Gobierno consolida control de sectores agrícola e industrial

Agropatria sustituye a Agroisleña y anuncia reducción de precios de insumos

El andamiaje estatal para controlar los medios de producción dio una vuelta de tuerca más tras el decreto presidencial de expropiación de Agroisleña, casa comercial que hasta su ocupación por el Gobierno proveía de suministros a 70% de los productores agrícolas del país.

Pero con la toma de Agroisleña, que pasará a denominarse Agropatria, según informó el presidente Hugo Chávez en su columna Las líneas de Chávez, el Gobierno nacional aspira a construir y consolidar su hegemonía productiva en el área de alimentos.

Los primeros pasos en intervenciones de tierras, que ya suman unos 2,9 millones de hectáreas, se dieron a finales de 2004 con los decretos que afectaron fincas en Cojedes.

Posteriormente, desde el año 2006 se iniciaron las expropiaciones de otro eslabón en la cadena de control de los medios de producción, con la estatización de plantas e industrias como Fribarsa, Fricapeca, Lácteos Los Andes; Fama de América, Industrias Diana, Central Venezuela, Central Cumanacoa y La Gaviota.

Ahora, con el control de Agroisleña, el Gobierno se asegura el manejo de la mayor red nacional de distribución de productos agroquímicos, de puntos de venta y distribución y, además, de una importante cartera de créditos contratados con asociaciones de productotes y agricultores individuales, de carácter privado.

Precisamente, la confrontación entre el modelo colectivo socialista que impone el Gobierno frente al manejo de productores privados, genera no pocas dudas entre el gremio agrícola.

El presidente de Fedeagro, Pedro Rivas, dijo la pasada semana que "hubo una manifestación de que solo se venderían (insumos) a los productores más pequeños, lo que después fue desmentido". Sin embargo, el propio dirigente recordó que está el precedente con los productores de caña de azúcar con más de 100 hectáreas, a quienes el Ministerio de Agricultura y Tierras no les ha cancelado el subsidio de 37% de la caña del país, por unos 95 millones de bolívares.

El presidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, también considera que la expropiación de Agroisleña es un paso más dentro del cerco al sector productivo. "Es un golpe tremendo contra la agricultura", dijo el directivo en el programa Diálogo con, que transmite Televen. "Disminuirá la producción, así como ha disminuido el circuito económico donde el Gobierno ha confiscado", expresó Álvarez.

Reducción de precios

Ayer en su programa dominical el presidente Hugo Chávez anunció la nueva directiva de la otrora Agroisleña -que se denominará Agropatria- así como una reducción de precios de fertilizantes y agroquímicos distribuidos por Agroisleña.

La reducción promedio de precios será de 49,3% de 12 fertilizantes, de 43% para 260 agroquímicos y de 41,7% en las semillas de caraota, maíz y arroz.

Algunos trabajadores del grupo Agroisleña manifestaron su incertidumbre ante la situación, a lo que el Presidente dijo que no tenía respuesta hasta que el ministro de Agricultura, Juan Carlos Loyo, hiciera las recomendaciones sobre la situación de las empresas.

Chávez asignó Bs 565 millones para que el Banco Agrícola financie a los productores de Agroisleña. También insistió en que se darán créditos a "la tase de ley, de 8%", aunque el BCV indica que es 13%.

La junta directiva de Agropatria la dirigirá Riblia Rodríguez, quien presidió la CVA y estuvo encargada de las Agrotiendas Socialistas y de la junta directiva ad hoc que ocupó Agroisleña. El resto de la directiva la conformarán Josman Rafael Chirinos (vicepresidente), Ricardo Sánchez (primer vocal), Ángela Bolívar (ex directora del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria, SASA, como segundo vocal) y el viceministro Yván Gil (tercer vocal).

El Universal

Maiquetía es la quinta terminal más costosa del hemisferio

El aeropuerto de La Habana es operado parcialmente por una agencia española

El presidente Hugo Chávez ordenó intervenir el aeropuerto internacional de Maiquetía porque "no da ganancias y hay que cuidar la economía".

