Ministerio de Vivienda.
El Universal
El proyecto de Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Vivienda, obliga a empleados y patronos a incrementar su contribución al régimen habitacional, y ese ajuste en el aporte le garantiza al Ejecutivo Nacional una mayor disponibilidad de recursos para el sector.El Presidente Hugo Chávez Frías y el ministro de la Vivienda, Ricardo Molina, han señalado que los recursos previstos en el presupuesto ordinario son para atender los gastos del despacho, y que la inversión real en el sector está sujeta a los ingresos excedentes. El Gobierno en la propuesta de marco legal establece que los trabajadores y patronos tendrán que aportar al sistema 8% del salario mensual, cuando en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda se contempla una contribución de 3%.
Ese aumento garantiza un mayor saldo del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, que es el mecanismo que maneja las contribuciones, y que según la Ley de Vivienda se emplea para entregar créditos a los cotizantes que devengan hasta 7.000 bolívares mensuales, y además financia los planes, obras y acciones requeridas por el sector vivienda.
El Gobierno cada año tendrá más recursos, debido a que la propuesta indica que la contribución será incrementada anualmente. Para el próximo año el despacho de la Vivienda cuenta por la vía ordinaria con 1 millardo de bolívares (cerca de 400 millones de dólares).
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, señala que ese ajuste en el aporte de patronos y empleados indica que hay necesidades para atender la construcción de unidades. El vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, considera que el aumento demuestra que al no haber fondos suficientes se tienen que utilizar a los trabajadores para cubrir los requerimientos.
Control
La propuesta de Ley de Emergencia, además de ampliar las vías de financiamiento del sistema, crea un indicador para las operaciones inmobiliarias.
Aunque en junio del pasado año se prohibió el cobro del índice de precios al consumidor en los contratos de preventa, el proyecto crea la moneda de la construcción, que justamente será el indicador que regirá las transacciones y que aumentará cada año, según los estudios que realice el Instituto Nacional de Tierras Urbanas.
Aquiles Martini, expresa que por esta vía el Gobierno reconoce que se tienen que efectuar aumentos en los precios de las viviendas, sin embargo, expresa que el indicador genera dudas, porque se desconocen los criterios que se utilizarán en la determinación de la moneda.
Roberto Orta, añade que mediante esa moneda de la construcción habrá un control en los precios del mercado primario, dado que las operaciones estarán sujetas a ese patrón. En el mercado secundario por ahora no existirá la obligatoriedad de emplear esa moneda, la propuesta, señala que los propietarios de las viviendas "podrán usar" ese indicador.
Discrecionalidad
El vicepresidente de Apiur, comenta que el nuevo marco legal es más discrecional en el proceso de ocupación de los terrenos urbanos ociosos. Explica que la Ley de Tierras Urbanas, que está vigente desde octubre de 2009, prevé pasos para efectuar la ocupación de los espacios, pero el nuevo instrumento no incluye los procedimientos administrativos. "La propuesta no establece ni juicios, ni indemnizaciones. No existen parámetros".
El proyecto, dice que los terrenos urbanos ociosos y los medios de construcción se declaran como de utilidad pública y apunta que quedan afectados los inmuebles propiedad de la República, los terrenos baldíos de la República, los terrenos municipales, y además los inmuebles privados quedan sujetos al cumplimiento del carácter de interés público. Para Orta la discrecionalidad también se observa cuando el Gobierno central puede disponer de las tierras municipales cuando ello es competencia de las autoridades regionales. Expresa que la ley incrementa las facultades del primer mandatario nacional en materia de vivienda, debido a que el Instituto de Tierras Urbanas estará adscrito a la Presidencia de la República, y acota que ese ente tendrá funciones similares a que las que posee el Ministerio de Vivienda.
El Universal
miércoles, 1 de diciembre de 2010
Ley de Emergencia regula venta y construcción de viviendas
Gobierno fijará bandas de precios del metro cuadrado de los terrenos.
El Gobierno consignó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Emergencia de Terrenos Urbanos y Vivienda, que además de crear vías para atender las emergencias, declara de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos y regula el proceso de construcción y venta de soluciones habitacionales.
El primer mandatario el pasado lunes, señaló que el texto tenía como fin permitir a los entes oficiales atender las situaciones de emergencia en el área de vivienda, tal como se registra actualmente por las lluvias, pero la propuesta va más allá, porque tiene entre otros objetivos controlar la fabricación de unidades y establecer los parámetros para la oferta.
Los medios de producción de casas ahora son de utilidad pública y los inmuebles privados pasan a ser de interés público.
Zonas especiales
La propuesta, que ya fue aprobada en primera discusión por el Parlamento, recoge parte de las disposiciones previstas en los anteriores decretos de emergencia en vivienda. El texto indica que el Estado podrá decretar la creación de zonas de emergencia para la ocupación de terrenos urbanos aptos para viviendas, asignar terrenos y entregar soluciones a favor de grupos familiares, y desarrollar planes de autoconstrucción, mejoramiento y ampliación de las viviendas que presenten las comunidades.
Para complementar esas disposiciones, el proyecto declara de interés nacional y prioridad la ejecución de planes destinados a la dotación de unidades habitacionales. Los entes oficiales podrán realizar: la ocupación de bienes que se encuentren en estado de abandono, adquirir bienes muebles para ser adjudicados de manera temporal y comprar casas por adjudicación directa.
Mayor control
Este proyecto amplía los contenidos previstos en la Ley del Régimen de Vivienda y la Ley de Tierras Urbanas en el control al sector construcción.
La ley, indica que tiene por objeto acelerar todas las acciones para asegurar el derecho de las familias a una vivienda digna y por ello, dice que el Estado debe tener entre otras funciones el establecimiento de "parámetros y bandas de precios del metro cuadrado de terreno y de construcción de la vivienda, según la estructura de costo correspondiente".
A la fijación de precios, se añade que con el fin de "establecer las bases para el desarrollo de las viviendas, queda afectado el uso de todas las tierras públicas o privadas con vocación para la construcción de vivienda que estén ociosas". Esa afectación abarca: inmuebles propiedad de la República, terrenos baldíos de la República y terrenos municipales. Los inmuebles privados, que quedan sujetos al cumplimiento del carácter interés público previsto en la ley.
El abogado, José Vicente Haro, explica que en el caso de los inmuebles privados, éstos estarán en consonancia con los fines del Estado, eso significa que si existe una edificación dispuesta para oficinas y la prioridad es la vivienda, el inmueble tendrá que transformarse.
Aunada a la afectación, el proyecto señala que "cuando la ejecución de una obra se califique de urgente se procederá a la ocupación previa del terreno para su ejecución".
Moneda de la construcción
En el proyecto de Ley de Emergencia, el Gobierno regula la preventa y crea la Moneda la Construcción como índice de valor oficial para las operaciones inmobiliarias. Aunque el Gobierno el pasado año prohibió el cobro del índice de precios al consumidor en los contratos de preventa, ahora crea un nuevo indicador que, según el texto, será ajustado cada año por el Instituto Nacional de Tierras Urbanas y el aumento tomará en cuenta los estudios vinculados "con los factores que inciden en los costos promedios para la construcción de viviendas".
La propuesta indica que "todos los contratos de opción de compra venta de viviendas en construcción estipularán su precio en Moneda de la Construcción". Los contratos también deberán incluir los plazos de entrega de las obras y la protocolización del documento. Las opciones de compra venta tendrán un plazo de 120 días.
Si bien hay un parámetro para los costos, la ley mantiene la prohibición de cobro del índice de precios. Las ventas estarán exenta del IVA. El texto también regula los alquileres y señala que en aquellos inmuebles sometidos al arrendamiento, y que hayan sido adquiridos por el Ejecutivo, habrá un derecho de preferencia para la compra.