Pero la realidad operativa de la terminal aérea, administrado por el Ejecutivo nacional a través del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, es que tiene una estructura de costos poco eficiente, que lo hace uno de los aeródromos más costosos de América Latina y el Caribe (e incluyendo a Miami, Washington D.C. y San Francisco) y en función de los beneficios y servicios que ofrece.

De acuerdo con un estudio de elaborado por más de 30 líneas aéreas internacionales que vuelan en 90% de las rutas del continente americano, en promedio, cada "toque" (aterrizaje y despegue, radioayudas, uso de hangares, limpieza, etc) hecho en un aeropuerto por un vuelo internacional diurno, en un avión tipo Airbus A320, cuesta unos 450 dólares en Latinoamérica y el Caribe.

Caracas-Maiquetía es el quinto aeropuerto más costoso entre 32 terminales de la región, con una media de 650 dólares. Los primeros cuatro por su alto nivel de costos para las aerolíneas son Quito con 910 dólares, seguido por San Francisco (California) con 800 dólares, Montevideo con 730 dólares y Lima con 700 dólares.

Un empleado de la Dirección de Comercialización del aeropuerto, desde el anonimato, confirma que "las tarifas de Maiquetía varían según el servicio: radioayudas, aterrizaje y despegue y el parking. Y en comparación con otros terminales en Suramérica, Maiquetía tiene costos altos" .

Para la Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI, organismo rector de la Aviación civil a escala global), los estados y las administraciones aeroportuarias deben evaluar la eficiencia económica en función de ventajas como "el crecimiento del turismo, el transporte y el comercio", así como el "eficiente uso de los recursos financieros".

Sin embargo, fuentes del sector aeronáutico señalan que en Maiquetía hay unos servicios entregados a concesiones que pueden revisarse, tales como la disposición de los desechos líquidos de las aeronaves, la limpieza del aeropuerto, el cobro de las tasas aeroportuarias, los servicios de seguridad o las pasarelas de abordaje.

Ingresos y eficiencia

El presidente Chávez se preguntaba por qué si "Maiquetía es un aeropuerto grande ¿cómo es que no da ganancias?, por ejemplo en Cuba el aeropuerto José Martí le da al Gobierno cubano cada año 100 millones de dólares de ganancias". Efectivamente, en términos comparativos, el aeropuerto José Martí de La Habana tiene un costo aproximado a los 400 dólares, por debajo del promedio hemisférico. Pero a diferencia de Maiquetía, el aeródromo José Martí no es operado exclusivamente por el Estado, sino que allí participa la empresa española pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), responsable de todos los terminales aéreos en España.

En el caso del aeropuerto de Maiquetía, los ingresos por concesionarios, líneas aéreas, impuestos de salida y tasas aeroportuarias, entre otros, son controlados directamente por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y otras instancias como el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, la Fundación del Niño y la Gobernación de Vargas.

Pero no todos los ingresos del aeropuerto pertenecen a la administración aeroportuaria. Los pasajeros pagan las "tasas" aeroportuarias. En vuelos nacionales se paga una tasa de Bs 32,50 y en internacionales Bs 162,50. Este ingreso se destina íntegro al INAC. "En un año promedio se puede hablar de una entrada de más de Bs 390 millones anuales", indica la fuente anónima.

Asimismo los ingresos referidos por el impuesto de salida del país, actualmente de Bs 195, desde 2003 son para exclusivo beneficio de la Gobernación del estado Vargas, siendo uno de los ingresos tributarios más importantes de su presupuesto.

Sobre los ingresos por concesiones en los terminales, la administración de Maiquetía percibe un porcentaje sobre las ganancias brutas de las ventas de locales comerciales de la terminal internacional, del nacional y del auxiliar; y también se opera en concesión los estacionamientos. "Sin embargo los locales más caros y que pagan mayor arancel son los del Duty Free. Estos pagos no se destinan al aeropuerto sino que representan más de 70% del presupuesto de la Fundación del Niño", dicen desde Maiquetía.

Además el MTC ordena financiar obras como el Plan Bicentenario de embellecimiento de áreas capitalinas, mejoras de escuelas en el estado Miranda (ejecutadas hace tres años), de quebradas de municipios como Libertador y Sucre, y el mantenimiento permanente de la autopista Caracas - litoral.