El Universal
El Gobierno consignó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Emergencia de Terrenos Urbanos y Vivienda, que además de crear vías para atender las emergencias, declara de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos y regula el proceso de construcción y venta de soluciones habitacionales.El primer mandatario el pasado lunes, señaló que el texto tenía como fin permitir a los entes oficiales atender las situaciones de emergencia en el área de vivienda, tal como se registra actualmente por las lluvias, pero la propuesta va más allá, porque tiene entre otros objetivos controlar la fabricación de unidades y establecer los parámetros para la oferta.
Los medios de producción de casas ahora son de utilidad pública y los inmuebles privados pasan a ser de interés público.
Zonas especiales
La propuesta, que ya fue aprobada en primera discusión por el Parlamento, recoge parte de las disposiciones previstas en los anteriores decretos de emergencia en vivienda. El texto indica que el Estado podrá decretar la creación de zonas de emergencia para la ocupación de terrenos urbanos aptos para viviendas, asignar terrenos y entregar soluciones a favor de grupos familiares, y desarrollar planes de autoconstrucción, mejoramiento y ampliación de las viviendas que presenten las comunidades.
Para complementar esas disposiciones, el proyecto declara de interés nacional y prioridad la ejecución de planes destinados a la dotación de unidades habitacionales. Los entes oficiales podrán realizar: la ocupación de bienes que se encuentren en estado de abandono, adquirir bienes muebles para ser adjudicados de manera temporal y comprar casas por adjudicación directa.
Mayor control
Este proyecto amplía los contenidos previstos en la Ley del Régimen de Vivienda y la Ley de Tierras Urbanas en el control al sector construcción.
La ley, indica que tiene por objeto acelerar todas las acciones para asegurar el derecho de las familias a una vivienda digna y por ello, dice que el Estado debe tener entre otras funciones el establecimiento de "parámetros y bandas de precios del metro cuadrado de terreno y de construcción de la vivienda, según la estructura de costo correspondiente".
A la fijación de precios, se añade que con el fin de "establecer las bases para el desarrollo de las viviendas, queda afectado el uso de todas las tierras públicas o privadas con vocación para la construcción de vivienda que estén ociosas". Esa afectación abarca: inmuebles propiedad de la República, terrenos baldíos de la República y terrenos municipales. Los inmuebles privados, que quedan sujetos al cumplimiento del carácter interés público previsto en la ley.
El abogado, José Vicente Haro, explica que en el caso de los inmuebles privados, éstos estarán en consonancia con los fines del Estado, eso significa que si existe una edificación dispuesta para oficinas y la prioridad es la vivienda, el inmueble tendrá que transformarse.
Aunada a la afectación, el proyecto señala que "cuando la ejecución de una obra se califique de urgente se procederá a la ocupación previa del terreno para su ejecución".
Moneda de la construcción
En el proyecto de Ley de Emergencia, el Gobierno regula la preventa y crea la Moneda la Construcción como índice de valor oficial para las operaciones inmobiliarias. Aunque el Gobierno el pasado año prohibió el cobro del índice de precios al consumidor en los contratos de preventa, ahora crea un nuevo indicador que, según el texto, será ajustado cada año por el Instituto Nacional de Tierras Urbanas y el aumento tomará en cuenta los estudios vinculados "con los factores que inciden en los costos promedios para la construcción de viviendas".
La propuesta indica que "todos los contratos de opción de compra venta de viviendas en construcción estipularán su precio en Moneda de la Construcción". Los contratos también deberán incluir los plazos de entrega de las obras y la protocolización del documento. Las opciones de compra venta tendrán un plazo de 120 días.
Si bien hay un parámetro para los costos, la ley mantiene la prohibición de cobro del índice de precios. Las ventas estarán exenta del IVA. El texto también regula los alquileres y señala que en aquellos inmuebles sometidos al arrendamiento, y que hayan sido adquiridos por el Ejecutivo, habrá un derecho de preferencia para la compra.
El Universal
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