Cambio en Conviasa

En la Gaceta Oficial N° 39.525 se decretó la destitución de Noris Negrón como presidenta de Conviasa. Le sustituye Víctor Eloy Delgado Monsalve "con el propósito de desarrollar el servicio público aéreo con criterios de calidad y eficiencia revolucionaria".

El Universal

Venezuela es el petroestado con peor tendencia para FMI

Las proyecciones del organismo indican que la economía caerá 1,3% este año

El estudio de perspectivas del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que los países productores de petróleo, apoyados en la sólida recuperación del barril, han dejado atrás la crisis global y obtendrán crecimiento económico este año.

Para los petroestados ubicados en el Medio Oriente y el norte de África (como Irán y Kuwait), el FMI proyecta un avance promedio de 3,8%; en el caso de los que se encuentran en el Subsahara africano (como Nigeria y Angola) se espera un avance promedio de 6,7%. La economía rusa registrará un ascenso de 4%.

En 2011 el Fondo Monetario contempla que los petroestados continúen con el viento a favor y, en promedio, obtengan un crecimiento sobre 4%. Además el crecimiento vendrá acompañado de baja inflación. Este año el avance de los precios en los petroestados del Medio Oriente se ubicará en 6,4% y en 2011 en 5,9%.

La nota discordante es Venezuela, país que acumula cinco trimestres consecutivos de retroceso y al que las proyecciones le asignan un descenso de 1,3% este año y un mínimo avance de 0,5% en 2011. Al mismo tiempo, Venezuela estará en la lista de países con mayor inflación, con un impacto de 29,2% este año y de 32,2% en 2011. El estudio indica que este resultado tan pobre obedece a los cuellos de botella en la oferta, fuga de capitales y un débil marco de políticas.

No obstante, el FMI mejoró sus perspectivas de comienzos de año, cuando esperaba que Venezuela registrase una caída de 2,6% en 2010. Entre 2004-2008 la economía venezolana tuvo un patrón donde altos precios del petróleo garantizaban elevado crecimiento gracias a la inyección de gasto público, pero ya no es así, el brillo del crudo se ha convertido en una condición necesaria mas no suficiente.

Analistas explican que una vez agotada esta etapa de fácil crecimiento, se llega a un nivel donde ya no solo es necesario gasto público, también se requiere inversión para ampliar el número de máquinas y más tecnología.

Globo frágil

Las estimaciones del FMI consideran que Latinoamérica crecerá 5,7% este año, gracias a sus sólidas políticas económicas y los fuertes ingresos por materias primas. El Fondo anticipa que Brazil crecerá 7,5%, Perú 8,3%, Paraguay 9%, Argentina 7,5% y Colombia 4,7%. Al analizar la economía global el Fondo Monetario espera que en 2010 se registre un crecimiento de 4,8% y en 2011 de 4,2%, bajo la advertencia de que la recuperación de Estados Unidos y Europa es frágil.

El impulso de la recuperación mundial "parece ir debilitándose", indica el análisis. El economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, señala que la recuperación tiene fallos graves: no permitió reabsorber el gran déficit comercial de Estados Unidos ni los excedentes de los países asiáticos. La primera economía del mundo, Estados Unidos crecerá 2,6% este año, la zona euro 1,7% y Japón 2,8%. China, la potencia emergente en el globo, se expandirá 10,5% e India 9,7%.
El Universal

Estado tendrá hegemonía en el suministro de insumos agrícolas

Expertos consideran que la expropiación de Agroisleña carece de consistencia legal

El decreto 7.700 publicado en Gaceta Oficial declara que la adquisición forzosa de los bienes "presuntamente propiedad del Grupo Agroisleña C.A. Sucesora de Enrique Fraga Alfonso", se debe es a "un oligopolio en el que el mercado de insumos agrícolas ejerce posición de dominio y competencia desleal en la producción (...) desplazando a las pequeñas y medianas empresas".

Al respecto, el vicepresidente de la República, Elías Jaua, señaló a El Universal que "la nacionalización" de los activos de la empresa tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución de desmantelar los monopolios y oligopolios que existen en la economía "y avanzar hacia diversas formas de propiedad social administradas por el Estado".

Explicó que tras evaluar los elementos que han estado presionando las estructuras de costos del sector agrícola, se determinó que Agroisleña estaba cartelizando los precios e imponiendo estructuras de costos a los productores.

"La medida busca democratizar la economía, ofrecer precios justos y lograr mayores ingresos para nuestros productores. El tema recurrente en las reuniones era el aumento de los insumos", expresó Jaua.

Al pasar los activos del Grupo Agroisleña a manos del Estado, éste concentraría la mayoría del mercado de insumos agrícolas, pues a las 32 agrotiendas socialistas que ya existen se sumarían las 60 sucursales de la empresa espa- ñola, además de silos y otras instalaciones agroproductivas.

A pesar de esto, Jaua dijo que "el Estado no puede ser acusado de monopolio (u oligopolio) porque representa el interés general de la población".

Informó que los establecimientos comerciales de Agroisleña pasarán a formar parte de las Agrotiendas Socialistas.

Así, aseguró que no habrá rectificación de la medida de expropiación, puesto que considera que "no hubo ningún error".

Exhortó a los productores a no tener temor, pues el Estado garantiza el acceso oportuno a los mismos insumos que ofrecía Agroisleña.

El vicepresidente de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Braulio Álvarez, dijo a AVN que la medida está apegada a la ley y que la empresa fue notificada meses atrás de sus delitos ambientales e irregularidad en precios.

La teoría y la práctica

A juicio de los especialistas consultados, las causas por las cuales se decretó la adquisición forzosa de los activos del Grupo Agroisleña carece de consistencia legal, pues en primer lugar el ordenamiento jurídico venezolano no permite que se expropien empresas para que pasen a ser administradas por el propio Estado.

El especialista en Derecho Administrativo y profesor universitario, Luis Herrera Orellana, señala que no se puede acusar a Agroisleña de incurrir en prácticas desleales, de oligopolio, porque actualmente existen organismos encargados de velar porque no se ejecute este tipo de irregularidades, como Procompetencia e Indepabis.

Incurrir en prácticas de oligopolios o de posición de dominio no son causas de expropiación porque ninguno de los dos están tipificados como ilícitos económicos, por lo que no pueden ser causal de expropiación.

Por su parte, Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria dijo que al sector le preocupa que el Gobierno expropie empresas privadas sin cumplir con los procedimientos de Ley, como es la declaración de utilidad pública vía decreto, la sentencia de un juez y posteriormente la indemnización.

Considera que existe una Ley antimonopolio así como organismos como Procompetencia que se encargan de vigilar este tipo de prácticas, a los que el Estado pudo acudir antes del decreto de expropiación.

"Se están buscando argumentos para seguir tomando el control de empresas privadas, aumentando el control del Estado, y los venezolanos somos los que vamos a padecer las consecuencias", dijo Larrazábal.

Los antecedentes

El Estado ha aplicado anteriormente procesos de expropiación en condiciones similares a las del decreto de Agroisleña. Tales son los casos de la planta de arroz de Cargil de Venezuela; las torrefactoras Fama de América y Café Madrid acusadas de posición de dominio; los hipermercados Éxito por presunto remarcaje de precios.

A partir de la ejecución de estas medidas, el Estado se ha adjudicado buena parte de los espacios que ocupaban estas empresas en el mercado.

En el caso del café domina el mercado con 70% de la producción; en harina de maíz 48%, en azúcar 40%; y ahora con la confiscación de Agroisleña tendrá más de 70% de la distribución de insumos agrícolas.

El Universal

Chávez cierra el cerco al sector productivo nacional

El socialismo agrario apunta al "control total de toda actividad productiva"

Tras el estratégico receso político y social previo a las elecciones legislativas, el presidente Hugo Chávez y el resto del Ejecutivo nacional reanudaron la progresiva toma de todos los eslabones del sector productivo agrícola nacional, en el marco del "socialismo agrario".

La orden presidencial de expropiación de la empresa Agro-isleña, que suministra insumos productivos a aproximadamente 60% del sector agrícola nacional, es el segundo paso de una nueva ofensiva gubernamental para controlar el sector agrícola productivo, después de la aprobación de la segunda reforma a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en mayo.

El Plan de la Nación 2007-2013, llamado Primer Proyecto Nacional Socialista Simón Bolívar, establece claramente que "el Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país".

De concretar la toma de Agroisleña, el Gobierno se aseguraría un eslabón fundamental en la actividad del campo, que maneja unas 2.500 hectáreas de tierras, tiene 60 agencias y puntos de venta en 20 estados del país y reporta créditos para unos 18.000 productores del país.

Se sumaría esta pieza al rompecabezas del socialismo productivo que ya maneja 2,9 millones de hectáreas (con fundos ejemplares como La Marqueseña, El Frío, El Charcote, San Pablo Paeño, etc, aunque muchos en situación improductiva), y empresas de transformación agroindustrial que fueron privadas como Industrias Diana, Lácteos Los Andes, Sardinas La Gaviota, Monaca, mataderos como Fribarsa o Fricapeca, las torrefactoras Café Madrid y Fama de América, centrales azucareros como Cariaco; o las empresas de cereales Venarroz, Proarepa y Nutrico.

Y en la concepción de la economía socialista, el consumo justo o necesario es la premisa fundamental. Por ello también es primordial el control de estructuras de distribución y comercialización, y ahí juegan su papel los esquemas de logística y venta como Friosa, Cada, Éxito, Cealco o la empresa de transporte ATC, todas asimiladas o integradas con los abastos Bicentenarios, y de la mano con Pdval y Mercal.

Empezando por las tierras

El Gobierno ha centrado el desarrollo rural integral en la "lucha contra el latifundio", fenómeno al que responsabiliza de la incapacidad de Venezuela de cubrir su consumo en rubros básicos como café, maíz, leche, azúcar o carne, así como de la pobreza de los campesinos.

Desde enero de 2005, cuando se iniciaron las intervenciones de tierras y fincas, el Gobierno ha tomado cerca de 2,9 millones de hectáreas calificadas como "ociosas o improductivas". Y este domingo, el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, detallaba al presidente Chávez que en octubre se tomarán 250.000 hectáreas y en noviembre otras 500.000 hectáreas de tierras, que sumarían 750.000 hectáreas o casi 26% de los predios que el Gobierno ha intervenido en el lapso 2005-2010.

Como resultado, en el período 2004-2008, de amplio "rescate de tierras", el PIB agrícola privado creció apenas 3,7%, según el BCV.

El Universal

Han sido insuficientes planes de emergencia de vivienda

En varias ocasiones el Gobierno ha anunciado medidas excepcionales

Para dar respuesta a las personas que han resultado damnificadas por las lluvias que se registran en todo el país, el presidente Chávez anunció un "plan de emergencia de construcción de viviendas" al que le destinará recursos por el orden de 1.500 millones de dólares. Pero esta no es la primera vez que el primer mandatario nacional decreta una emergencia para solucionar el problema habitacional del país.

Varias veces el presidente Chávez ha reconocido la necesidad de impulsar la construcción de viviendas en el país, y se ha planteado diferentes métodos para alcanzar su objetivo; sin embargo, hasta ahora ninguno de los planes ha dado los resultados esperados.

Las cifras oficiales demuestran que la construcción de viviendas por parte del sector público ha venido cayendo en los últimos años. En el primer semestre de 2007 el Gobierno elaboró 13.452 soluciones habitacionales, mientras que este año la cifra llega a 4.760 viviendas en el mismo período.

Recordando viejos tiempos
La declaración de emergencia hecha por el Presidente el pasado sábado constituiría el quinto anuncio gubernamental en el que se toman medidas especiales para construir soluciones habitacionales.

En el año 2000 el Ejecutivo decretó una emergencia por la situación que se registró en el estado Vargas. Para ese período se programó la construcción de más de 99.000 viviendas, pero de esa cantidad solamente se terminó el 64% en un plazo de año y medio.

Luego, en el 2001, el Gobierno decidió realizar adjudicaciones directas para la realización de soluciones habitacionales; el procedimiento se justificaba, porque 70% de los recursos para el sector estaban por la vía de la Ley de Endeudamiento. De las 48.000 unidades que se programaron, solamente se terminaron 25.000.

En noviembre de 2005 el Ministerio de la Vivienda hizo un decreto de emergencia con el objetivo de realizar 8.411 unidades, pero se terminaron 1.826 soluciones (22% del total). Para efectuar esas viviendas se programaron recursos por Bs 247 millones. Cinco meses más tarde, ante la lentitud en la ejecución de las casas, el Gobierno decretó otra emergencia. El objetivo era permitir las importaciones de insumos y realizar expropiaciones de terrenos para la construcción.

De todos los modelos
Desde el aumento de recursos financieros, hasta la firma de acuerdos internacionales y la expropiación de empresas relacionadas con el sector construcción, el Gobierno ha buscado distintas alternativas para aumentar el número de viviendas; sin embargo, aún no ha alcanzado las metas previstas.

En materia de acuerdos internacionales, Venezuela ha firmado convenios con Irán, Belarús, Brasil, China y Uruguay. Con este último el pacto era desarrollar el proyecto de Petrocasas para atender casos de emergencia, pero las expectativas no se han completado.

El Gobierno también se ha propuesto cambiar el modelo de convivencia y crear ciudades socialistas que incluyen, además de la vivienda, centros educativos, de salud y productivos, pero los proyectos se han quedado a medias.

En el presupuesto de este año destinado a este tema, el Gobierno priorizó la construcción de las ciudades socialistas y el plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor que se concentra en la reparación de las viviendas.

El Universal

Después de años de contratación irresponsable de deuda pública, se dispara el monto de su servicio

Eventualmente, no podremos pagarla.

El aumento que ha registrado el endeudamiento en los últimos años para cubrir el gasto ordinario tendrá impacto en los pagos a futuro de la República y se tendrán que comprometer más recursos de los presupuestos en el servicio de deuda. Según las cifras que se manejan en el despacho de las finanzas públicas, entre la segunda mitad de 2010 y el 2011 el servicio de la deuda pública total (capital e intereses) ascenderá a 18 millardos de dólares, y el mayor peso lo representará la deuda interna.

Entre este ejercicio y el próximo se tendrán que atender en deuda externa 7,9 millardos de dólares y en deuda interna se deberán cubrir más de 10 millardos de dólares. Los datos de Finanzas señalan que en esta segunda mitad de 2010, el servicio total está previsto en 7,9 millardos de bolívares, de ese monto corresponden a deuda externa 3,2 millardos de dólares y a deuda interna 4,6 millardos de dólares, según reportó el diario El Universal.

Para el próximo año, el servicio total se ubicará en 10 millardos de dólares, siendo la deuda externa 4,6 millardos de dólares y la deuda interna 5,4 millardos de dólares. Los mayores pagos de deuda interna en gran medida se deben a que las emisiones que se realizaron el pasado año tenían vencimientos entre 2011 y 2012.

Cuando se registró la caída de los ingresos petroleros en el primer trimestre del año, el Gobierno tomó la decisión de compensar la merma de fondos con endeudamiento. Se realizó un reajuste de la Ley Paraguas y se incrementó el endeudamiento de 12 millardos de bolívares a 35 millardos de bolívares. En ese momento, la mayor parte de las colocaciones se efectuaron en el mercado interno y fueron de corto plazo. Esa tendencia se mantuvo este año, debido a que ante la menor participación de los ingresos petroleros en el gasto se decidió compensar con el incremento del endeudamiento.

La deuda total del Gobierno central, de acuerdo a las cifras que maneja el despacho de las finanzas públicas, hasta el 30 de junio estaba en 64,1 millardos de dólares, cuando al cierre de 2009 se encontraba en 59,1 millardos de dólares.

La deuda interna se ubicó en 29,2 millardos de dólares. Los datos señalan que en moneda nacional la deuda interna terminó en 76 millardos de bolívares, pero por el ajuste cambiario realizado el pasado mes de enero el peso de las obligaciones internas se redujeron.

Al término de la primera mitad del año, el saldo de la deuda externa fue 34,6 millardos de dólares, mientras que al cierre de 2009 se encontraba en 35 millardos de dólares. El pasado mes de agosto, el Ejecutivo nacional realizó el pago de vencimientos de deuda externa por 1,5 millardos de dólares.

La Patilla.com